La CGT busca establecer límites infranqueables en el debate parlamentario, anticipándose a la presentación formal del proyecto oficial. Gobiernos provinciales emergen como actores clave en el equilibrio de fuerzas del Congreso.
En una jugada estratégica para ampliar su margen de maniobra legislativa, la conducción tripartita de la Confederación General del Trabajo (CGT) mantuvo un encuentro reservado con un núcleo de mandatarios provinciales que lideran el bloque Provincias Unidas en el Congreso. El objetivo central de la central obrera es construir una barrera de contención que mitigue el avance de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, cuya letra definitiva aún no se ha dado a conocer públicamente.
La reunión, celebrada este mediodía en una de las sedes provinciales de la Ciudad de Buenos Aires, congregó a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Desde el sindicalismo, se buscó trazar una línea roja de principios considerados intocables durante el futuro debate parlamentario, entre los cuales se destaca, de manera prioritaria, la defensa del concepto de ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo.
Esta movida se enmarca en un escenario político transformado tras las elecciones de octubre, donde la recomposición de las bancadas otorga una posición de ventaja numérica al oficialismo en la Cámara de Diputados. Consciente de esta nueva realidad, la CGT apuesta a tejer alianzas transversales con otras fuerzas políticas para compensar la pérdida de peso específico de su bloque aliado tradicional. En este contexto, los gobernadores se perfilan como árbitros decisivos en la suerte de la iniciativa. Un informe de la consultora La Sastrería cuantifica su influencia: el bloque Provincias Unidas contará con 22 diputados y 12 senadores, una masa crítica con capacidad para inclinar la balanza en discusiones clave.
Preocupación y Cuestionamientos desde la CGT
Al ser consultados sobre el proyecto gubernamental, los cosecretarios generales de la CGT expresaron una crítica unánime y enfatizaron la ausencia de diálogo genuino. Cristian Jerónimo, quien también preside el Sindicato del Vidrio (SEIVARA), sostuvo con firmeza que la central obrera no acompañará “ninguna reforma que signifique un retroceso” mientras el Poder Ejecutivo no convoque un espacio de negociación real con los representantes de los trabajadores.
Jerónimo reveló que la información con la que cuentan proviene de “estudios jurídicos vinculados al sector empresario”, que calificó de “completamente regresivos”. En contrapartida, reivindicó el sistema de convenios colectivos como una herramienta probada y eficaz, citando como ejemplos los acuerdos logrados en los sectores petrolero y automotriz.
Eco de ese malestar, Jorge Sola, dirigente del Sindicato del Seguro, denunció que todo lo conocido hasta el momento sobre la reforma se basa en “versiones extraoficiales”. Criticó severamente la metodología del gobierno: “Haber ganado una elección no te habilita a avanzar sin límites”, afirmó en declaraciones a Futurock. Sola amplió que, tras el último Consejo Directivo de la CGT, se exteriorizó una “profunda preocupación por una reforma marcada por un fuerte sesgo ideológico y escaso pragmatismo”. Para el dirigente, la prioridad debería ser una reforma impositiva integral, dejando para una etapa posterior cualquier modernización de la legislación laboral.
La pulseada queda así instalada. Mientras el gobierno prepara el envío formal de su proyecto, la CGT activa sus resortes políticos para negociar desde la trinchera parlamentaria, intentando frenar lo que define como una iniciativa regresiva. El desenlace dependerá, en gran medida, de la solidez de los acuerdos que logre construir con las provincias en un Congreso de signo cambiante.
