La provincia derogó la prohibición total vigente desde 2021 y estableció un marco regulatorio para el cultivo de salmónidos. Excluye áreas sensibles como el Canal Beagle y apunta a atraer inversiones, generar puestos de trabajo y diversificar la economía fueguina.
La Legislatura de Tierra del Fuego sancionó una norma que habilita el desarrollo de la acuicultura en la provincia, marcando un giro en la política productiva regional al permitir el cultivo de salmones y truchas bajo parámetros de sostenibilidad ambiental. La nueva ley deroga la anterior legislación que impedía por completo esta actividad y redefine el horizonte económico fueguino, creando expectativas de inversión, generación de empleo y expansión del sector.
El debate parlamentario se dio en un contexto de cuestionamientos al régimen de promoción industrial histórico, que por años otorgó beneficios fiscales a la provincia. La llamada Ley de Acuicultura Sostenible se presentó como un primer paso hacia la diversificación de la matriz productiva, con especial foco en el norte fueguino, señalado por sus condiciones climáticas y la calidad de sus aguas como zona idónea para el despliegue de la actividad.
Uno de los propósitos declarados es atraer capitales y tecnología aplicada a toda la cadena de valor, incluyendo genética, alimentación, logística y procesamiento industrial. Según proyecciones de los sectores involucrados, esto podría traducirse en la apertura de fuentes laborales en investigación, mantenimiento de plantas, operaciones logísticas y servicios especializados.
El impulso inicial de la iniciativa correspondió al senador Agustín Coto, referente de La Libertad Avanza, quien articuló los apoyos necesarios en el arco parlamentario. El gobernador Gustavo Melella había manifestado con anterioridad su respaldo, destacando en mayo pasado que el desarrollo acuícola representa una oportunidad para crear empleo y reactivar sectores productivos en declive. “Somos conscientes de la necesidad de cuidar el ambiente, pero tenemos que generar empleo”, afirmó el mandatario.
El régimen aprobado no solo elimina la prohibición absoluta, sino que instaura un sistema de evaluación ambiental riguroso y reglas claras para la radicación de proyectos. El texto excluye expresamente la instalación de salmoneras en el Canal Beagle, la Laguna Esmeralda y el Lago Fagnano, por su relevancia ambiental y turística, al tiempo que habilita la producción en otras zonas consideradas aptas bajo estándares internacionales.
La provincia busca capitalizar ventajas naturales que la acercan a perfiles de regiones exitosas como Noruega e Islandia, donde la acuicultura se convirtió en una fuente estratégica de ingresos. La temperatura fría y las características del agua favorecen el desarrollo de salmónidos de exportación.
En redes sociales, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la sanción: “Otro paso hacia la normalidad. Tierra del Fuego tiene que desarrollar sus ventajas competitivas”. Por su parte, el senador Coto destacó que la norma reemplaza “la prohibición total por un marco moderno y regulado”, lo que se traducirá en “más empleo para los fueguinos, más alimentos de calidad, más exportación y una Provincia que es un activo para la Nación”.
El turismo, sector que emplea a más de 16.000 personas y es la principal fuente de ingresos regional, fue mencionado por las autoridades como una actividad prioritaria que convivirá con la nueva industria, sin afectar su desarrollo.
Además, la ley se visualiza como un instrumento para reducir la dependencia de importaciones. Argentina consume más de 5.000 toneladas anuales de salmón, abasteciéndose completamente del exterior, principalmente de Chile. La producción local permitiría cubrir parte de la demanda interna y fortalecer la capacidad exportadora.
El sector pesquero argentino ha perdido presencia en el comercio internacional, a pesar de su extenso litoral marítimo. El escaso desarrollo de la acuicultura ha sido un obstáculo para captar nuevos mercados, mientras que países competidores han expandido rápidamente su producción de salmónidos.
Experiencias previas en otras regiones patagónicas, como el embalse de Alicurá —donde opera una planta de trucha arcoíris con participación de una firma fueguina—, demuestran que existe capacidad técnica y posibilidades de integración a escala.
Durante el debate legislativo, se subrayó el potencial de la acuicultura no solo para generar divisas, sino también empleo calificado en áreas como investigación y desarrollo, genética, alimentos balanceados, logística y procesamiento industrial.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala a la acuicultura como una de las industrias alimentarias de mayor crecimiento en el siglo XXI, destacando su menor impacto ambiental comparado con la pesca extractiva y la ganadería.
La norma fueguina se inspira en estándares internacionales de certificación ambiental. Cada proyecto deberá someterse a evaluaciones de impacto ecológico y productivo, con énfasis en la protección de ecosistemas frágiles y mecanismos transparentes de control. El Estado provincial participará en la definición de parámetros de sustentabilidad e incentivos para el desarrollo.
La diversificación de la matriz productiva aparece como un eje central en el discurso público y privado. La ley apunta a reducir la dependencia histórica de la promoción industrial y ampliar las bases económicas locales.
Actores sociales y empresariales confían en que la integración de la acuicultura atraerá inversiones y creará empleos directos e indirectos, tanto en la cría como en las etapas de industrialización y exportación. Se espera un incremento en la demanda de servicios logísticos especializados, equipamiento tecnológico y operaciones de comercio exterior, aprovechando el crecimiento de la demanda global de salmónidos.
