Tras una década de litigio, la justicia se apresta a dar su veredicto sobre dos galenos acusados por la muerte de un recién nacido. La defensa alega la imprevisibilidad del trágico desenlace, mientras el tribunal se toma un tiempo para la deliberación final.
El palacio de tribunales de Río Grande fue escenario este viernes de la culminación de los alegatos en un juicio que mantiene en vilo a la comunidad médica y a la opinión pública: el seguido a una ginecóloga y un obstetra, imputados por homicidio culposo a raíz del fallecimiento de un recién nacido en una clínica privada, un suceso que se remonta a 2015. Con el peso de una década sobre sus espaldas, las partes enfrentadas expusieron sus conclusiones finales ante un tribunal que ahora delibera.
El Dr. Francisco Ibarra, voz de la defensa, presentó una argumentación firme y fundamentada para solicitar la absolución plena de los profesionales. Su línea central se sostuvo en la naturaleza súbita e impredecible de la complicación que acabó con la vida del bebé, una vasculopatía fetal trombótica. Frente a los jueces Pedro Fernández, Horacio Boccardo y Fernando González, Ibarra subrayó que no existió omisión o negligencia en el accionar de sus asistidos, sino que se enfrentaron a un evento agudo y excepcional, carente de antecedentes en el historial de la madre.
En un contrapunto legal que refleja la profunda grieta abierta por la tragedia, la posición de la defensa chocó frontalmente con el pedido de la querella. El abogado José Velazco, representando a la familia afectada, exigió para los acusados una condena de cinco años de prisión efectiva, acompañada de una década de inhabilitación profesional. Este cuadro se complejiza aún más con las solicitudes civiles, donde la clínica y su aseguradora médica pugnaron por el rechazo de una demanda que reclama una indemnización millonaria, al tiempo que la Fiscalía, en una postura intermedia, se inclinó también por la absolución de los galenos.
En diálogo con la prensa, el Dr. Ibarra se explayó sobre los fundamentos de su defensa. “Nos encontramos ante una vasculopatía de aparición brusca, que no se manifestaba con anterioridad. La paciente era una mujer joven y sin patologías que permitieran siquiera sospechar esta posibilidad. Se trata de una complicación específica de la placenta, afortunadamente infrecuente”, detalló. El letrado recalcó un punto crucial: la unanimidad de los peritos en señalar la imposibilidad de prever un desenlace tan lamentable.
Con sensibilidad, Ibarra se refirió al dolor invariable de la familia. “Comprendo el sufrimiento de estos padres; como padre yo mismo, he transitado la experiencia de un nacimiento. No obstante, es imperioso reconocer que la medicina no es una ciencia exacta y que existen eventos que, por más trágicos que resulten, escapan a cualquier control”, afirmó, trazando una línea divisoria entre la fatalidad y la responsabilidad penal.
Más allá de los hechos médicos, el abogado dirigió una crítica severa al sistema judicial, al que calificó de obsoleto. “Resulta inadmisible que un proceso de esta naturaleza se prolongue durante tantos años. Urge avanzar hacia mecanismos más ágiles que permitan resolver estos conflictos en plazos razonables, tanto para las familias como para los profesionales involucrados”, sostuvo, señalando el desgaste que genera la dilatación temporal, aunque aclaró que este factor no altera la evidencia objetiva vinculada a las causas médicas del deceso.
El Tribunal, tras escuchar las posturas finales, decretó un cuarto intermedio, fijando el 11 de diciembre a las 9.30 horas como la fecha decisiva. En esa audiencia, los médicos imputados ejercerán su derecho a la última palabra ante los jueces. Inmediatamente después, se espera que el veredicto final sea dado a conocer, poniendo punto final a un capítulo judicial que ha marcado una década, mientras la sombra de la duda y la búsqueda de justicia permanecen suspendidas en la sala.
