Roger Grant, imputado en la causa de la ANDIS, declaró ante el juzgado que cumplía órdenes directas de su jefe, Daniel Garbellini. Mientras, la defensa de Diego Spagnuolo busca invalidar los audios clave con un peritaje privado que sugiere ediciones, aunque no niega que sea su voz.
Un nuevo capítulo se desarrolló este lunes en la compleja investigación por presuntas maniobras corruptas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Mientras el exinterventor Diego Spagnuolo intentaba, mediante un peritaje técnico privado, desacreditar los polémicos audios en los que se lo escucha describir un sistema de repartos, en los tribunales de Comodoro Py avanzaba el testimonio de un hombre considerado clave para desentrañar el mecanismo interno del organismo.
Se trata de Roger Edgar Grant, un exfuncionario que, al aceptar responder preguntas del juez y el fiscal, se convirtió en el primero en quebrar un pacto de silencio que parecía imperar entre los involucrados. Su declaración fortalece la hipótesis central del fiscal Franco Picardi: la adjudicación de compras de medicamentos de alto costo a un reducido grupo de droguerías estaba totalmente direccionada, con pagos y sobreprecios pactados de antemano.
En un intento por delimitar su responsabilidad, Grant apuntó directamente hacia quien era su superior jerárquico, Daniel Garbellini, extitular del área de Acceso a los Servicios de Salud. Según relató a los investigadores, él se limitaba a ejecutar las instrucciones específicas que recibía de Garbellini, incluyendo la determinación de qué empresas serían invitadas a cotizar y cuáles resultarían adjudicatarias. La fiscalía ya lo había señalado, a partir del análisis de chats y mensajes, como el ejecutor material de las operaciones, quien manejaba los tiempos y los altas en el sistema para favorecer a ciertas firmas.
Los diálogos incorporados a la causa son elocuentes. En uno de ellos, Garbellini le ordena dar de alta a una droguería específica en el sistema, a lo que Grant responde confirmando la acción y detallando los pasos administrativos seguidos. En otra conversación, el ahora declarante informa a su jefe sobre el estado de las llamadas «compulsas especiales», un procedimiento que, según la investigación, estaba amañado para beneficiar únicamente a cuatro empresas: Génesis S.A., Profarma S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A.
La figura del lobista Miguel Ángel Calvete, vinculado a múltiples droguerías y a ambos exfuncionarios, también atravesó la declaración. Grant admitió que fue el propio Garbellini quien se lo presentó. Calvete aparece en los cuadernos incautados al empresario con anotaciones que refieren a llamados para consultar precios con Roger Grant.
Mientras la ronda de indagatorias avanza –con declaraciones pendientes de otros exfuncionarios y empresarios–, la defensa de Diego Spagnuolo libró una batalla paralela para descartar las grabaciones que originaron la denuncia. Su abogado presentó un peritaje encargado a una firma española que sostiene que los audios presentan cortes y características compatibles con una edición posterior. El informe incluso menciona la posible presencia de «voz sintética generada mediante inteligencia artificial» en un segmento, aunque admite que la falta de contexto completo impide una determinación final. Sin embargo, el estudio no afirma que la voz no sea de Spagnuolo, un punto crucial que debilita la estrategia de la defensa.
Cabe destacar que el fiscal Picardi, en su extenso requerimiento de indagatorias, no basó su caso exclusivamente en esos audios, sino en un voluminoso cuerpo de pruebas que incluye documentos, mensajes electrónicos recuperados –incluso de dispositivos borrados– y análisis de transferencias bancarias. La discusión sobre la validez de las escuchas se encuentra ante la Cámara Federal, pero el testimonio de Grant y la documentación acumulada parecen haber dado a la investigación una solidez que trasciende el debate sobre el origen de las grabaciones. La pesquisa avanza, y el silencio en el corazón de la ANDIS comenzó a resquebrajarse.
