Mediante el Decreto 735/2026, el Poder Ejecutivo extiende el manto de confidencialidad a las operaciones de mantenimiento y actualización del sistema de armas adquirido por la Fuerza Aérea, blindando con carácter reservado toda la logística vinculada a piezas, motores y armamento, en una estrategia que profundiza la política de hermetismo iniciada en 2024 con la compra de las aeronaves supersónicas a Dinamarca.
En las primeras horas de esta jornada, el Gobierno nacional oficializó una medida que robustece el cerco de confidencialidad en torno al equipamiento bélico de vanguardia que opera en el país. A través del decreto 735/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo determinó la extensión de la categoría de secreto militar a todas las actividades relacionadas con la exportación de materiales pertenecientes al sistema de armas recientemente incorporado por la Fuerza Aérea Argentina (FAA). Esta disposición implica que cualquier operación de traslado de componentes hacia el exterior, ya sea para fines de mantenimiento, modernización o reparación, quedará resguardada bajo estrictos protocolos de acceso restringido, limitando la información únicamente al personal debidamente habilitado.
La nueva normativa, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del titular de la cartera de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, amplía de manera significativa el espectro de elementos considerados sensibles. En su articulado, la disposición incluye bajo este paraguas de protección a las partes constitutivas de las aeronaves, los propulsores, los elementos de recambio, así como el arsenal de combate y el material empleado en los entrenamientos. El argumento esgrimido por la Casa Rosada para justificar esta blindaje informativo gira en torno a la naturaleza estratégica de estos recursos, los cuales requieren un salvaguarda integral de sus especificaciones técnicas y logísticas para evitar vulnerabilidades en la defensa nacional. Se enfatiza que la exportación que se concrete en el futuro tendrá como único propósito la ejecución de labores de puesta a punto y mejora de los sistemas, entre otras tareas afines, según consta en los considerandos del texto oficial.
Este decreto no surge de manera aislada, sino que se inscribe en una secuencia meticulosa de disposiciones que comenzaron con la adquisición del propio sistema de armas. La memoria oficial recuerda que fue en abril de 2024, mediante el decreto 370/2024, cuando el Poder Ejecutivo declaró por vez primera el carácter reservado de la operación contractual original para la compra de los 24 cazas F-16 procedentes de Dinamarca. Aquella decisión inicial sentó un precedente que se fue robusteciendo con el paso de los meses. En septiembre de ese mismo año, el decreto 807/2024 extendió dicha clasificación a la contratación de obras de infraestructura crítica y a la importación del material conexo, abarcando las instalaciones de la VI Brigada Aérea con asiento en Tandil y el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, que se convirtieron en los epicentros logísticos para la recepción y alistamiento de los jets.
La cadena de restricciones continuó su avance antes de que finalizara el 2024. El decreto 1073/2024 actuó como eslabón siguiente al blindar los contratos adicionales necesarios para la integración de equipos complementarios y el desarrollo de capacidades suplementarias al sistema base. En aquella oportunidad, la medida abarcó no solo los acuerdos con el reino escandinavo, sino también los convenios suscritos con Estados Unidos a través del programa de Ventas Militares al Exterior (Foreign Military Sales) y con la propia Armada estadounidense, evidenciando la complejidad de un entramado de adquisiciones que trasciende fronteras. El paquete original, que incluyó cuatro simuladores de vuelo de alta fidelidad, ocho motores adicionales y un stock de repuestos con garantía por un lustro, además de la instrucción especializada para pilotos y personal técnico de tierra, fue posible gracias a las gestiones diplomáticas oficiosas que Washington realizó ante el Reino Unido para sortear los históricos vetos que pesaban sobre ciertos componentes de origen británico.
El detonante inmediato para la emisión del nuevo decreto radica en un hito operativo reciente. Según se desprende de los fundamentos vertidos en el Boletín Oficial, el pasado 30 de marzo de 2026 se dio inicio formal a las actividades de vuelo del sistema de armas en el Área Material Río Cuarto, un hecho que marca la plena vigencia operativa de los F-16 en el cielo argentino. Frente a esta nueva realidad, el Ejecutivo subrayó la perentoria necesidad de dictar disposiciones específicas que regulen la eventual salida del país de componentes críticos, con el objeto de garantizar que las tareas de mantenimiento periódico y las actualizaciones tecnológicas puedan realizarse sin exponer información sensible a la intemperie. Se argumenta que la naturaleza de estos elementos —células de aviones, turbinas, sistemas de armas reales y de entrenamiento— exige un tratamiento diferencial que asegure la integridad de los secretos industriales y tácticos involucrados.
En cuanto a la implementación práctica de esta directriz, la responsabilidad recae de manera directa en la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, dependiente del Ministerio de Defensa. Este organismo será el encargado de instrumentar los actos conducentes para efectivizar las exportaciones con arreglo a la nueva clasificación de secreto, lo que implica que todos los procedimientos administrativos, aduaneros y de control asociados a estos traslados quedarán sustraídos del conocimiento público y sujetos a la jurisdicción de los tribunales militares. La norma autoriza expresamente a dicha secretaría a desplegar todas las acciones necesarias para alcanzar dicho fin, consolidando así un esquema de hermetismo que busca preservar la ventaja estratégica adquirida y evitar que potencias extranjeras o actores hostiles puedan acceder a detalles cruciales sobre el estado y las capacidades de la flota de combate. Con esta resolución, la administración nacional no solo refuerza la seguridad operativa de sus escuadrones, sino que también sienta un precedente en la gestión de la defensa, priorizando el resguardo de la información por encima de la transparencia en asuntos que considera vitales para la soberanía.
