ATE encabeza un paro nacional y una movilización al Congreso, en coincidencia con una jornada de reclamo de los movimientos populares. Advierten sobre un «disciplinamiento» de los trabajadores y denuncian una nueva oleada de despidos en el Estado.
El gobierno del presidente Javier Milei enfrentará este martes su primera manifestación de fuerza opositora en las calles, concretada en un paro nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y una masiva concentración frente al Congreso de la Nación. La medida de acción directa, ratificada por la conducción gremial, constituye un rechazo frontal al proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo tiene previsto enviar al Parlamento en las próximas horas, en el marco de las sesiones extraordinarias.
El contenido del borrador, que ya circula en los ámbitos políticos y sindicales, genera una profunda alarma en el mundo del trabajo. Según trascendidos, la iniciativa promueve un severo recorte de derechos históricos. Entre sus puntos más controversiales, se encuentra una sustancial reducción de las indemnizaciones por despido, la creación de un fondo específico para financiar cesantías, restricciones al ejercicio del derecho de huelga, la posibilidad de extender la jornada laboral y un claro incentivo para que los acuerdos salariales se negocien por empresa, debilitando los convenios colectivos por rama de actividad.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, calificó la reforma como una herramienta de carácter “mercantil” cuyo objetivo último es el “disciplinamiento” de la fuerza laboral. “Resulta falaz sostener que esta iniciativa busca mejorar la competitividad o reactivar la economía. La historia reciente demuestra que la etapa de mayor generación de empleo registrado en el país se dio precisamente con mecanismos de protección reforzada, como la doble indemnización. La salida a la crisis actual no pasa por eliminar conquistas, sino por fortalecer la negociación colectiva”, argumentó el dirigente, evocando experiencias internacionales fallidas tras la crisis del 2009.
El malestar se ve potenciado por la amenaza de una nueva y extensa ola de despidos dentro de la administración pública nacional. Bajo la dirección del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se planifica una reducción de personal que podría alcanzar al diez por ciento de los empleados estatales. El plan se focalizaría en una treintena de organismos descentralizados, incluyendo instituciones clave como el CONICET, el Archivo General de la Nación, la ANSES, el INDEC y diversos entes reguladores.
En paralelo al paro de ATE, las principales organizaciones sociales llevarán adelante una jornada simultánea de lucha en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Bajo la consigna “Territorios en Lucha”, confluyen en la plaza del Congreso para expresar su rechazo unánime a la reforma y exigir al gobierno el reconocimiento de los derechos de los trabajadores de la economía popular.
El pliego de demandas sociales es amplio y urgente. Solicitan la inmediata reactivación del salario social complementario, actualmente congelado en una suma que consideran insuficiente, y la reanudación de las obras públicas destinadas a la urbanización de barrios populares. Asimismo, exigen la restitución de los envíos de alimentos a los comedores comunitarios y un freno a la apertura indiscriminada de importaciones, que afecta severamente a talleres textiles, cooperativas de cartoneros y productores de la agricultura familiar.
Otro punto crítico es el futuro de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Las organizaciones denuncian que el Presupuesto 2026, enviado por la Casa Rosada, elimina la garantía legal que vinculaba su actualización automática a los aumentos de las jubilaciones, atada a la inflación. Esta medida, interpretada como un desenganche, genera temor por una rápida pérdida del poder adquisitivo de este subsidio vital para millones de hogares.
La jornada de este martes marca así un punto de inflexión, donde el descontento sindical y la protesta social convergen en un mismo escenario, configurando un frente común de resistencia contra las políticas económicas y laborales del gobierno de Milei.
