La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación, comenzaría a inscribirse en noviembre e incluiría a la administración central y a los organismos descentralizados. Los gremios denuncian hostigamiento, licuación salarial y presión para forzar renuncias, mientras ATE convoca a un cese de tareas y a una marcha contra el fallo de la Corte por la Ley de Tierras.
El Poder Ejecutivo nacional tiene listo un decreto para poner en marcha una nueva tanda de retiros voluntarios dentro de la administración pública. La movida es empujada por Federico Sturzenegger desde la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, con la meta de seguir achicando la dotación de personal de planta permanente. Desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, ya perdieron su empleo 74 mil agentes estatales, según los números que manejan los sindicatos.
Dos fuentes oficiales confirmaron que el texto normativo ya está redactado y que saldría publicado en los próximos días. La intención del funcionario es que la inscripción al esquema de retiros arranque en noviembre y alcance tanto al personal de la administración central, es decir ministerios y secretarías, como a los trabajadores de los organismos descentralizados.
En los casi tres años que La Libertad Avanza lleva de gestión, la reducción de la plantilla estatal llegó al 21 por ciento. Para lograrlo, el Gobierno apeló a un abanico de herramientas: dejó caer los contratos transitorios con los que se desempeñaban miles de trabajadores precarizados, abrió otras rondas de retiros voluntarios por repartición y hasta dispuso un pase a disponibilidad masivo de los empleados de planta permanente.
Presión salarial y denuncias gremiales
Organizaciones como la Asociación de Trabajadores del Estado vienen alertando sobre un clima de hostigamiento constante contra los empleados públicos, que interpretan como un método de presión para que renuncien o acepten los retiros. Una parte central de esa embestida ha sido el empobrecimiento de los sueldos. Los salarios del sector se encuentran hoy entre un 21 y un 40 por ciento por debajo del nivel que tenían cuando Milei asumió la presidencia. El propio mandatario reconoció en público que la caída del poder adquisitivo en el ámbito estatal forma parte del diseño de su plan económico.
El caso más reciente de licuación salarial lo protagonizó el ministerio de Capital Humano en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, donde la semana pasada, sin aviso previo, les quitaron a los trabajadores una serie de complementos salariales, entre ellos horas extras y suplementos, con lo que sus ingresos se derrumbaron hasta un 40 por ciento. Aunque formalmente se los catalogue como adicionales, los gremios aclararon que esos ítems forman parte de los ingresos normales, habituales y regulares que el propio Estado utilizaba históricamente para elevar el piso de los sueldos más bajos.
Los sindicatos sostienen que quienes aceptan estos retiros lo hacen por el desgaste que les provocan la licuación de sus haberes y el maltrato laboral. Argumentan que el Gobierno usa la pérdida del poder adquisitivo como una herramienta de presión para que los empleados públicos terminen cediendo su estabilidad a cambio de indemnizaciones en cuotas.
Cese de actividades y movilización a Tribunales
Este martes, los estatales realizarán un cese de tareas con retiro de sus lugares de trabajo a partir de las 12 horas. La medida fue decidida por ATE para todos los ministerios, organismos públicos y empresas públicas, con el objetivo de que los trabajadores puedan sumarse a la marcha a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que habilita su extranjerización.
El pronunciamiento de la Corte del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Milei derogó la Ley 26.737 de tierras rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras. La movilización a la Plaza Lavalle, frente a Tribunales, es convocada por un amplio frente de organizaciones gremiales, sociales y políticas. Centros de ex combatientes de Malvinas, las dos CTAs y sus gremios, partidos de izquierda y espacios académicos repudiarán el fallo de la Corte.
La protesta está pautada a partir de las 15 horas, aunque algunos sectores de izquierda convocan a las 16, y será la antesala de una movilización nacional prevista para el próximo 15 de octubre, cuando la Cámara de Diputados intente sesionar para rechazar el DNU presidencial 70/23 que derogó la Ley de Tierras.
