La administración libertaria enfrenta serias acusaciones por la presunta utilización de recursos destinados al mantenimiento de rutas nacionales como moneda de cambio para asegurar la aprobación de sus iniciativas en el Congreso, en una trama que involucra millonarios desembolsos a gobernadores aliados y la controvertida caída del proyecto de Ficha Limpia.
La última semana dejó al descubierto una compleja madeja de operaciones financieras y políticas que salpica al gobierno de Javier Milei con graves denuncias de corrupción. Mientras las rutas nacionales se desmoronan en un estado de abandono nunca antes visto, con sus calzadas plagadas de cráteres y grietas que ponen en riesgo la vida de los automovilistas, una parte sustancial de los fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) —nutrido por el impuesto a los combustibles que pagan cotidianamente los argentinos— habría sido desviada hacia otros destinos .
El patrón de comportamiento detectado por la diputada Marcela Pagano (Coherencia), quien presentó múltiples denuncias ante la Justicia Federal, revela una sincronización casi perfecta entre los desembolsos millonarios a ciertas provincias y las votaciones de leyes clave para el oficialismo . Según la investigación, los recursos del fideicomiso vial no solo se habrían utilizado para comprar voluntades a favor del gobierno, sino también para torpedear iniciativas que no convenían a los intereses de la Casa Rosada, como ocurrió con el proyecto de Ficha Limpia .
El precio de la ausencia
El caso más emblemático de esta supuesta operatoria se dio en noviembre de 2024, cuando la sesión en Diputados para tratar la Ficha Limpia se cayó por falta de quórum. La ausencia estratégica de los legisladores misioneros, que impidió alcanzar el número necesario para debatir el proyecto, fue seguida por un desembolso récord para la provincia: $3.192 millones en un solo día para la vialidad de Misiones . La diputada Pagano fue contundente en su análisis: «En la Argentina de Milei el precio que se paga la ausencia de un legislador a una votación clave es de $798 millones» .
La trama se complica aún más cuando se observa el comportamiento de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Tras pronunciar discursos a favor de la iniciativa, terminaron votando en contra el 7 de mayo de 2025, sellando así el destino del proyecto con un ajustado 36 a 35 que impidió su sanción definitiva . Para Pagano, esta maniobra responde al interés del propio Milei de mantener vigente la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata, lo que explica su oposición encubierta a una ley que la inhabilitaría por su condena en la causa Vialidad .
Un sistema extorsivo en pleno funcionamiento
Las denuncias describen un verdadero «sistema extorsivo» mediante el cual el gobierno reparte los recursos del SISVIAL con criterios que guardan relación directa con el debate y votación de leyes fundamentales para el oficialismo . De un paquete total de $210.983 millones distribuidos a 13 provincias, Pagano logró identificar que $68.042 millones se correspondían con las denominadas «ventanas de tres días» alrededor de sesiones legislativas, lo que representa el 32,2% del total .
El patrón se repitió en ocasiones clave como la aprobación de la Ley Bases, la Reforma Laboral, la Ley de Glaciares, la Ley Hojarasca y Zonas Frías . En el caso específico de la Ley Bases, durante su tratamiento en el Senado en junio de 2024, se registraron desembolsos por $5.367 millones en los días previos a la votación, que finalmente fue definida por el desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel .
El destino de los fondos: plazos fijos y letras del Tesoro
La investigación periodística también reveló que el gobierno habría utilizado los recursos del SISVIAL para engrosar sus arcas mediante colocaciones financieras. Según datos oficiales, en dos años y medio la administración libertaria recaudó $1,5 billones pero ejecutó apenas $394.406 millones en obras viales, destinando el remanente a inversiones como plazos fijos y letras del Tesoro nacional . Esta práctica resulta particularmente cuestionable dado que los fondos tienen una afectación específica según la ley que creó el fideicomiso.
La Justicia en el centro de la tormenta
Todas estas denuncias, que apuntan a posibles delitos de defraudación, malversación de fondos, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad y cohecho, están siendo analizadas por los juzgados federales de Ariel Lijo y Julián Ercolini . A estas presentaciones se sumó esta semana una nueva denuncia de la agrupación «Reset Republicano» por presunto estrago, que vincula directamente el estado de abandono de las rutas —producto de la subejecución presupuestaria— con un alarmante incremento del 300% en la mortalidad por accidentes de tránsito .
La situación ha generado un fuerte malestar en los sectores opositores y organizaciones de la sociedad civil, que exigen una investigación exhaustiva para determinar si los fondos destinados a la seguridad vial fueron efectivamente utilizados como un mecanismo de presión política, vulnerando así la transparencia y la ética en el manejo de los recursos públicos.
