En su despedida, la ministra de Seguridad presentó un proyecto que endurece las condenas y busca eliminar la prescripción de crímenes graves, en una iniciativa que ya genera controversia por su posible impacto en delitos de género.
Con la inminencia de su partida de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich protagonizó este lunes un anuncio de amplias repercusiones en la sede gubernamental. Acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por quienes integrarán la nueva cúpula del área, la ministra desveló los lineamientos centrales de una reforma integral del Código Penal que será remitida al Parlamento en un plazo inmediato. La iniciativa, redactada en conjunto con la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, aspira a ser debatida durante el período de sesiones extraordinarias.
En declaraciones formuladas desde la Casa Rosada, Bullrich fundamentó la propuesta en la necesidad de poner fin a lo que describió como una “doctrina zafaronista”, un término con el cual alude a una interpretación jurídica que, a su juicio, ha priorizado en exceso la condición del infractor por encima de la de las víctimas. El núcleo del proyecto reside en el incremento generalizado de las penas previstas para una amplia gama de ilícitos, abarcando desde los delitos contra la propiedad hasta las agresiones sexuales y los homicidios.
Uno de los aspectos más destacados del texto es la introducción de la imprescriptibilidad para los crímenes considerados graves, un cambio sustancial que permitiría la persecución penal indefinida en el tiempo. No obstante, fuentes allegadas al ministerio, en conversaciones extraoficiales, han revelado que entre los puntos que se evalúan figura también la posible eliminación de la figura específica del femicidio, un elemento que podría suscitar intensos debates en el ámbito legislativo y en la sociedad civil.
La presentación contó con la presencia de Alejandra Monteoliva, quien asumirá formalmente la conducción del ministerio este martes al mediodía, señalando una continuidad en la aplicación de estas políticas. Con este movimiento final, Bullrich no solo consolida su legado en materia de seguridad, sino que plantea una profunda reorientación del paradigma punitivo en la Argentina, cuyas consecuencias jurídicas y sociales comenzarán a dilucidarse en el recinto parlamentario en las próximas semanas.
