Bajo la promesa de libertad, el gobierno despliega una arquitectura institucional donde el mercado dicta las reglas, se cercenan garantías laborales y se revisa la memoria histórica. Con inflación persistente y una reforma que retrocede un siglo, la protesta crece en las calles mientras el oficialismo busca imponer su agenda en el Congreso.
El rumbo que ha emprendido la actual administración se asemeja cada vez más al esbozo de una comunidad despojada de garantías fundamentales, estructurada según los designios del mercado. Este mecanismo, erigido como nuevo soberano, pretende determinar desde la suerte judicial de las personas hasta los momentos de descanso, organizándose mediante una rígida pirámide cuyo escalón superior ocupa el poder económico. La tan promocionada libertad de los sectores libertarios exhibe, así, una consistencia tan frágil como engañosa. Y, como añadido, la inflación persiste. Quienes llegaron a creer que el sacrificio tendría recompensa recibieron una noticia amarga con el último índice oficial: desempleo, cierre de negocios y, pese a todo, alza constante de precios.
Esta realidad se vio subrayada en una semana cargada de simbolismo. Mientras asumía Joaquín Mogaburu —una figura vinculada a círculos que reivindican a represores y promotor de una “memoria completa” que aboga por la reconciliación con el pasado— en la Subsecretaría de Derechos Humanos, ingresaba en el Parlamento una iniciativa de reforma laboral. Esta combinación no es azarosa, sino que se alinea con un protocolo de seguridad que penaliza la protesta pública, un decreto que habilita la intervención castrense en conflictos internos y una propuesta legal que suprime el derecho de huelga y erosiona otras conquistas de los trabajadores.
Frente a este escenario, la respuesta social no se hizo esperar. Durante todo el mes, decenas de actos en centros culturales, sitios de memoria y plazas públicas a lo largo del país reivindicaron la vigencia de los derechos humanos. El jueves, la Plaza de Mayo fue el epicentro de un festival encabezado por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. En paralelo, la CGT convocó a una movilización para rechazar el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo.
El panorama que se consolida es el de una sociedad donde los derechos humanos, laborales y a la protesta se desvanecen. También se debilita la protección contra abusos como la tortura, en un contexto donde ciertos sectores piden la liberación de condenados por tales delitos durante la última dictadura. En el modelo libertario, los sujetos de derecho se difuminan, aun para muchos electores que, quizás sin saberlo, votaron por perder protecciones que antes poseían.
Según esta lógica, el mercado se convierte en el único proveedor de alimentación, educación y salud. Un sistema que, incluso en democracia, presentaba falencias, ni siquiera se plantea como obligación para el sector privado, pues solo reconoce prerrogativas acordes al capital acumulado. Se alude al mérito, pero los derechos no son un trofeo que se gana; son inherentes a la persona y conllevan responsabilidades. La democracia, al menos, parte del reconocimiento universal de esos derechos básicos; luego, es tarea del Estado hacerlos efectivos.
Los libertarios han imaginado una democracia reducida al acto electoral, pero vaciada de contenidos sustanciales. Y los derechos, por definición, son universales. Cuando se restringen a un grupo minoritario, el sistema deja de ser democrático. Este gobierno profesa devoción por la libertad y la democracia, pero su receta concreta las desnaturaliza por completo.
El programa económico en marcha alimenta una tendencia antidemocrática que se profundiza. Reabre el ciclo de endeudamiento externo, festín financiero y fuga de capitales iniciado en la dictadura, y presenta una continuidad inquietante con el plan de José Alfredo Martínez de Hoz, el cual exigía el disciplinamiento forzado de la sociedad. Aquella vez, el instrumento fue el terrorismo de Estado; hoy, son las grandes corporaciones las que redactan las leyes laborales y entidades como el JP Morgan las que delinean la política financiera.
Mientras el presidente Javier Milei viajaba a Oslo para sumarse a un acto de apoyo a la opositora venezolana Corina Machado —en una demostración de alineamiento con la agenda de Donald Trump—, desde su gobierno se filtraban los aspectos más lesivos de la reforma laboral, aquellos que confiscan salarios y degradan la calidad de vida. Federico Sturzenegger apareció como el portavoz de las medidas más duras, en una puesta en escena de “policía malo”, frente a figuras más negociadoras como Santiago Caputo y Martín Menem. En este teatro, sin embargo, no hay héroes.
El oficialismo ha enmarcado la iniciativa como una “modernización”, pero su texto —elaborado por estudios jurídicos al servicio de grandes empresas— retrotrae las relaciones laboral a paradigmas del siglo pasado, bajo una concepción casi medieval donde el trabajador debe agradecer al capital por el mero hecho de ser ocupado.
La estrategia gubernamental es impulsar el proyecto por el Senado, donde cuenta con bloques aliados. Sin embargo, su carácter regresivo ha unido en el rechazo al peronismo, la CGT y las centrales obreras. La oposición advirtió que, por incluir cláusulas impositivas, la iniciativa debe nacer en la Cámara de Diputados, y ya trabaja en una propuesta alternativa, pues considera que la oficial no contiene ningún punto favorable a los trabajadores.
El viaje presidencial a Oslo, donde Milei finalmente actuó ante un escenario semi vacío —sin la presencia de Machado ni de Trump—, estuvo marcado por masivas protestas contra la obsecuencia del Comité Nobel. Este episodio se enmarca, según analistas como el griego Yanis Varoufakis, en una estrategia geopolítica agresiva de Estados Unidos, que busca reafirmar su control sobre Latinoamérica para asegurarse recursos y frenar a China. Argentina, con un gobierno sumiso, se presenta como un candidato ideal para este proyecto neocolonial extractivista.
En el interín de ese viaje, el Instituto Nacional de Estadística reveló una inflación del 2,5% para el mes pasado. Un índice que supera los peores registros de gobiernos anteriores, con la agravante de que los salarios hoy están congelados. Este repunte ocurrió sin reactivación del consumo, sin devaluación y con supuesto superávit fiscal. Mientras tanto, el desempleo crece, los recortes se profundizan, las rutas se deterioran, las obras públicas brillan por su ausencia y las jubilaciones han perdido cerca de un treinta por ciento de su poder adquisitivo. Ajuste tras ajuste, la inflación perdura, recordando a una ciudadanía exhausta que, pese a los discursos de eficiencia, la mesa cada día tiene menos platos y más incertidumbre.
