Mientras el gobierno de Javier Milei acelera el proceso de privatización del ferrocarril, un movimiento coordinado por las principales exportadoras de granos para dejar fuera de la puja a la estatal COFCO revela la creciente influencia de la administración Trump en los activos estratégicos argentinos. La maniobra, que busca desmantelar años de inversión con financiamiento asiático, amenaza con desatar un nuevo foco de tensión diplomática con el gigante oriental.
La puja por el control de los ferrocarriles argentinos ha devenido en un tablero geopolítico de alta tensión, donde la sombra de la administración estadounidense se proyecta con creciente nitidez sobre las decisiones del gobierno libertario. Lo que comenzó como un conflicto localizado por la presencia de Huawei en el tendido eléctrico neuquino, ha mutado en una estrategia de desalojo sistemático de la inversión y la influencia china de los sectores neurálgicos para la economía nacional, y el punto de mira actual se posa sobre la red del Belgrano Cargas. En un movimiento que trasciende lo meramente comercial, las principales cerealeras del país han decidido excluir de manera explícita a la corporación estatal china COFCO del consorcio que planea quedarse con la concesión del vital ramal ferroviario, un gesto de subordinación al ultimátum de Washington que podría tener severas repercusiones en el delicado entramado financiero que sostiene la infraestructura nacional.
Este episodio, que pone en evidencia la nueva dinámica de poder en la Casa Rosada, surge en un contexto de férrea alineación del presidente Javier Milei con su par norteamericano, Donald Trump. La intromisión extranjera, lejos de ser un rumor de pasillo, se ha materializado en presiones explícitas, como la denunciada contra la Cooperativa Eléctrica CALF de Neuquén para que rescinda sus acuerdos con la empresa china, y ahora se manifiesta en el lobby corporativo que pretende condicionar el destino de una de las últimas joyas de la corona estatal. Aunque los pliegos de la licitación para la concesión del Belgrano Cargas, que comprende tres líneas que atraviesan diecisiete provincias y conectan el norte productivo con los puertos del Gran Rosario, aún no han sido publicados, el movimiento de las exportadoras revela una estrategia perfectamente orquestada. Según información recabada por este diario, los máximos directivos de Bunge, Louis Dreyfus, Cargill, ACA y AGD mantuvieron una reunión en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde notificaron al representante de COFCO que su participación en la Unión Transitoria de Empresas (UTE) era inviable por su origen chino, a pesar de la vasta experiencia de la firma en inversiones vinculadas al sistema ferroviario y su rol crucial como uno de los mayores compradores de granos del país.
La determinación de las cerealeras no solo responde a intereses comerciales inmediatos, sino que se inscribe en una estrategia más amplia que cuenta con el visto bueno de la administración Milei y la complicidad activa de la embajada norteamericana. Mientras la Comisión de Asuntos Cooperativos de la Cámara de Diputados se prepara para interrogar al embajador Peter Lamelas por su abierta injerencia en asuntos internos, un nuevo dato revela el alcance del lobby antichino: las exportadoras han actuado con total autonomía, apalancadas en el silencio oficial, para garantizar que el control de la red férrea no recaiga en manos asiáticas. Fuentes con conocimiento de las negociaciones señalaron que el objetivo primigenio del Poder Ejecutivo era favorecer a un consorcio mexicano, presuntamente alineado con los intereses de Trump, pero las empresas amenazaron con exigir una compensación millonaria por las inversiones en material rodante si se les imponía un socio no deseado. Esta puja interna, sin embargo, no oculta el objetivo común: desmantelar la influencia de Pekín en un sector que, desde su estatización en 2013 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue revitalizado con una inyección de capital de origen chino que superó los miles de millones de dólares.
La decisión de apartar a COFCO enciende todas las alarmas en el terreno diplomático y financiero, ya que el Belgrano Cargas no es un activo cualquiera. Su concesión por cincuenta años, que el gobierno de Milei planea cerrar antes de fin de año para obtener un rápido ingreso de divisas, representa la transferencia a manos privadas de una infraestructura clave para las exportaciones agropecuarias, recuperada con un esfuerzo estatal durante más de una década. El propio financiamiento para su modernización, otorgado por bancos chinos, está intrínsecamente ligado a otros acuerdos estratégicos, como el de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, mediante cláusulas de «cross default» que podrían activar un efecto dominó de consecuencias impredecibles. La historia reciente ya ha mostrado la fragilidad de este equilibrio: en 2016, el intento del gobierno de Mauricio Macri de frenar las obras de las represas generó una advertencia formal del China Development Bank sobre el riesgo de incumplimiento cruzado que afectaría al propio Belgrano. Ahora, el gobierno libertario parece dispuesto a jugar con fuego, ignorando la «paciencia estratégica» que los diplomáticos chinos atribuyen a su país, y poniendo en riesgo no solo la continuidad de los créditos, sino la propia estabilidad de la balanza comercial con el segundo socio del país.
La semana que cierra ha sido particularmente reveladora del clima de hostilidad orquestado desde la embajada norteamericana. En un evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el embajador Peter Lamelas arremetió sin ambages contra la empresa Huawei, acusándola de espionaje y advirtiendo que su presencia en la infraestructura de Vaca Muerta sería un obstáculo para las inversiones, en un claro mensaje destinado a todos los sectores empresariales. Este discurso, que encontró un eco inmediato en la decisión de las cerealeras, expone la nueva dinámica de una relación bilateral donde la subordinación ideológica de Milei a Trump parece no tener límites, llevando al presidente argentino a adoptar posturas más radicales que su propio aliado norteamericano, quien a nivel global reconoce la interdependencia con China a pesar de la retórica belicista. Mientras el gobierno se muestra desesperado por acumular dólares y reducir el tamaño del Estado a través de la venta de bienes públicos, el Belgrano Cargas se convierte en el campo de batalla donde se dirime el futuro de la soberanía económica y las alianzas internacionales, en una apuesta que podría dejar al país en una posición de extrema vulnerabilidad frente a las potencias que disputan su influencia en la región.
