Tras la derrota electoral, el justicialismo impulsa un inédito proceso de autocrítica y construcción programática. Líderes de todos los sectores confluyeron en un texto de 400 páginas que aborda desde la deuda con el FMI hasta una reforma tributaria, buscando trazar un horizonte de crecimiento productivo y federal.
Un silencio incómodo, tras la contundente derrota del 26 de octubre, dio paso a un murmullo que fue creciendo hasta convertirse en un debate estructurado. Desde el mes de mayo, más de ochenta profesionales, economistas y referentes de las más diversas vertientes del peronismo –en un arco que se extiende desde Juan Grabois hasta Sergio Massa, incluyendo a técnicos ligados a la provincia de Buenos Aires– han participado de una serie de encuentros en la Comisión de Economía del Partido Justicialista. El objetivo era claro: presentar, discutir y amalgamar contribuciones para esbozar una hoja de ruta económica alternativa.
Fruto de esa coordinación, nació un extenso documento de cuatrocientas páginas que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner definió como un compendio de “consideraciones y propuestas sobre un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI”. La iniciativa, elaborada a partir de un mosaico de aportes, no aspira a ser la síntesis única de todas las miradas dentro del espacio, sino a reactivar una discusión que una porción significativa del movimiento venía exigiendo. La premisa que gana terreno es contundente: el campo nacional y popular no puede limitarse a una oposición frontal al gobierno de Javier Milei, sino que requiere de una autoevaluación profunda y la edificación de un programa propio y creíble.
En este sentido, la propia CFK ha dejado en claro su postura sobre algunos de los temas más complejos, como la crítica situación de la deuda externa. Ha señalado la imperiosa necesidad de renegociar por consenso la porción de la deuda con el Fondo Monetario Internacional que superó el límite legal autorizado para la Argentina, un monto que ronda los 19.000 millones de dólares. El análisis del texto también se sumerge en las dinámicas de una economía bimonetaria, subrayando la urgencia de regular la fuga de capitales. Paralelamente, recoge el consenso sobre la importancia de fortalecer la moneda nacional a través de la acumulación de reservas, la diversificación de la matriz exportadora y la ejecución de obras de infraestructura que dinamicen la competitividad del país.
Otra arista fundamental que incorpora el material en discusión es la revisión integral del sistema tributario. Se postula una unificación y simplificación de los impuestos, con especial foco en aliviar la carga que soportan las pequeñas y medianas empresas. El documento interpela directamente sobre la manera de equilibrar la competencia con los grandes conglomerados corporativos, que en la actualidad se benefician con una multitud de exenciones. En sintonía con los debates que se dan a nivel global, se sugiere la implementación de un impuesto mínimo global para estas grandes compañías, que hoy tributan menos del tres por ciento de sus ganancias.
La perspectiva federal es otro de los pilares del proyecto. Se propone una revisión del mecanismo de coparticipación de fondos entre la Nación y las provincias, mediante una reingeniería total del sistema recaudatorio. Esto incluiría la creación de una ventanilla única para ordenar los recursos y un mecanismo de fiscalización robusto, cuya concreción demandaría acuerdos específicos con cada una de las jurisdicciones.
Trascendiendo los detalles técnicos, el documento encierra objetivos de largo alcance. Se enfatiza la reconstrucción del dañado entramado productivo y social en todo el territorio nacional. Se aboga por impulsar una matriz productiva federal, cimentada en el valor agregado, la innovación y la tecnología. El aumento de la productividad debe ir de la mano de una distribución del ingreso más equitativa, fortaleciendo el mercado interno y garantizando que los frutos del crecimiento económico efectivamente lleguen a la población. Finalmente, se promueve un desarrollo territorial justo que preserve y potencie las capacidades distintivas de cada provincia y región. Este texto, así, se erige como el primer borrador de una respuesta peronista a la crisis actual.
