Sergio Mastropietro, implicado en el caso de la ANDIS y conectado con el extraditado Federico Machado, ingresó al país sin que se ejecutara una orden judicial de requisa. El juzgado reveló que agentes lo interceptaron recién en la vía pública, tras permitirle manipular su equipaje. Ahora, la justicia indaga una posible complicidad institucional.
Un presunto fallo en los protocolos de control aeroportuario generó un nuevo frente de investigación para la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Ambas dependencias quedaron bajo la lupa de la justicia federal tras no cumplir con una orden de requisa personal contra el empresario Sergio Mastropietro, quien está vinculado a la causa por presuntas coimas y sobreprecios en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), además de ser señalado como un posible operador en el lavado de millonarias sumas de dinero.
El episodio ocurrió la noche del 14 de noviembre pasado en el Aeroparque Jorge Newbery, cuando Mastropietro regresaba de los Estados Unidos. Pese a que el juez federal Sebastián Casanello había girado una directiva específica para que fuera requisado al ingresar al país, el empresario atravesó todos los controles migratorios y aduaneros sin inconvenientes. Ni los inspectores de Migraciones ni los agentes de la PSA lo demoraron para ejecutar la medida judicial. Fue recién cuando el propio juzgado, alertado tardíamente sobre su arribo, reclamó su localización, que personal de Migraciones salió a buscarlo a la calle, donde ya se encontraba en libertad.
Las imágenes obtenidas por la investigación revelan un procedimiento cuanto menos irregular. Al ser interceptado en la vía pública y antes de ser reconducido al interior del aeropuerto, Mastropietro entregó su mochila y equipaje a una de las personas que lo acompañaban, entre las que se encontraba su hija. Además, en un movimiento registrado por las cámaras, le alcanzó un objeto pequeño. Cuando finalmente se procedió a revisar sus pertenencias, el elemento clave que buscaba la justicia –su teléfono celular– había desaparecido. El empresario argumentó ante los agentes que lo había apoyado sobre una valija y que luego no estuvo más allí. El aparato, fundamental para rastrear comunicaciones vinculadas a la causa ANDIS, permanece sin hallarse.
En su denuncia, el juez Casanello subrayó la gravedad de los hechos: el imputado pudo ingresar al país, completar todos los trámites y salir del sector restringido sin ser sometido a la requisa, “pese a tratarse de un área altamente controlada”. Además, destacó que ni siquiera se aseguró su equipaje, el cual quedó a disposición de otros miembros de su comitiva.
Ante estos indicios de una posible facilitación deliberada, la fiscal Paloma Ochoa impulsó la apertura de una causa penal, que fue caratulada y quedó a cargo del juez Daniel Rafecas. El magistrado dispuso las primeras medidas de prueba, que incluyen la recolección de todas las imágenes de video disponibles y la identificación del personal de Migraciones y PSA que intervino aquella noche, con el fin de establecer responsabilidades y determinar si existió una omisión intencional.
Un perfil con vínculos complejos
La notoriedad de Sergio Mastropietro en causas sensibles no es nueva. Su nombre saltó a la luz pública como nexo en un encuentro entre el diputado José Luis Espert y el empresario Federico “Fred” Machado, recientemente extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico y lavado de activos. Mastropietro, ligado a las firmas de aviación Baires Fly y Baires Jets, mantiene una relación de larga data con Machado, a quien incluso habría ido a recibir al aeropuerto en un regreso previo a la Argentina.
En el ámbito de la investigación por las irregularidades en la ANDIS, el fiscal a cargo, Pablo Picardi, sostuvo que Mastropietro habría cumplido un rol central en el blanqueo de fondos de origen ilícito. Según las evidencias recogidas, a través de un conjunto de empresas –principalmente del sector farmacéutico– habría recibido transferencias millonarias justificadas falsamente como “compra de kilómetros” para aeronaves. Estas operaciones se habrían coordinado con Miguel Ángel Calvete, lobista detenido y señalado como cerebro de las licitaciones irregulares de la agencia estatal.
La trama se complejiza con los antecedentes de Mastropietro en el negocio aeronáutico, un sector reiteradamente señalado como canal para operaciones de lavado. Informes de inteligencia de Estados Unidos en poder de autoridades argentinas ya lo vinculaban a Machado en sociedades comerciales y lo situaban en roles ejecutivos dentro de estructuras vinculadas a la familia Macri, como la ex MacAir Jet.
La justicia ahora enfrenta un doble desafío: avanzar en la pesquisa sobre los multimillonarios desvíos en la ANDIS, que se topa con la pérdida de una prueba crucial como el teléfono del empresario, y al mismo tiempo desentrañar si dentro de los organismos de control fronterizo existió negligencia o una ayuda premeditada para frustrar una orden judicial. El caso pone en evidencia una inquietante fisura en la cadena de seguridad del estado.
