Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, emergió como la voz disonante de una reunión clave del Consejo de Mayo. Tras un encuentro áspero con el ministro Sturzenegger, advirtió que la central obrera no aceptará la «modernización laboral» y no descartó medidas de fuerza, en un clima de creciente polarización.
Un gesto adusto en medio de sonrisas protocolares bastó para graficar el clima de desencuentro. Gerardo Martínez, representante de la CGT, fue el único en negar su rostro a la foto oficial tras la reunión del Consejo de Mayo en la Casa Rosada, su expresión seria se erigió como el testimonio más elocuente de un diálogo fracturado. La propuesta gubernamental de «modernización laboral», lejos de ser percibida como una actualización, fue catalogada por el gremialista como un plan sistemático para la demolición de los derechos de los trabajadores.
Al finalizar el encuentro, Martínez no ahorró calificativos. “Hablar de una reforma laboral en un contexto como el actual, donde se procede al desmantelamiento de conquistas históricas, me resulta insólito e inédito. La CGT, bajo ninguna circunstancia, va a aceptarlo”, declaró con firmeza. Aunque se comprometió a elevar un informe exhaustivo a la conducción de la central obrera, dejó en claro que la posibilidad de una confrontación abierta está sobre la mesa si sus argumentos continúan siendo ignorados.
Las tratativas distaron de ser amables. Las fuentes coincidieron en describir una atmósfera cargada de tensiones. La frustración llevó a Martínez a una reunión inmediata y privada con el asesor presidencial Santiago Caputo. Sin embargo, esa gestión no arrojó señales alentadoras. El mensaje del sindicalista fue contundente: ninguno de los puntos esbozados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, resulta aceptable para el movimiento obrero organizado.
Los ejes de la reforma, según lo expuesto, preocupan profundamente a la CGT. Se intenta vulnerar un principio fundamental: la vigencia indefinida de los convenios colectivos hasta que sean suplantados por otros. Paralelamente, se busca priorizar los acuerdos por empresa por encima de los convenios por rama, lo que debilitaría el piso salarial general y fragmentaría la negociación. Otra iniciativa polémica es la aplicación de un criterio de regresividad, permitiendo que nuevos convenios recorten derechos, en lugar de ampliarlos, como establece la tradición jurídica nacional.
El malestar no termina allí. El proyecto oficial también incluiría una reducción forzosa de la representación sindical en los lugares de trabajo, una modificación de las licencias médicas que recortaría los haberes durante la enfermedad, y un sistema que perjudica la antigüedad del trabajador, haciendo que esta se reinicie con cada renovación contractual.
Pese a la extensa exposición, los detalles no fueron plasmados en un documento formal. Los demás integrantes del Consejo –el gobernador Alfredo Cornejo, la senadora Carolina Losada, el diputado Cristian Ritondo y el industrial Martín Rappallini– abandonaron la Rosada sin un texto escrito que respaldara lo discutido. “Desconocemos cuál es la letra concreta del proyecto”, admitió Martínez, subrayando el carácter meramente consultivo del espacio.
La sensación del líder sindical al retirarse fue la de una intransigencia absoluta por parte del oficialismo. Los equipos libertarios se mostraron seguros, con la convicción de que nada puede detener su agenda. Ante la consulta de un periodista sobre la posibilidad de un paro, la respuesta de Martínez fue un “Sí” inmediato y categórico.
Frente a este escenario de forcejeo, la CGT ya activa una estrategia de ampliación política. Buscará tender puentes con sectores empresarios, particularmente con las PYMES, con quienes ya mantuvo diálogos preliminares que describen como “positivos”. La experiencia de su lucha contra el capítulo laboral del DNU 70/2023, que culminó con un amparo judicial exitoso, sirve como un antecedente alentador. No obstante, el panorama legislativo será distinto a partir del 10 de diciembre, y el gobierno planea enviar el proyecto justo en la antesala de ese cambio, en un gesto que busca marcar un nuevo equilibrio de poder.
Martínez, sin embargo, aseguró que no claudicarán. “Están en juego derechos individuales y colectivos. No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, sentenció, preparando el terreno para un debate social de gran intensidad que parece inevitable.
