Con la mira puesta en cerrar el año con dos leyes clave exigidas por Washington, el oficialismo presiona para obtener media sanción de la flexibilización laboral antes de Navidad. La oposición y los sindicatos rechazan lo que consideran un retroceso histórico para los derechos de los trabajadores, mientras dentro del recinto crecen las dudas sobre la urgencia del trámite exprés.
El Gobierno nacional pisó el acelerador para cumplir antes de fin de año con un doble objetivo legislativo que lleva la firma de sus compromisos internacionales: la aprobación del primer presupuesto de su gestión y una profunda reforma laboral. El informe final del Consejo de Mayo quedó atrás, y ahora la administración libertaria se enfoca en una carrera contra el tiempo, buscando despejar ambos proyectos en el Congreso en los escasos días hábiles que restan.
La ministra Patricia Bullrich emerge como la figura central de esta ofensiva, procurando erigirse en la única interlocutora válida del debate. Su estrategia implica ejercer presión para que la vicepresidenta Victoria Villarruel, a su regreso de España, active de inmediato la conformación de las comisiones en el Senado y disponga el giro del polémico proyecto. El calendario que maneja la exministra de Trabajo es tan ambicioso como ajustado: aspira a lograr dictamen a fines de esta semana y llevar la reforma al recinto la próxima semana, concretamente el 19 de diciembre.
Esta premura genera desconcierto incluso entre los sectores más proclives al diálogo dentro del arco político, quienes cuestionan la necesidad de un “debate exprés” para una norma de tamaña envergadura. Mientras tanto, el peronismo, agrupado en Unión por la Patria, afila sus propuestas para sumergirse de lleno en la discusión. Desde ese espacio se alzan voces de alerta, sosteniendo que la iniciativa oficial “busca consolidar un modelo de precarización donde los trabajadores seguirán retrocediendo: menos derechos, más horas de trabajo, salarios más bajos”. En señal de abierto desacuerdo, la CGT optó por ausentarse de la presentación del informe en la Rosada y convocó de urgencia a su Consejo Directivo para trazar una estrategia de resistencia.
La batalla por el control de las comisiones legislativas ya comenzó, anticipando la tensión que marcará la asunción de los nuevos legisladores este miércoles. Con instrucciones directas de la Casa Rosada, los líderes oficialistas Martín Menem y la propia Bullrich tienen la misión de conseguir la media sanción tanto del presupuesto como de la reforma laboral antes de las festividades navideñas. Un paquete que, según la visión crítica, constituiría un “regalo” del presidente Milei a los empleadores, recortando derechos laborales con la promesa de generar más contrataciones.
Entre ambas iniciativas, la Ley de Presupuesto parece contar con un camino algo más despejado, proyectándose su aprobación en Diputados para mediados de diciembre. La reforma laboral, en cambio, enfrenta un itinerario complejo. Bullrich espera que las comisiones de Trabajo y Presupuesto del Senado queden constituidas de inmediato. Existen rumores de que la propia ministra podría presidir una de ellas para imprimirle mayor celeridad al tratamiento. Su meta es llevar el proyecto al hemiciclo el 19 de diciembre, una fecha que carga con el peso simbólico de los episodios de 2001.
Pese a la intensa actividad, el texto de la reforma aún no había sido presentado formalmente al cierre de esta edición. Fuentes oficialistas explicaron que recién ingresará el jueves, una vez que el presidente Milei, actualmente de viaje, le ponga su firma. No obstante, la preparación avanza: el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya instruyó en el Congreso a la tropa libertaria sobre los lineamientos del debate. Incluso dentro del oficialismo y sus aliados, sin embargo, se reconoce lo dificultoso que resultará cerrar el año con la reforma aprobada, pues de lograr la media sanción en el Senado, su discusión en la Cámara Baja se postergaría probablemente para enero o febrero.
El rechazo se organiza. La oposición peronista mantuvo contactos con el sindicalismo y prepara sus argumentos. La flamante diputada y secretaria del Partido Justicialista, Teresa García, calificó la iniciativa como “un claro retroceso en el mundo del trabajo”. Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof ironizó: “Pura naftalina cómo huele esto. Vinieron a modernizar… y la verdad es que es la reforma de los 90”. Desde Unión por la Patria insisten en que no se oponen a una actualización normativa, sino a lo que consideran “la precarización laboral disfrazada de reforma”, y plantean como pilares alternativos la recuperación urgente del salario, la reducción de la jornada laboral y la ampliación de derechos que integren las nuevas tecnologías con protección real.
Analistas externos refuerzan estas críticas. Para el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano, el proyecto implica “un retroceso estructural” y “la legalización del fraude laboral”, al invertir la presunción de laboralidad y dejar en un vacío legal a trabajadores de plataformas y monotributistas. Además, advierte sobre el riesgo que suponen medidas como reducir aportes a obras sociales y usar fondos previsionales para financiar despidos, lo que podría llevar la rotación laboral “al máximo histórico” y comprometer la salud del sistema jubilatorio. “No es modernización”, sentencia Ottaviano, “es desprotección”.
En el corazón del debate subyace una pregunta crucial: ¿quién gana y quién pierde? El Gobierno argumenta que la flexibilización dinamizará el mercado laboral, pero sus detractores ven un esquema diseñado para debilitar la posición del trabajador, ampliar la jornada efectiva, abaratar los despidos y congelar salarios, profundizando un modelo de precariedad que, aseguran, beneficiará solo a un sector minoritario. En estas horas decisivas, el reloj legislativo parece avanzar más rápido que la posibilidad de un consenso amplio, dejando una profunda división sobre el futuro del trabajo en la Argentina.
