Discapacidad: una multitud acompañó en el Congreso la sanción de una ley clave para garantizar derechos y sostener el sistema de atención

Discapacidad: una multitud acompañó en el Congreso la sanción de una ley clave para garantizar derechos y sostener el sistema de atención

Personas con discapacidad, familiares, profesionales de la salud, instituciones y prestadores de servicios se movilizaron hasta la Plaza Congreso para respaldar el tratamiento de la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa ratifica la Emergencia en Discapacidad, incorpora modificaciones en el régimen de pensiones, contempla la compatibilidad con el empleo formal y establece mecanismos de actualización de los aranceles. Tras la sanción, las organizaciones celebraron el avance legislativo, aunque advirtieron que permanecerán en estado de alerta para exigir que las disposiciones se cumplan efectivamente.

Una importante movilización de personas con discapacidad, familiares, trabajadores del sector, representantes de instituciones y prestadores de servicios de salud se concentró desde las primeras horas de la mañana en la Plaza Congreso, en una jornada atravesada por el reclamo de derechos, la defensa de las prestaciones y la necesidad de garantizar la continuidad del sistema de atención. La convocatoria coincidió con el tratamiento en el Senado de la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una iniciativa que busca dar respuesta a las dificultades que atraviesa uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

La nueva legislación ratifica la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada durante 2025 y cuya vigencia finaliza a fin de año, e incorpora una serie de modificaciones reclamadas por las organizaciones que representan al colectivo. Entre sus principales disposiciones contempla cambios en los requisitos y mecanismos de acceso a las pensiones no contributivas, permite compatibilizar su percepción con un empleo registrado hasta determinado límite de ingresos y establece criterios de actualización automática para los aranceles que reciben los prestadores de servicios.

La sanción representa un avance significativo para las familias y las instituciones que desde hace tiempo vienen denunciando el deterioro de las prestaciones, las dificultades económicas de los centros terapéuticos y las demoras en los pagos. Sin embargo, el entusiasmo por la aprobación estuvo acompañado de una advertencia: las organizaciones sostienen que el verdadero desafío comenzará con la implementación de la norma y el control de su cumplimiento por parte del Estado.

La concentración comenzó alrededor de las 11, horario previsto para el inicio de la sesión parlamentaria. Con pancartas, banderas y consignas, los manifestantes reclamaron que se respeten las prestaciones, se garanticen los tratamientos y se regularicen los pagos a los trabajadores que diariamente acompañan a las personas con discapacidad.

“Hoy parece que estamos reclamando algo extraordinario, pero en realidad estamos pidiendo que se respeten nuestros propios derechos. Necesitamos contar con los insumos, que las horas sociales sean remuneradas como corresponde y que se les pague a las terapeutas y a los transportistas”, expresó Maximiliano Lavorio, de 38 años, integrante del colectivo Argentina Humana.

El escenario montado para la jornada estuvo acompañado por una importante presencia de vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad. Desde temprano, la intersección de las avenidas Rivadavia y Entre Ríos se encontraba prácticamente ocupada por cerca de 30 unidades, entre combis adaptadas, colectivos escolares y camionetas de menor porte. La Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (Fatradis) fue una de las entidades que impulsó la convocatoria, con el objetivo de visibilizar la grave situación económica que atraviesa la actividad.

Desde la organización manifestaron su preocupación por la continuidad de los servicios y reclamaron respuestas urgentes. “No podemos seguir esperando y tampoco queremos que se introduzcan modificaciones que perjudiquen lo que ya está establecido”, señalaron durante las primeras horas de la movilización.

Patricia Valls, quien trabaja en el transporte de personas con discapacidad desde hace 32 años, describió el complejo panorama que atraviesa el sector y sostuvo que la actividad se encuentra prácticamente al límite de sus posibilidades económicas.

La trabajadora explicó que los valores reconocidos por los servicios de traslado quedaron muy por detrás de los incrementos registrados en los costos operativos, especialmente en el combustible, los repuestos y el mantenimiento de las unidades. Según denunció, el nomenclador que determina los valores de las prestaciones tuvo aumentos considerablemente inferiores a los necesarios para sostener el funcionamiento de los servicios.

La situación impacta directamente en las personas que necesitan traslados cotidianos para asistir a consultas médicas, tratamientos de rehabilitación, centros educativos y espacios terapéuticos. La falta de actualización de los aranceles compromete la continuidad de los recorridos y coloca a numerosos prestadores frente a la imposibilidad de afrontar sus gastos.

EL RECLAMO POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa está relacionado con las garantías presupuestarias destinadas a evitar que se repitan los inconvenientes registrados durante el año anterior. En esta oportunidad, el proyecto incorporó partidas específicas del Ministerio de Salud para financiar el funcionamiento del sistema de discapacidad y estableció mecanismos de compensación con recursos del Tesoro Nacional en caso de que las asignaciones previstas resulten insuficientes.

La incorporación de estas previsiones responde a los cuestionamientos que surgieron cuando el Gobierno demoró la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, argumentando que el Congreso no había precisado de manera suficiente cuál sería el origen de los fondos necesarios para sostenerla.

La controversia llegó incluso al ámbito judicial. En diciembre, la Justicia ordenó que la legislación comenzara a aplicarse de manera inmediata, aunque distintas organizaciones y familias continuaron denunciando incumplimientos, prestaciones interrumpidas y dificultades para acceder a los recursos contemplados en la normativa.

En ese contexto, la movilización frente al Congreso también funcionó como una expresión de desconfianza hacia las autoridades nacionales y como una demostración de que el sector continuará reclamando hasta que las disposiciones aprobadas se traduzcan en respuestas concretas.

“Vinimos para exigir que se cumpla la ley, porque este Gobierno no la está respetando. Me parece que hay una enorme crueldad en la manera en que se está tratando a las personas que necesitan asistencia. Tengo 60 años y nunca había visto una situación semejante”, manifestó María Boutet, quien participó de la jornada junto a su hija Camila, de 21 años, que tiene síndrome de Down.

La mujer relató que las dificultades económicas y administrativas afectan directamente la vida cotidiana de su familia, particularmente en lo relacionado con los traslados y la continuidad de las terapias. Aunque su hija cuenta con cobertura médica privada, aseguró que muchas prestaciones se han vuelto difíciles de sostener y expresó su preocupación por quienes dependen exclusivamente de los servicios públicos.

“En nuestro caso, a veces se complica muchísimo conseguir los traslados y también están quitando terapias que son fundamentales. Mi hija tiene una obra social privada, pero los chicos que dependen del Estado están atravesando una situación muy difícil”, explicó.

Las dificultades mencionadas por Boutet reflejan una problemática que atraviesa a miles de hogares, donde la continuidad de los tratamientos depende de una combinación de recursos económicos familiares, cobertura sanitaria y disponibilidad de profesionales e instituciones especializadas.

Ernesto Lentini, representante del Centro Terapéutico para la Integración, ubicado en el barrio porteño de Almagro, destacó la importancia de la aprobación legislativa y consideró que la norma constituye una herramienta necesaria para brindar una respuesta más amplia a las demandas del colectivo.

El referente señaló que el alcance de la legislación no se limita exclusivamente a las personas con discapacidad, sino que también involucra a los espacios de atención, los centros de rehabilitación, las instituciones educativas y terapéuticas, los profesionales y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan diariamente para promover la autonomía y la inclusión.

“De esta ley dependen las personas con discapacidad en relación con los lugares donde reciben atención, los espacios donde realizan sus tratamientos y los recursos que necesitan para trasladarse. También están involucrados muchísimos profesionales, instituciones y organizaciones que trabajan por la inclusión”, sostuvo.

Lentini también cuestionó la falta de actualización de los valores que reciben los prestadores y aseguró que los montos adeudados no representan la totalidad del problema, ya que los aranceles quedaron considerablemente desfasados frente a la evolución de los costos.

En ese sentido, estimó que la desactualización del nomenclador ronda el 35 por ciento y afirmó que, pese a las disposiciones que establecen la regularización de las obligaciones pendientes, todavía existen importantes sumas que no fueron canceladas.

“Lo que el Gobierno no explica es que no se pagó todo lo adeudado y que los aranceles quedaron muy atrasados. El nomenclador perdió aproximadamente un 35 por ciento de su valor. La ley establece que esa situación debe corregirse y que las deudas tienen que regularizarse, pero eso todavía no ocurrió. Estamos trabajando en condiciones de una precariedad enorme”, concluyó.

LAS FAMILIAS, EL SOSTÉN DE UNA RED DE CUIDADOS QUE NO ALCANZA

Más allá de los reclamos vinculados con el financiamiento del sistema, la jornada permitió poner en primer plano una problemática que muchas veces permanece invisibilizada: la enorme responsabilidad que recae sobre las familias, especialmente sobre las mujeres, en las tareas de acompañamiento y cuidado de las personas con discapacidad.

Una investigación reciente de la Red de Asistencia Legal y Social (RALS) advierte que gran parte de las actividades de asistencia cotidiana, organización de tratamientos, acompañamiento y gestión de prestaciones son asumidas por los propios familiares. Dentro de ese escenario, las madres suelen ocupar un lugar central y, en numerosos casos, deben afrontar prácticamente solas las exigencias que implica el cuidado permanente.

Ese es el caso de Adriana, quien participó de la movilización junto a su hija Paula, de 36 años, que utiliza silla de ruedas. Ambas permanecieron a cierta distancia del escenario principal para resguardarse del intenso sol, mientras seguían de cerca el desarrollo de la jornada.

“La discapacidad de mi hija es de nacimiento, así que llevo 36 años luchando”, contó Adriana, al describir una vida atravesada por gestiones, tratamientos y obstáculos que se renuevan permanentemente.

La mujer explicó que uno de los principales inconvenientes que enfrenta actualmente es conseguir transporte para que Paula pueda trasladarse a los distintos espacios donde necesita atención. Según señaló, la falta de pagos adecuados a los transportistas repercute directamente en la disponibilidad de los servicios y termina perjudicando a quienes dependen de ellos.

Consultada sobre si cuenta con otras personas que puedan colaborar con las tareas de cuidado, su respuesta fue breve, pero contundente: “Estoy yo sola, yo sola”.

Su testimonio expuso una realidad que se repite en numerosos hogares y que evidencia cómo la insuficiencia de las políticas públicas termina trasladando responsabilidades al ámbito privado. Cuando los servicios de transporte, rehabilitación y asistencia no funcionan correctamente, las familias deben reorganizar sus rutinas, afrontar mayores gastos y encontrar alternativas para garantizar que sus integrantes puedan continuar con sus tratamientos.

El informe de RALS también advierte que buena parte de las políticas públicas y de los estudios sobre cuidados suelen concentrarse en la infancia, mientras que las necesidades de acompañamiento de las personas adultas con discapacidad reciben una atención considerablemente menor.

La experiencia de Adriana permitió dimensionar esa diferencia. Al escuchar el planteo, la mujer coincidió con la necesidad de ampliar la mirada sobre el tema y remarcó que las personas con discapacidad no dejan de necesitar apoyos cuando alcanzan la mayoría de edad.

“Exactamente. No se trata solamente de los chicos. Las personas van creciendo y tienen cada vez más vida por delante. Por eso también hay muchísimos adultos que necesitan acompañamiento, asistencia y recursos para poder desarrollarse”, expresó.

La problemática también fue expuesta por Mari, madre de Evelyn, de 15 años, quien tiene retraso madurativo y síndrome de West. La mujer manifestó su preocupación por las dificultades que encuentra para acceder a los servicios de transporte, la atención hospitalaria y las intervenciones quirúrgicas que necesita su hija.

“Lo que quiero es que nos faciliten las cosas con los traslados, los hospitales y las cirugías. En este momento estoy realizando los trámites para conseguir el financiamiento de una operación que ella necesita”, explicó.

Su relato volvió a poner en evidencia las dificultades que deben atravesar las familias para obtener respuestas dentro de un sistema que, según denuncian, presenta demoras, obstáculos administrativos y falta de recursos suficientes.

UN RECLAMO QUE INVOLUCRA A MILLONES DE PERSONAS

La movilización también dejó en claro que la discapacidad no constituye una problemática individual, sino una realidad que involucra a todo el entorno familiar y social de quienes necesitan apoyos específicos. Detrás de cada persona hay madres, padres, hermanos, hijos, cuidadores y trabajadores que participan de una red de asistencia indispensable para garantizar condiciones de vida dignas.

Alejandro Bianchi destacó precisamente esa dimensión colectiva y sostuvo que las personas con discapacidad y sus familias integran uno de los sectores que más dificultades enfrenta en el actual contexto económico.

“Somos uno de los colectivos que más está siendo ajustado, junto con los jubilados. Somos una minoría que está siendo muy atacada. Detrás de cada persona con discapacidad existe una familia, por eso estamos hablando de millones de argentinos que también padecen las consecuencias de esta situación”, manifestó.

La aprobación de la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad fue recibida como un paso importante por las organizaciones que participaron de la convocatoria. Sin embargo, la celebración no estuvo desligada de las advertencias sobre la necesidad de controlar su implementación y exigir que los compromisos presupuestarios se traduzcan en prestaciones efectivas.

Para las familias, los transportistas, los profesionales y las instituciones, la discusión excede ampliamente una cuestión administrativa o presupuestaria. Se trata de garantizar la continuidad de tratamientos, el acceso a la salud, la posibilidad de trasladarse, el sostenimiento de los espacios terapéuticos y el reconocimiento del trabajo de quienes acompañan diariamente a las personas con discapacidad.

La jornada frente al Congreso dejó así un mensaje contundente: la sanción de una ley constituye una herramienta fundamental, pero no alcanza por sí sola si sus disposiciones no se cumplen. Detrás de cada reclamo hay historias de años de lucha, familias que sostienen tareas de cuidado sin descanso y trabajadores que intentan mantener servicios esenciales en condiciones cada vez más difíciles.

Con la nueva normativa aprobada, el colectivo espera que las promesas se conviertan en políticas concretas y que el Estado garantice los recursos necesarios para evitar que los derechos reconocidos queden únicamente plasmados en el papel. La movilización fue, en definitiva, una demostración de que las personas con discapacidad y sus familias no están dispuestas a resignar sus conquistas y continuarán organizándose para defender una atención integral, digna y accesible para todos.

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