El Presidente Milei fijará por decreto un período concentrado de trabajo parlamentario desde el 10 al 30 de diciembre. La ofensiva legal buscará aprobar el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas estructurales, en medio de una compleja negociación con las provincias por fondos y apoyo político.
El Poder Ejecutivo Nacional prepara el decreto que dará inicio a un intenso período de sesiones extraordinarias en el Congreso, el cual se desarrollará entre el 10 y el 30 de diciembre. El anuncio fue formalizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien detalló un temario ambicioso y de gran alcance para estas tres semanas de actividad legislativa.
La agenda oficial prioriza la sanción de la ley de Presupuesto para el año 2026, que ya cuenta con dictamen de la Cámara de Diputados y se encuentra en condiciones de ser debatido. El proyecto elaborado por el equipo económico del Presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo se basa en proyecciones que anticipan una inflación del 10,1% para el próximo año, una estimación que contrasta con el índice acumulado actual, y establece un tipo de cambio oficial de $1423 por dólar.
Junto a la crucial ley de recursos y gastos, el Gobierno incluirá en la convocatoria otros proyectos emblemáticos. Entre ellos destaca la denominada ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que tiene como objetivo principal incentivar la declaración de capitales no registrados, en lo que las autoridades han descrito como un esfuerzo por regularizar los “ahorros en dólares fuera del sistema bancario”. Este texto, al igual que el llamado “compensión nacional para la estabilidad fiscal y monetaria”, ingresaría por la Cámara baja.
Por su parte, el Senado de la Nación recibirá para su consideración tres reformas profundas y potencialmente controversiales. La primera es una transformación integral de la legislación laboral. Según borradores que han circulado, la propuesta introduce límites para que los monotributistas reclamen por vínculos laborales no reconocidos, ajusta los derechos de los repartidores de plataformas digitales, modifica reglas sobre jornadas de trabajo, vacaciones y el derecho a huelga, y redefine el cálculo de las indemnizaciones por despido.
La segunda iniciativa en la Cámara alta es una modificación sustancial de la ley de Protección de Glaciares. El eje central del cambio radica en transferir a cada jurisdicción provincial la facultad de definir su propia zona periglaciar. Este punto es visto con preocupación por organizaciones ambientalistas, que interpretan la medida como una habilitación para actividades extractivas, como la minería de cobre y de elementos conocidos como “tierras raras”, en áreas actualmente protegidas.
Completa esta trilogía de reformas una propuesta para endurecer el Código Penal, impulsada por la actual jefa del bloque oficialista en el Senado y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El proyecto prevé un aumento general de las penas, una ampliación de los alcances de la legítima defensa y la imposibilidad de que prescriban los delitos más graves.
La Estrategia de Diálogo con las Provincias
En el plano político, la administración de Milei ha desplegado una sostenida estrategia de acercamiento hacia los gobiernos provinciales, con el claro objetivo de asegurar los votos necesarios para la aprobación de su agenda en el Legislativo. Tras los resultados de octubre, el Presidente se reunió con la mayoría de los gobernadores, con notables ausencias de mandatarios opositores.
La tarea de construir consensos ha recaído fundamentalmente en el ministro del Interior, Diego Santilli, quien mantuvo encuentros con veinte jefes provinciales. Fuentes de su equipo subrayaron que el propósito central ha sido “reconstruir la confianza entre los gobernadores y el gobierno nacional”, trascendiendo la discusión puntual de partidas presupuestarias. “No se buscaba un titular sobre si se otorgaba un peso más o menos”, explicaron, aludiendo a la delicada situación financiera mutua, donde tanto la Nación como algunas provincias mantienen reclamos cruzados por deudas.
Los mandatarios, por su parte, no han omitido expresar sus demandas públicas. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reclamó por la falta de definiciones financieras, mientras que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recordó una deuda por coparticipación. Desde la Casa Rosada insisten en que estos diálogos buscan “construir entendimientos en las agendas y en las demandas mutuas”, allanando el camino para una colaboración estable que permita la concreción no solo del presupuesto, sino del resto de las reformas propuestas. Según aseguraron al gobierno, este 10 de diciembre marcará el inicio de un sendero de construcción parlamentaria donde las necesidades de todas las partes intentarán ser conciliadas.
