EL RIESGO PAÍS SUPERÓ LOS 1.000 PUNTOS Y VOLVIÓ A EXPONER LA DESCONFIANZA DEL MERCADO EN EL PLAN ECONÓMICO DE MILEI

EL RIESGO PAÍS SUPERÓ LOS 1.000 PUNTOS Y VOLVIÓ A EXPONER LA DESCONFIANZA DEL MERCADO EN EL PLAN ECONÓMICO DE MILEI

En una nueva jornada de tensión financiera, el indicador se disparó un 15% y cerró en 1.071 puntos básicos, con un incremento acumulado del 25,6% en apenas dos días. La escalada reavivó las dudas sobre la capacidad de pago de la Argentina y puso en evidencia las dificultades del Gobierno para recuperar la credibilidad de los inversores, pese al fuerte ajuste fiscal aplicado desde diciembre de 2023. Mientras los salarios pierden poder adquisitivo, se destruyen puestos de trabajo y miles de empresas dejan de funcionar, el respaldo financiero que buscaba conseguir la administración libertaria continúa sin materializarse.

La situación económica y financiera de la Argentina volvió a quedar bajo presión después de que el riesgo país registrara una abrupta escalada este viernes, con una suba del 15% que llevó el indicador hasta los 1.071 puntos básicos. El movimiento encendió nuevas señales de alarma en los mercados y profundizó el clima de incertidumbre en torno al programa económico que conducen el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. En tan solo dos jornadas, el índice acumuló un incremento del 25,6%, una variación que refleja el creciente escepticismo de los operadores financieros respecto de las perspectivas económicas del país.

El salto resulta particularmente significativo porque se produce después de casi tres años de una política económica basada en un severo ajuste del gasto público, la reducción de la intervención estatal y el deterioro de los ingresos de amplios sectores de la población. Desde el comienzo de la gestión libertaria, el Gobierno defendió estas medidas bajo el argumento de que el sacrificio inicial permitiría ordenar las cuentas públicas, estabilizar la economía, recuperar la confianza internacional y generar las condiciones necesarias para atraer inversiones. Sin embargo, el deterioro del mercado laboral, la pérdida del poder adquisitivo y la desaparición de miles de empresas no estuvieron acompañados por la recuperación de la credibilidad financiera que el oficialismo había prometido.

La contradicción es cada vez más evidente: mientras los costos sociales del programa económico se trasladan sobre trabajadores, jubilados, pequeñas y medianas empresas y sectores productivos, los mercados continúan mostrando reparos frente a la capacidad de la Argentina para sostener sus compromisos financieros. El Gobierno subordinó buena parte de sus decisiones económicas a la búsqueda de reconocimiento por parte de los inversores internacionales, pero los últimos movimientos de los activos argentinos indican que ese objetivo todavía está lejos de alcanzarse.

DE LAS CRÍTICAS A MACRI A LAS EXCUSAS DEL ACTUAL GOBIERNO

La escalada del riesgo país también recuperó una antigua declaración del propio Javier Milei, cuando todavía se desempeñaba como economista y crítico de la administración de Mauricio Macri. El 16 de diciembre de 2018, en medio de otra etapa de turbulencias financieras, el entonces opositor cuestionó las explicaciones del oficialismo macrista, que responsabilizaba al crecimiento electoral del kirchnerismo por el deterioro de la confianza de los mercados.

En aquella oportunidad, Milei escribió que los funcionarios de Cambiemos atribuían el aumento del riesgo país al temor que generaba una eventual vuelta de Cristina Fernández de Kirchner al poder. Sin embargo, el actual Presidente sostenía una interpretación muy diferente: consideraba que el verdadero problema estaba relacionado con el endeudamiento creciente y la falta de solvencia del Estado argentino.

En ese mismo mensaje fue todavía más contundente al señalar que el incremento del indicador respondía a una situación de endeudamiento explosivo que comprometía la capacidad de pago del país. También cuestionó la gestión económica de Mauricio Macri y vinculó el crecimiento de las expectativas favorables al kirchnerismo con la incompetencia del gobierno de aquel momento.

Ocho años después, el mandatario parece enfrentarse a una situación que guarda llamativas semejanzas con aquella que cuestionaba desde la oposición. La expresión «riesgo kuka» comenzó a instalarse en el discurso oficialista como una explicación para atribuir las dificultades financieras a las expectativas electorales y al eventual regreso del peronismo al Gobierno. De esta manera, el oficialismo vuelve a colocar sobre los factores políticos externos a su administración buena parte de la responsabilidad por las turbulencias económicas.

No obstante, el comportamiento de los mercados también responde a variables concretas vinculadas con la capacidad de financiamiento, el volumen de deuda, las reservas disponibles y la sustentabilidad del esquema económico. En ese sentido, el incremento del riesgo país no puede reducirse exclusivamente a las expectativas electorales, ya que también expresa las dudas de los inversores acerca de la posibilidad de que la Argentina pueda cumplir regularmente con sus obligaciones.

La situación adquiere mayor relevancia si se considera que la administración libertaria recibió un respaldo financiero extraordinario de Estados Unidos. Sin embargo, esa asistencia no alcanzó para disipar las incertidumbres ni para garantizar una mejora duradera en la percepción de los mercados internacionales.

EL COSTO SOCIAL DE UN AJUSTE QUE NO CONSIGUE SUS OBJETIVOS

El deterioro de los indicadores financieros contrasta con el enorme costo económico y social que implicó el programa de ajuste implementado desde diciembre de 2023. Desde el inicio de su mandato, Milei estableció el equilibrio fiscal como uno de los principales pilares de su gestión y avanzó con una profunda reducción de las erogaciones estatales.

La estrategia incluyó recortes en las transferencias a las provincias, reducción de la obra pública, ajustes en jubilaciones y salarios del sector público, disminución de subsidios y restricciones presupuestarias en distintas áreas de la administración nacional. El argumento oficial sostenía que la eliminación del déficit permitiría reducir las necesidades de financiamiento, controlar la inflación y sentar las bases para una recuperación económica sostenida.

Sin embargo, el impacto de estas decisiones se extendió mucho más allá de las cuentas públicas. La contracción de la actividad, la pérdida de ingresos y la caída de la demanda interna afectaron el funcionamiento de numerosos sectores productivos. Las dificultades para sostener los costos operativos, sumadas a la menor circulación de dinero, provocaron el cierre de establecimientos comerciales e industriales y limitaron las posibilidades de generación de nuevos puestos de trabajo.

Las estadísticas laborales permiten dimensionar la profundidad del retroceso. De acuerdo con los relevamientos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 437.611 empleos registrados y dejaron de existir 32.290 unidades productivas.

Los números reflejan una transformación significativa del entramado económico nacional, con consecuencias especialmente severas para las pequeñas y medianas empresas, que constituyen una parte fundamental del empleo y la producción en el país. Muchas de estas firmas enfrentaron una combinación de caída de ventas, encarecimiento de los costos, dificultades de financiamiento y menor demanda, un escenario que terminó comprometiendo su continuidad.

A este panorama se agregó la mayor presión de las importaciones sobre distintos rubros industriales. La apertura comercial, en un contexto de consumo interno debilitado y dificultades para competir en costos, incrementó los desafíos para numerosos fabricantes nacionales, que debieron afrontar una competencia más intensa en un mercado que todavía no muestra señales sólidas de recuperación.

SALARIOS DEBILITADOS Y FAMILIAS CADA VEZ MÁS ENDEUDADAS

La pérdida de poder adquisitivo constituye otro de los aspectos centrales del deterioro económico. Los ingresos de los trabajadores continúan condicionados por la evolución de los precios y por las dificultades para recuperar el terreno perdido durante los primeros meses del ajuste.

Según los datos mencionados, el salario real medido a través del índice RIPTE registró una caída interanual del 3%, una evolución que refleja las dificultades para recomponer los ingresos frente al costo de vida. La situación repercute directamente sobre el consumo, ya que una proporción cada vez mayor de los ingresos familiares debe destinarse a cubrir gastos esenciales, reduciendo la capacidad de compra de otros bienes y servicios.

El endeudamiento de los hogares también se convirtió en una señal de preocupación. Durante 2026, el crédito destinado al consumo acumuló una contracción del 9,4%, con retrocesos del 6,9% en los préstamos personales y del 11,6% en la financiación mediante tarjetas de crédito. A este panorama se suma que más de seis millones de personas presentan algún grado de mora en sus compromisos financieros.

La combinación de salarios debilitados, menor acceso al crédito y aumento de los atrasos en los pagos evidencia las dificultades que atraviesan numerosos hogares para sostener sus niveles habituales de consumo.

El impacto no se limita a la economía familiar. Cuando los trabajadores disponen de menos recursos, los comercios venden menos, las industrias reciben menos pedidos y las empresas encuentran mayores obstáculos para sostener sus niveles de producción. De esta manera, la retracción de la demanda termina alimentando un círculo de menor actividad, reducción de ingresos y dificultades para generar empleo.

La consecuencia es una economía en la que el equilibrio de las cuentas públicas convive con un mercado interno debilitado, mientras la recuperación de la inversión y la producción todavía no logra compensar los efectos contractivos del ajuste.

UNA ESCALADA FINANCIERA QUE VUELVE A ENCENDER LAS ALARMAS

La evolución registrada durante las últimas jornadas permite observar la velocidad con la que se deterioró la percepción de los mercados. El miércoles, el riesgo país se encontraba en 848 puntos básicos. Al día siguiente avanzó hasta los 931 y este viernes alcanzó los 1.071 puntos.

El incremento acumulado del 25,6% en apenas dos ruedas bursátiles llevó nuevamente al indicador por encima de la barrera de los 1.000 puntos, un nivel que no se observaba desde octubre de 2025, cuando la Argentina atravesaba otra etapa de inestabilidad y necesitó recurrir al respaldo del Tesoro estadounidense.

El regreso a esos valores representa un revés para la estrategia económica oficial, que buscaba consolidar una reducción sostenida del riesgo país como condición indispensable para recuperar el acceso al financiamiento internacional en condiciones menos onerosas.

Este indicador mide la diferencia de rendimiento que exigen los inversores para mantener títulos de deuda de un país en comparación con los bonos considerados de menor riesgo, particularmente los del Tesoro de Estados Unidos. Con un diferencial de 1.071 puntos básicos, la Argentina debe ofrecer una rentabilidad adicional de 10,71 puntos porcentuales respecto de los instrumentos estadounidenses de referencia.

Por ejemplo, si un bono del Tesoro norteamericano rindiera un 4% anual, un instrumento argentino de características comparables debería ofrecer aproximadamente un 14,71% para compensar el riesgo adicional percibido por los inversores.

Ese encarecimiento del financiamiento constituye un obstáculo importante para un país que necesita renovar vencimientos, conseguir divisas y recuperar el acceso a los mercados internacionales.

LOS VENCIMIENTOS DE DEUDA AUMENTAN LA PRESIÓN SOBRE CAPUTO

La preocupación financiera se intensifica ante los compromisos de deuda que deberá afrontar el Estado argentino. El próximo 9 de enero, el Tesoro tendrá que hacer frente a pagos estimados en aproximadamente 4.400 millones de dólares correspondientes a bonos soberanos.

La proximidad de esos vencimientos coloca a la administración de Luis Caputo frente a un desafío significativo: reunir los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones financieras en un contexto en el que el costo de conseguir financiamiento externo permanece en niveles elevados.

El problema no se limita al monto que debe pagarse. También resulta determinante la capacidad del país para renovar sus compromisos, conseguir nuevas fuentes de financiamiento y fortalecer sus reservas internacionales sin generar mayores tensiones sobre el mercado cambiario.

La escalada del riesgo país dificulta ese objetivo, ya que reduce las posibilidades de obtener crédito internacional a tasas razonables y obliga al Gobierno a buscar alternativas para cubrir sus necesidades financieras.

En ese escenario, los inversores observan con especial atención la evolución de las reservas, la disponibilidad de dólares y la consistencia de las medidas económicas. Cualquier señal de debilidad en esos indicadores puede traducirse rápidamente en una mayor presión sobre los bonos soberanos y los activos argentinos.

EL CONTEXTO INTERNACIONAL TAMPOCO AYUDA

A las dificultades internas se suma un escenario internacional que podría encarecer todavía más las condiciones de financiamiento. Según las proyecciones de JP Morgan, la Reserva Federal de Estados Unidos incrementaría las tasas de interés en 25 puntos básicos durante cada una de sus próximas tres reuniones, lo que representaría una suba acumulada de 75 puntos básicos.

Las estimaciones de Bank of America y Deutsche Bank también contemplan una trayectoria de endurecimiento monetario en la principal economía del mundo.

Un aumento de las tasas estadounidenses suele generar mayores rendimientos para los activos considerados seguros y puede provocar una reasignación de capitales desde los mercados emergentes hacia instrumentos de menor riesgo. Para países con necesidades de financiamiento elevadas, como la Argentina, este movimiento representa una dificultad adicional.

En otras palabras, si Estados Unidos ofrece mejores rendimientos con menores niveles de riesgo, los inversores pueden exigir mayores compensaciones para colocar su dinero en economías con antecedentes de inestabilidad financiera y dificultades de pago.

Este contexto internacional puede profundizar las tensiones sobre los bonos argentinos y dificultar todavía más el objetivo oficial de reducir el riesgo país.

EL DÓLAR TAMBIÉN REFLEJÓ LA DESCONFIANZA

La incertidumbre financiera tuvo su correlato en el mercado cambiario, donde las distintas cotizaciones del dólar registraron incrementos durante la semana.

El dólar mayorista finalizó en 1.580 pesos, con una suba semanal del 2,4%, la más pronunciada desde abril de 2025. En el Banco Nación, la cotización minorista llegó a los 1.600 pesos, mientras que el contado con liquidación alcanzó los 1.782,10 pesos.

La diferencia entre las cotizaciones oficiales y financieras se amplió hasta el 12,8%, una señal de las tensiones que persisten en el mercado de cambios.

Al mismo tiempo, los títulos públicos argentinos registraron importantes retrocesos, con pérdidas superiores al 3% en algunos casos. Las acciones de compañías nacionales que cotizan en Wall Street también volvieron a mostrar resultados negativos, acompañando el clima de cautela que predominó entre los inversores.

La caída de los bonos y las acciones, junto con el aumento del riesgo país y la presión sobre el dólar, configuró un escenario de marcada debilidad para los activos financieros argentinos.

La situación deja al descubierto que la estabilidad cambiaria y fiscal que busca exhibir el Gobierno todavía enfrenta importantes desafíos. Aunque el oficialismo sostiene que el ordenamiento de las cuentas públicas constituye la base para una recuperación sostenida, los mercados continúan evaluando otros factores, como la capacidad de generar divisas, el nivel de actividad, las reservas disponibles y la posibilidad de cumplir con los vencimientos de deuda.

LA CONTRADICCIÓN DE UN MODELO QUE PROMETIÓ CONFIANZA Y ENFRENTA NUEVAS DUDAS

La actual escalada del riesgo país vuelve a poner en discusión el rumbo económico de Javier Milei y, particularmente, la estrategia financiera diseñada por Luis Caputo. La administración libertaria justificó buena parte de sus decisiones en la necesidad de recuperar la confianza internacional, ordenar las cuentas públicas y demostrar que la Argentina podía convertirse nuevamente en un destino atractivo para los capitales.

Sin embargo, los últimos acontecimientos muestran que ese objetivo no está garantizado. El ajuste fiscal se tradujo en una fuerte contracción de distintos sectores de la economía, mientras que los indicadores laborales reflejan una importante destrucción de puestos de trabajo y unidades productivas. Los salarios continúan bajo presión, el consumo permanece debilitado y las familias enfrentan crecientes dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

A pesar de ese escenario, la respuesta de los mercados volvió a ser negativa. El riesgo país superó los 1.000 puntos, los bonos soberanos retrocedieron, las acciones argentinas perdieron valor y el dólar registró una suba semanal significativa.

La situación adquiere una dimensión política adicional cuando se recuerdan las declaraciones que el propio Milei formulaba durante el gobierno de Mauricio Macri. En aquel momento rechazaba que las dificultades financieras fueran atribuidas exclusivamente al temor por un eventual regreso del kirchnerismo y señalaba como causas centrales el endeudamiento excesivo y los errores de gestión.

Ahora, desde la Presidencia, el mandatario enfrenta un escenario en el que las explicaciones políticas conviven con interrogantes económicos cada vez más profundos.

Después de casi tres años de ajuste, con cientos de miles de puestos laborales perdidos, decenas de miles de empresas desaparecidas y una marcada pérdida de poder adquisitivo, el Gobierno todavía no consiguió consolidar la confianza financiera que presentó como uno de los principales objetivos de su gestión.

El interrogante central ya no pasa únicamente por la evolución del riesgo país o por la capacidad del ministro Caputo para conseguir los dólares necesarios para afrontar los próximos vencimientos. También involucra la sustentabilidad de un modelo económico que trasladó una parte considerable de sus costos sobre los trabajadores y el aparato productivo, con la expectativa de que los beneficios de la estabilidad llegarían posteriormente.

Por ahora, esa promesa continúa sin traducirse en una recuperación sólida del mercado interno ni en una mejora sostenida de las condiciones de financiamiento. La paradoja del programa libertario es que, mientras exige nuevos sacrificios a la sociedad en nombre de la confianza de los inversores, son precisamente esos inversores quienes vuelven a expresar sus dudas sobre la economía argentina.

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