Guillermo Barrios y Marcela Parra, referentes en el cultivo solidario de cannabis medicinal, enfrentan una profunda conmoción tras un violento robo que arrasó con su producción, dejando en jaque a cientos de pacientes que dependen de sus tratamientos.
Guillermo Barrios y Marcela Parra, reconocidos por su incansable labor en el cultivo solidario de cannabis con fines medicinales, atraviesan un momento de desolación tras sufrir un brutal asalto que ha dejado su huerta completamente devastada. El suceso, registrado el viernes pasado, no solo causó daños materiales irreparables, sino que también sembró inquietud entre la comunidad que confía en sus productos para aliviar dolencias crónicas.
Al retornar a su vivienda, Barrios se encontró con una escena desgarradora: uno de sus canes yacía malherido y el lugar presentaba un panorama de caos y destrucción. “Uno de los perros había logrado escapar, mientras que el otro estaba tendido en el suelo, con visibles signos de maltrato”, relató con angustia Barrios en una entrevista. Agregó que los intrusos destrozaron las instalaciones, arrancaron el sistema de cámaras de seguridad y forzaron las puertas de acceso.
Este espacio de cultivo, sostenido con enorme dedicación a lo largo de varios años, es la base para la elaboración de aceites medicinales que benefician a más de trescientos cincuenta personas en la zona, además de casi doscientos animales bajo tratamiento veterinario. Marcela Parra detalló que la mayoría de estos pacientes son adultos mayores o niños que padecen condiciones complejas, como trastorno por déficit de atención con hiperactividad o fibrosis quística, y encuentran en esta alternativa un alivio que la medicina tradicional no les ofrece.
Entre lo sustraído, figuran dieciocho plantas fundamentales para la producción de los aceites que cubren la demanda de los afectados. “Una de las especies robadas era la de mayor requerimiento terapéutico”, explicó Parra, quien además mencionó que, debido a la falta de condiciones de seguridad tras el ataque, no pueden trasladar los ejemplares restantes.
Ante esta crítica situación, ambos cultivadores hicieron un llamado desesperado a las autoridades competentes. “Es imperioso que el Ministerio de Salud y otros organismos comprendan que la salud pública en Tierra del Fuego está comprometida. Muchas de estas personas carecen de cobertura social y hallan en la terapia cannábica una respuesta efectiva frente a tratamientos convencionales fallidos”, enfatizó Barrios.
Si bien la policía intervino con prontitud, las órdenes de allanamiento necesarias para avanzar en la investigación aún no han sido autorizadas. “Aguardamos que la justicia tome cartas en el asunto. No podemos permanecer impasibles mientras nuestros pacientes padecen las consecuencias”, manifestó Parra con visible preocupación.
Más allá de las repercusiones legales, Barrios expresó su deseo de entablar un diálogo con los responsables del ataque, no solo en busca de reparación, sino también de comprender los motivos detrás de un acto que consideró despiadado. “Anhelo confrontar a quien lastimó a mis animales. Necesito conocer qué lo impulsó a cometer semejante daño”, concluyó, reflejando una mezcla de dolor y determinación.
