Un día después de que el oficialismo no consiguiera los votos necesarios para aprobar la denominada Ley de Defensa de la Soberanía, el Presidente dispuso un incremento de $6.157 millones para la Secretaría de Inteligencia de Estado. La iniciativa legislativa, impulsada por Santiago Caputo bajo el argumento de fortalecer el reclamo argentino por las Islas Malvinas, también buscaba introducir modificaciones en la estructura y el funcionamiento del organismo. El traspié parlamentario profundizó el enfrentamiento entre el asesor presidencial y Martín Menem, mientras el Gobierno volvió a reforzar los recursos destinados al área de inteligencia.
El Gobierno de Javier Milei decidió incrementar en $6.157 millones el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), mediante un decreto firmado apenas 24 horas después de que fracasara en la Cámara de Diputados el tratamiento de la denominada Ley de Defensa de la Soberanía. La medida volvió a colocar bajo la lupa el manejo de los recursos destinados al organismo de inteligencia y reavivó las controversias políticas en torno a una iniciativa que, detrás de su denominación vinculada a la defensa de los intereses argentinos sobre las Islas Malvinas, contemplaba modificaciones sustanciales en el funcionamiento de la estructura de espionaje estatal.
La decisión presidencial se produjo en un escenario de creciente tensión dentro del oficialismo, atravesado por disputas de poder, diferencias en la conducción parlamentaria y una interna cada vez más evidente entre los sectores que responden al asesor presidencial Santiago Caputo y aquellos vinculados a Martín Menem. Aunque Caputo mantiene un perfil institucional menos visible, su influencia sobre el área de inteligencia es ampliamente reconocida y fue uno de los principales impulsores de la propuesta legislativa que finalmente no logró avanzar en el Congreso.
De acuerdo con especialistas consultados, el proyecto no contemplaba modificaciones directas en las partidas presupuestarias, pero sí introducía cambios importantes en la organización y las atribuciones de la SIDE. Entre los aspectos más relevantes figuraba la incorporación del estatuto del personal de la Secretaría mediante una ley, lo que habría otorgado un marco legislativo específico a las condiciones laborales y funcionales de quienes integran el organismo.
Asimismo, la iniciativa establecía que cualquier modificación futura de ese régimen debía contar necesariamente con la aprobación del Congreso. De esta manera, los cambios en las condiciones del personal dejarían de depender exclusivamente de decisiones administrativas o disposiciones internas y pasarían a requerir un procedimiento legislativo.
Sin embargo, uno de los puntos que despertaba mayores interrogantes estaba relacionado con la definición de la política de inteligencia nacional. Según explicaron los especialistas, el texto proponía que esa responsabilidad dejara de estar exclusivamente en manos del Presidente de la Nación y pasara a ser determinada por la propia SIDE, con la correspondiente validación del Consejo de Seguridad.
Esta modificación generaba cuestionamientos por las posibles consecuencias sobre la confidencialidad de las operaciones de inteligencia. Los expertos advirtieron que la intervención de un consejo integrado por representantes de distintas áreas del Gobierno podía comprometer el nivel de reserva que requieren determinadas actividades. En ese sentido, señalaron que compartir información estratégica entre diferentes sectores de la administración nacional podía poner en duda el carácter reservado que debe preservar cualquier operación de inteligencia.
El fracaso parlamentario de la iniciativa provocó un fuerte malestar en Santiago Caputo, cuyo entorno reaccionó rápidamente a través de las redes sociales. Legisladores, militantes digitales e integrantes de su espacio salieron a cuestionar la caída del proyecto y apuntaron directamente contra Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, a quien responsabilizaron por las dificultades para reunir el quórum necesario.
La reacción dejó al descubierto una disputa que excede ampliamente las diferencias circunstanciales por una iniciativa legislativa. En el trasfondo aparece una confrontación por el control político, la distribución de espacios de poder y la capacidad de imponer decisiones dentro del oficialismo. La relación entre Caputo y Menem, que ya atravesaba momentos de tensión, volvió a deteriorarse a partir de los acontecimientos registrados durante la frustrada sesión.
Uno de los dirigentes que manifestó públicamente su descontento fue Agustín Romo, legislador bonaerense y referente cercano al asesor presidencial. A través de sus redes sociales, cuestionó a quienes, según su interpretación, habrían obstaculizado la aprobación de la propuesta por diferencias internas y disputas sectoriales. “Hay un sector al que no le interesa la Ley Malvinas pura y exclusivamente porque es impulsada por otro sector, ¿no? Como si la política les importara más que la patria”, expresó, en un mensaje que apuntó contra los sectores del oficialismo enfrentados con el espacio de Caputo.
En una línea todavía más confrontativa se pronunció Daniel Parisini, conocido en las redes sociales como “Gordo Dan”, quien lanzó una polémica declaración al sostener que existía una coincidencia entre los intereses británicos y los de determinados sectores políticos. “Hay que decir que es lógica la coincidencia entre ingleses y musulmanes”, publicó, en una crítica dirigida particularmente contra los dirigentes riojanos vinculados a la conducción de la Cámara baja.
El propio Santiago Caputo también se sumó a los cuestionamientos, aunque optó por un mensaje más breve. “Festeja Inglaterra, España, Brasil, Irán y Rusia. Qué banda de marginales irresponsables”, escribió en sus redes sociales. Además, compartió una publicación de Nicolás Promanzio, otro integrante de su espacio, quien responsabilizó a los dirigentes políticos por demorar el tratamiento de la iniciativa y los acusó de priorizar las negociaciones internas por encima de los intereses nacionales.
En ese mensaje, Promanzio cuestionó especialmente las disputas por los lugares dentro del Consejo de la Magistratura, al que calificó despectivamente como un organismo sin utilidad. La referencia apuntaba a las negociaciones por cuatro cargos dentro de ese cuerpo, una discusión que terminó convirtiéndose en uno de los principales obstáculos para concretar la sesión parlamentaria.
La disputa por esos espacios institucionales tuvo consecuencias directas sobre la conformación del quórum. El PRO y el bloque Provincias Unidas reclamaban una representación que, según sus planteos, correspondía a la segunda minoría parlamentaria. Frente a la posibilidad de que Martín Menem habilitara esa vacante para el PRO, los legisladores de Provincias Unidas resolvieron no ocupar sus bancas durante la sesión.
La decisión impidió que el oficialismo reuniera los 129 diputados necesarios para habilitar el debate y dejó sin tratamiento la iniciativa impulsada por el sector de Caputo. Así, una negociación vinculada a la distribución de cargos terminó condicionando una discusión que el Gobierno había presentado como una cuestión estratégica relacionada con la soberanía nacional.
Las críticas continuaron incluso después del fracaso legislativo. Durante una transmisión del espacio libertario de streaming Carajo, Nicolás Promanzio profundizó sus cuestionamientos contra quienes identificó como responsables de la caída del proyecto. Sin mencionar directamente a Martín Menem, apuntó contra el dirigente encargado de organizar las listas y conducir las negociaciones políticas, al cuestionar su capacidad para cerrar acuerdos y sostener compromisos dentro del oficialismo.
Las expresiones encontraron rápidamente repercusión entre los militantes digitales identificados con Las Fuerzas del Cielo, el espacio político y comunicacional cercano a Santiago Caputo. Algunos de sus integrantes difundieron mensajes de tono todavía más agresivo, entre ellos una frase que sostenía que el árbol de la libertad debía ser regado periódicamente con la sangre de los propios y de los tiranos, en una referencia que dejó en evidencia el nivel de hostilidad alcanzado por la confrontación interna.
A las críticas también se sumó el exlegislador porteño Ramiro Marra, quien aprovechó la controversia para volver a cuestionar a la conducción libertaria. El dirigente aseguró que existían sectores dentro del propio Gobierno que habían provocado deliberadamente la caída del proyecto sobre Malvinas y vinculó esa situación con el conflicto que terminó con su salida del espacio político que había contribuido a fundar.
Marra sostuvo que los mismos dirigentes que, según su versión, habían impulsado su desplazamiento ahora intervenían en la organización del movimiento y en la distribución de candidaturas y cargos. Sus declaraciones apuntaron directamente contra Martín Menem y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y una de las figuras centrales en la conducción política del oficialismo.
Mientras las diferencias internas se multiplicaban y las acusaciones circulaban en las redes sociales, Javier Milei optó por intervenir mediante una decisión administrativa que volvió a poner en primer plano a la SIDE. El jueves, el Presidente firmó el decreto que autorizó una ampliación presupuestaria de $6.157 millones para el organismo de inteligencia, en una medida que llegó inmediatamente después del revés sufrido por el proyecto legislativo promovido por el sector de Caputo.
Según establece la disposición oficial, los recursos adicionales serán destinados al programa de Información e Inteligencia y estarán orientados a cubrir diferentes gastos operativos y administrativos. A diferencia de otras partidas asignadas anteriormente a la Secretaría, esta ampliación no fue presentada como una transferencia destinada a gastos reservados, sino como fondos para afrontar erogaciones corrientes vinculadas al funcionamiento cotidiano del organismo.
El detalle presupuestario contempla $1.500 millones para servicios comerciales y financieros, mientras que otros $1.323 millones serán utilizados para tareas de mantenimiento, reparaciones y limpieza. A su vez, se asignaron $1.000 millones para el alquiler de maquinaria, equipos y medios de transporte, además de $800 millones destinados al pago de pasajes y viáticos.
La distribución también incluye $600 millones para servicios de internet y comunicaciones, $534 millones para actividades de capacitación y difusión y otros $400 millones destinados a cancelar impuestos y tasas. De esta manera, el incremento totaliza $6.157 millones y refuerza la disponibilidad de recursos de una de las áreas más sensibles de la administración pública.
La ampliación dispuesta por Milei tampoco constituye un hecho aislado dentro de la política presupuestaria del Gobierno hacia los organismos de inteligencia. Desde el comienzo de la gestión libertaria, la SIDE recibió sucesivas inyecciones de fondos que generaron cuestionamientos políticos y debates sobre los mecanismos de control y transparencia aplicados a esos recursos.
