La administración de Milei impuso un aumento escalonado hasta agosto de 2026, rechazado por la CGT por «insuficiente y alejado de la realidad». El ajuste queda muy por detrás de la inflación proyectada y hunde al país al último puesto regional, impactando también en jubilaciones y planes sociales.
En un nuevo capítulo de tensión con el movimiento sindical, el Gobierno nacional decidió establecer por decreto y de manera unilateral el valor del salario mínimo, vital y móvil para los próximos diez meses, tras otro fracaso en la mesa de negociación paritaria. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante la Resolución 9/2025, consolida un esquema de incrementos que se ubica sistemáticamente por detrás de la escalada de precios, profundizando así la erosión en la capacidad de compra de los trabajadores acumulada desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.
El anuncio oficial se produjo luego de una sesión del Consejo del Salario sin acuerdo entre las partes, celebrada el pasado 26 de noviembre. El acta de aquella reunión dejó constancia de la profunda brecha entre las posiciones: mientras los representantes gremiales presentaron una propuesta de recomposición salarial sustancial, los empleadores insistieron en alzas mínimas. Ante el estancamiento, el Ejecutivo resolvió imponer un aumento que se sitúa apenas por encima de la oferta empresarial, alejándose drásticamente del reclamo obrero.
El cronograma establecido determina que la remuneración base pasará de los 322.200 pesos de octubre a 334.800 en diciembre, para alcanzar finalmente los 376.600 pesos en agosto de 2026. Este recorrido implica una suba total del 16,8 por ciento en diez meses, con incrementos mensuales que apenas superan el uno por ciento. Para los analistas, este ritmo de actualización es claramente inferior a las proyecciones inflacionarias para el mismo período, lo que garantiza una nueva caída en los ingresos reales.
La decisión gubernamental impacta de manera directa sobre millones de asalariados registrados y, además, define los montos de una serie de prestaciones sociales, jubilaciones mínimas y el seguro por desempleo, que toman este valor como referencia. De este modo, el deterioro se extiende más allá del mercado laboral formal, afectando a sectores ya vulnerabilizados.
La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó con dureza el nuevo piso salarial, calificándolo de “insuficiente y desconectado de la realidad”. La central obrera destacó que el valor de 328.400 pesos vigente desde noviembre queda “incompatible con una vida digna”, al representar menos de un tercio de la Canasta Básica Total. Para los gremios, el Gobierno ha consolidado un patrón de intervención unilateral que anula la negociación colectiva y desoye el deterioro social.
Los números reflejan un retroceso alarmante. Según cálculos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET, el salario mínimo acumula una pérdida real del 35 por ciento desde noviembre de 2023. Medido en dólares, la situación es aún más elocuente: un informe reciente del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) sitúa a la Argentina en el puesto 15 entre los países de la región, con un ingreso mínimo que equivale a 225 dólares, muy lejos de los 729 dólares de Costa Rica, que lidera el ranking. Hace una década, el país se encontraba entre los primeros puestos.
Desde la órbita política también llegaron críticas. Carlos Castagneto, ex titular de la AFIP, aseguró que el laudo oficial llevó el salario mínimo “al valor real más bajo en treinta años”, con una pérdida superior al 60 por ciento de su poder adquisitivo desde fines de 2023. En sintonía, el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, señaló que el incremento definido “no recupera nada de lo perdido” y que el Gobierno acompañó abiertamente la postura del sector empresario, fijando un valor que en términos reales será de aproximadamente 320.000 pesos para abril de 2026, muy lejos de los 497.000 que hubieran significado recuperar el nivel de 2023.
Este nuevo capítulo deja al descubierto la profundización de una crisis en los ingresos populares. En un contexto donde servicios esenciales como el transporte y las tarifas energéticas han registrado alzas de entre el 234 y el 846 por ciento desde diciembre pasado, el salario mínimo sólo se ha incrementado un 79 por ciento en el mismo lapso. La brecha entre precios y bolsillos se ensancha, y con ella, se agudizan los indicadores de pobreza y exclusión, configurando un escenario de desmejora social que parece lejos de encontrar un punto de inflexión.
