La creciente erosión de la imagen presidencial, impulsada por el costo social del ajuste y el reciente terremoto político del «AdorniGate», coloca al experimento libertario al borde del abismo. Ante la perspectiva de una derrota en las urnas, la Casa Rosada activa su plan de supervivencia: una reforma política que busca eliminar las PASO y atomizar a las fuerzas opositoras, mientras los gobernadores y los bloques parlamentarios negocian sus apoyos en un tablero que se vuelve cada vez más incierto.
En la antesala de un nuevo año electoral, el horizonte político para la gestión libertaria se presenta teñido de nubarrones y pronósticos adversos. Lo que alguna vez fue presentado como una irrupción triunfal, un vendaval que barrería con la vieja política, parece transformarse en un ocaso prematuro. Las posibilidades de que el experimento político que encarna el actual gobierno logre perpetuarse en el poder comienzan a reducirse a un puñado de estrategias de alto riesgo, mientras la realidad económica y los escándalos de corrupción, que el propio relato oficial prometió erradicar, golpean con inusitada crudeza la credibilidad del oficialismo. El célebre «ajuste más grande de la historia de la humanidad», pregonado desde los balcones de la Casa Rosada, ha dejado de ser un eslogan de campaña para convertirse en un lastre político, un costo social que se traduce directamente en la caída de la imagen pública del mandatario.
El detonante reciente de esta debacle en la percepción ciudadana no es otro que el denominado «AdorniGate», un affaire que ha sacudido los cimientos de la administración libertaria y ha colocado la problemática de la corrupción en el podio de las inquietudes populares. Los más recientes sondeos de opinión pública reflejan con elocuencia este impacto demoledor: la credibilidad del gobierno se ha visto perforada, incluso en su propio bastión de votantes más duros. La imagen del Presidente ha entrado en una espiral descendente, mostrando los peores indicadores desde su asunción. Según datos de la consultora Management & Fit, el nivel de desaprobación a la gestión de Milei ha escalado hasta un preocupante 58,2 por ciento, mientras que Inteligencia Analítica revela un panorama aún más sombrío, con una imagen negativa que ronda el 62 por ciento y una positiva que apenas alcanza el 27 por ciento. Esta erosión, que encontró su punto de inflexión en el escándalo protagonizado por el ex portavoz, ha evidenciado la fragilidad de un relato que se sustentaba en la promesa de una política transparente y ajena a los vicios del pasado.
Ante este escenario de franca debilidad, el tablero político se reconfigura alrededor de una única estrategia factible para el oficialismo: la necesidad imperiosa de fracturar a la oposición para poder sobrevivir. El gobierno nacional ha comprendido que, en soledad y con sus números en picada, cualquier intento de reelección en 2027 sería una quimera. Por ello, la obsesión que domina todas las deliberaciones en la Casa Rosada es la sanción de una reforma política que, entre sus puntos neurálgicos, apunta a la eliminación definitiva o, al menos, a la suspensión por segunda vez consecutiva de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La lógica oficial es simple y brutal: al eliminar las PASO, se desarticula la principal herramienta de competencia interna de los adversarios, forzándolos a resolver sus disputas en el fragor de la campaña general, sin reglas claras y con la mira puesta en la fragmentación. La foto de Diego Santilli, flamante jefe de Gabinete, junto a catorce gobernadores de distintas fuerzas políticas, sugiere que el camino hacia la construcción de esta mayoría coyuntural podría estar parcialmente allanado, aunque el apoyo es frágil y está sujeto a una compleja trama de intereses y favores.
En este contexto de todo o nada, el gobierno aspira a que la discusión sobre la reforma política se concrete en el segundo semestre del año, una vez que la euforia del Mundial haya quedado atrás y todos los actores entren de lleno en modo campaña. Karina Milei, la hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, se encargó de transmitir a la tropa libertaria la determinación del mandatario: la reforma electoral es uno de los tres proyectos centrales que el oficialismo impulsará con ferocidad, junto al régimen de zonas frías y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. La propia ministra de Seguridad y referente del PRO, Patricia Bullrich, reforzó este mensaje ante los periodistas acreditados en el Congreso, subrayando que la reforma es una «prioridad» absoluta, aunque reconociendo el escollo principal: los votos para sancionarla aún no están asegurados en el Senado. Tanto Santilli como Bullrich han sido claros con la Casa Rosada: la aprobación de la ley no será un trámite sencillo y requerirá de una ingeniería política fina que contemple las demandas de los actores provinciales.
La oferta del gobierno para engrasar la maquinaria legislativa es clara: la habilitación de las listas colectoras, un viejo anhelo de los sectores que buscan maximizar su poder territorial. La propuesta, que permite que distintas subagrupaciones políticas confluyan en una misma lista general, es vista con recelo y a la vez con cinismo por parte del peronismo. Un experimentado armador de la provincia de Buenos Aires no dudó en ironizar sobre la jugada, recordando que esta herramienta fue utilizada por Néstor Kirchner en sus épocas de mayor popularidad para atraer a todos aquellos que querían subirse al carro del triunfo. La pregunta que flota en el ambiente es qué ocurrirá ahora, cuando la imagen de Milei se derrumba y los gobernadores, en lugar de buscar un refugio seguro, especulan con distanciarse o negociar con la desesperación ajena. La Casa Rosada, sin embargo, baja un mensaje de moderación: es hora de «cuidar a los aliados» y aceptar la realidad numérica de que La Libertad Avanza no tiene mayoría propia en ninguna de las dos cámaras, dependiendo absolutamente del acompañamiento de la UCR y el PRO para construir los quórum necesarios.
Mientras los sondeos anticipan un escenario ominoso, el oficialismo se aferra a la idea de que la fragmentación de la oposición es su única tabla de salvación. La arenga interna del Presidente a sus diputados y senadores incluyó una proyección esperanzadora y casi irreal: la posibilidad de extender su mandato hasta 2031, «según sus números». Sin embargo, la evidencia empírica desmiente estas aspiraciones. El trabajo de la consultora Inteligencia Analítica revela un dato devastador para las aspiraciones oficialistas: la figura de un eventual candidato de unidad del peronismo duplica en intención de voto a la de Javier Milei. Esta cifra no es un simple número en una tabla, sino un termómetro que mide el hartazgo social y el anhelo de una alternativa que ordene el caos actual. La lógica es matemática: para que el oficialismo pueda albergar alguna esperanza de retener la Casa Rosada en 2027, la oferta de derecha deberá presentarse monolítica y la oposición, por el contrario, deberá presentarse atomizada. Aquí, la figura del libertario juega un papel preponderante pero contradictorio: si decide eliminar las PASO, solo podrá liderar una coalición de derecha en la medida en que llegue lo suficientemente fuerte y competitivo. Caso contrario, como advierte un consultor político, «se le va a animar cualquiera», refiriéndose a la posibilidad de que surjan líderes alternativos dentro del propio espectro conservador que desafíen su primacía.
Los gobernadores que asistieron a la jura de Santilli expresaron su conformidad con la salida de Adorni, pero se mostraron cautelosos a la hora de definir su postura respecto a la reforma electoral. Esta ambigüedad no es casual: especulan con la evolución de la imagen presidencial y utilizan la desesperación del gobierno para obtener ventajas en un contexto donde la asfixia financiera a las provincias no cesa. El gobierno deberá buscar apoyos no solo en el PRO y la UCR, sino también en fuerzas provinciales como el bloque Innovación Federal, que nuclea a diputados de Misiones y Salta, y que ha mostrado cierta disposición a acompañar a cambio de reintroducir la discusión por la Ley de Ficha Limpia. Sin embargo, la negociación es inestable, especialmente con figuras como Osvaldo Jaldo, quien por el momento ha manifestado su rechazo a la suspensión de las PASO. Otro espacio clave, Provincias Unidas, que aglutina a los mandatarios de Córdoba y Santa Fe, entre otros, ya ha adelantado su oposición a la medida, aunque se rumorea que el cordobesismo podría ceder para evitar que los libertarios le planten un candidato propio en su territorio. En el Senado, la UCR, con diez legisladores, se perfila como el árbitro definitivo de esta pulseada, y la promesa de una lista colectora que les permita integrarse a La Libertad Avanza podría ser el anzuelo que inclinará la balanza. Por su parte, Mauricio Macri, con la mirada puesta en la reedición de Juntos por el Cambio, observa con interés y se entusiasma con la posibilidad de orquestar una nueva alianza. Mientras tanto, en el peronismo, la estrategia de la fragmentación ajena es vista con una mezcla de diversión y cautela, conscientes de que la eliminación de las PASO podría también desordenar sus propias internas, aunque confiando en que la profunda crisis de liderazgo del oficialismo les jugará a su favor. En el arte de la guerra política, el principio es antiguo y efectivo: aquel que divide a su adversario, gana. Y en esta encrucijada, el gobierno libertario parece dispuesto a jugar su última carta, aunque el desenlace se vislumbre incierto y plagado de riesgos.
