Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, expuso los lineamientos de la iniciativa oficial, pero sus afirmaciones chocan con asesores del propio Gobierno y anticipan una aplicación plagada de inconsistencias jurídicas y disputas sociales.
En un intento por clarificar los alcances del proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo impulsa en el Senado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ofreció este viernes una serie de declaraciones que, lejos de despejar el panorama, profundizaron las incertidumbres y exhibieron fisuras al interior del oficialismo. La exposición del funcionario, señalado como arquitecto intelectual de la iniciativa, puso el foco en una cuestión crucial: la aplicación retroactiva de los cambios normativos, un punto que genera intensa polémica y divide incluso a los cercanos al Gobierno.
Sturzenegger sostuvo con énfasis que las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo regirán para la totalidad de los vínculos laborales del sector privado, sin distinción entre contrataciones futuras y aquellas ya vigentes. “La reforma laboral es para todos los empleos, no para los nuevos”, afirmó, implicando que alteraciones en indemnizaciones, vacaciones, licencias y otros beneficios afectarán por igual a trabajadores actuales y nuevos ingresantes. Esta postura, sin embargo, se topa frontalmente con la opinión de Julián de Diego, el letrado que asesoró en la confección del proyecto. Para el experto, numerosos aspectos de la normativa no podrían aplicarse de modo automático a los contratos en curso debido a la existencia de derechos adquiridos, un desacuerdo técnico que anticipa una marejada de litigios judiciales y opaca la viabilidad concreta de la propuesta.
El texto ingresado al Congreso propone transformaciones profundas. Entre ellas, destaca una reducción sustancial de la base para calcular indemnizaciones por despido, al excluir conceptos como vacaciones, aguinaldo y premios. Asimismo, faculta a las pequeñas y medianas empresas a fraccionar esos pagos. Otro cambio significativo autoriza la división del período de vacaciones en segmentos no inferiores a siete días, los cuales podrían otorgarse en cualquier momento del año. Respecto a las licencias por enfermedad prolongada, se concede a las empresas la potestad de reubicar al empleado en un cargo diferente.
La filosofía que sustenta estas medidas fue explicada por el propio Sturzenegger. Para el ministro, el núcleo del problema del mercado laboral argentino no radica en una merma de derechos o en la destrucción de puestos, sino en un “exceso de regulación” que, a su juicio, sofoca la creación de empleo. No obstante, esta visión es rebatida desde dentro. Julián de Diego, en abierta contradicción, manifestó: “No creo que esta reforma laboral cree más empleo registrado”. Y agregó un argumento económico fundamental: “Si el país no tiene crecimiento económico, no se va a crear empleo”. Esta divergencia pone en evidencia la falta de consenso incluso en las bases conceptuales de la iniciativa.
La figura de Sturzenegger, a quien el presidente Javier Milei denominó “el Coloso”, se erige como símbolo de una cruzada desreguladora que, según sus críticos, se ejerce con una “motosierra” institucional. Su batalla declarada contra “el modelo de la casta” es interpretada por amplios sectores del movimiento obrero como un ataque directo a los sindicatos y a los derechos históricos de los trabajadores. En este marco, tres pilares del proyecto son particularmente sensibles: la modificación de la prelación de convenios, que prioriza los acuerdos por empresa sobre los de actividad, socavando la negociación colectiva tradicional; la reducción de aportes patronales y la creación de un fondo para despidos; y el establecimiento de un régimen especial para trabajadores de plataformas digitales, que libera a estas empresas de obligaciones básicas como proveer elementos de seguridad.
Las explicaciones del ministro, amplificadas mediante un extenso mensaje en la red social X, no lograron aplacar los ánimos. Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra, acusó a Sturzenegger de ser “mal intencionado” y de promover un planteo “extremadamente ideológico y antisindical”, razón por la cual abandonó las reuniones del Consejo de Mayo, ámbito que el Gobierno pretendía como espacio de diálogo. La Confederación General del Trabajo, inicialmente convocada, también retiró su participación y convocó a una movilización al Congreso para el próximo jueves, en señal de rechazo total a la reforma.
Así, mientras Sturzenegger promete un nuevo orden con menos litigiosidad –basado en el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires y la eliminación del principio de interpretación “a favor del trabajador”–, el proyecto navega en aguas turbulentas. La discordia interna, la oposición frontal de los sindicatos y las serias dudas sobre su encuadre legal y su impacto real en la generación de empleo, dibujan un escenario complejo para una reforma que se promueve como transformadora, pero que de momento sólo ha logrado evidenciar profundas grietas y prometer una conflictividad creciente.
