Tras 44 años, un oficial en servicio vuelve a comandar la cartera castrense. El nuevo ministro designa a un equipo donde predominan los uniformados, incluyendo a funcionarios cuestionados por su visión sobre los derechos humanos.
En un acto solemne celebrado en el Edificio Libertador, el presidente Javier Milei presidió este viernes la ceremonia en la que tomó juramento al teniente general Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa. La designación marca un punto de inflexión en la política castrense argentina, ya que se trata del primer militar en actividad que ocupa ese cargo en más de cuatro décadas.
El flamante ministro, quien hasta ahora se desempeñaba como comandante del Ejército, se mantendrá en situación de “disponibilidad” dentro de la fuerza. Su llegada al gabinete implica una fuerte militarización de la cartera, ya que cuatro de los seis funcionarios principales que lo acompañarán también vestirán uniforme.
Entre las designaciones más significativas figura la de Guillermo Madero, quien oficiará como jefe de gabinete. Madero, proveniente de la gestión del ahora diputado Luis Petri, ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos por obstaculizar la búsqueda de niños robados durante la última dictadura, visitar unidades donde están detenidos represores y referirse a una supuesta “industria de los juicios por derechos humanos”, una expresión que retoma declaraciones previas de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Presti, incorporado al Ejército durante la democracia, es hijo de un exjefe militar de la dictadura. Su padre, Roque Presti, estuvo al frente del Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de La Plata, unidad vinculada a secuestros y desapariciones en el Área 113, incluido el caso de los adolescentes de la Noche de los Lápices y la apropiación de Clara Anahí Mariani Teruggi. El nuevo ministro nunca se ha referido públicamente a los crímenes por los que su padre fue procesado y detenido.
La composición del equipo de Presti refuerza la percepción de un distanciamiento de las políticas de memoria impulsadas en años anteriores. En la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa fue designado el teniente coronel retirado Daniel Martella, hijo de un represor condenado a prisión perpetua en el megajuicio de La Perla. Su nombramiento se inscribe en una línea de reivindicación de apellidos asociados a la represión, promovida durante la gestión de Petri.
Otros cargos clave quedarán en manos de militares como el general de división Alberto Puebla —compañero de promoción de Presti—, quien estará al frente de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares. El único civil confirmado hasta el momento es Mario Katzenell, quien continuará dirigiendo la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa.
La ceremonia de jura contó con la presencia del embajador estadounidense, Peter Lamelas, con quien Madero mantuvo una animada conversación. Previamente, Presti y su esposa, la abogada Verónica Beltramino —asesora legal en el Ministerio de Defensa—, habían coincidido con el diplomático en un evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.
Quedan pendientes definiciones en áreas sensibles como la Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario, así como la crítica situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que arrastra una deuda superior a los doscientos mil millones de pesos.
Analistas del ámbito castrense interpretan estas designaciones como una demostración de poderío del Ejército dentro del gobierno. “En el Ejército están de fiesta”, comentó una fuente cercana al Libertador, aunque advirtió sobre los desafíos que supone la participación activa de militares en roles políticos. La próxima asunción del general Oscar Santiago Zarich como jefe del Ejército y el regreso de un vicealmirante al Estado Mayor Conjunto después de tres décadas podrían consolidar este nuevo rumbo.
La gestión de Presti se enfrenta, así, a un doble desafío: redefinir el rol de las Fuerzas Armadas en un contexto democrático y gestionar las tensiones que surgen de una visión crítica sobre las políticas de memoria, verdad y justicia.
