El juez Martín Cormick hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la UBA, y exigió al Poder Ejecutivo que reglamente sin demora la ley sancionada por dos tercios del Congreso. La Casa Rosada anticipó que volverá a apelar la medida, mientras las universidades preparan una nueva marcha federal para el 15 de octubre.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 dictó este martes un fallo de enorme trascendencia al declarar la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 y disponer que el Poder Ejecutivo dé cumplimiento inmediato a la Ley de Financiamiento Universitario. En su resolución, el magistrado federal Martín Cormick ordenó textualmente al Gobierno «el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin». De este modo, la Justicia hizo lugar al amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires, que reclamaban la puesta en marcha de una norma aprobada en dos oportunidades por el Congreso y que la administración de Javier Milei había promulgado de manera parcial.
La reacción desde el ámbito universitario no tardó en llegar. El Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires celebró la decisión con un comunicado en el que habló de un «fallo histórico» y sostuvo que la Justicia le dio la razón a las casas de estudio al declarar inconstitucional el freno al financiamiento. Para gran parte de la comunidad educativa, el Gobierno había ensayado una suerte de «trampa legal» mediante la cual congeló las partidas previstas en la ley sancionada.
Desde Casa Rosada, en tanto, adelantaron al portal El Destape que volverán a apelar la resolución judicial, lo que anticipa un nuevo capítulo de una disputa que parece lejos de resolverse.
El argumento oficial y la respuesta universitaria
Según la versión oficial, la normativa promulgada por dos tercios del Congreso en octubre de 2025 no especificaba de qué manera iban a financiarse los nuevos gastos presupuestarios. Por ese motivo, el presidente Milei decretó que los aumentos no se otorgarían hasta que esa cuestión quedara definida. La respuesta de los gremios universitarios fue categórica: el Poder Ejecutivo no puede suspender de hecho la aplicación de una ley que ya fue votada y ratificada por dos tercios de ambas cámaras del Congreso, y la Constitución Nacional exige su cumplimiento inmediato.
La norma en cuestión establece mecanismos para actualizar el presupuesto universitario conforme a la inflación, junto con la recomposición de los salarios de docentes y no docentes, las becas y los recursos destinados a la investigación. Desde la federación docente remarcaron que el fallo ratifica que el equilibrio fiscal no puede alcanzarse pasando por encima de la Constitución, la autonomía universitaria y los haberes de docentes e investigadores.
Las universidades redoblan la apuesta
A las pocas horas de conocida la decisión judicial, el Consejo Interuniversitario Nacional anunció que este miércoles se realizará una reunión de rectores en Plaza de Mayo para reclamar por el cumplimiento de la ley. Mediante un comunicado, precisaron que la reunión mensual del Comité Ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores se llevará a cabo a las 14:30 horas en la Ciudad de Buenos Aires, con el propósito de reiterar el pedido de aplicación plena y efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución judicial llega apenas una semana antes de una nueva marcha federal universitaria con la que la comunidad educativa volverá a manifestar su rechazo en todo el país a las políticas del Gobierno. La movilización está prevista para el próximo jueves 15 de octubre, con su epicentro frente al Congreso nacional y réplicas en todas las provincias, en lo que promete ser una nueva demostración de fuerza del sector frente a la Casa Rosada.
