Entre los beneficiados figuran siete integrantes del equipo económico, diez diputados oficialistas y hasta un sobrino del titular de la Cámara Baja. Denuncias por abuso de autoridad, tráfico de influencias y enriquecimiento dudoso salpican al Gobierno de Javier Milei, mientras la Casa Rosada intenta controlar los daños con una auditoría interna que ya genera más preguntas que respuestas.
El expediente aún no se cierra. La nómina de funcionarios y legisladores alineados con La Libertad Avanza que lograron acceder al codiciado programa de financiamiento preferencial del Banco Nación continúa engrosándose con el correr de las horas, y cada nuevo nombre que emerge suma espesor a un escándalo político de proporciones mayúsculas. En el corazón de la tormenta se encuentra una lista acotada pero explosiva: veinticinco miembros del oficialismo que, en conjunto, recibieron desembolsos por la astronómica suma de 6.500 millones de pesos. Todo esto ocurría en paralelo a la sistemática embestida verbal del presidente Javier Milei contra la banca pública, a la que calificó de instrumento de la casta, mientras su administración trabajaba a destajo en los planes para su privatización.
Lo más llamativo del caso no es solamente el monto, sino el destino de esos recursos. En más de una situación, el dinero no se empleó para la adquisición de una residencia principal, un objetivo socialmente entendible dentro de cualquier política crediticia, sino para la compra de viviendas de fin de semana, lotes en countries o propiedades suntuarias. El escándalo ya trascendió el ámbito periodístico y se instaló con fuerza en los tribunales, donde se acumulan presentaciones judiciales que apuntan a desentrañar una presunta trama de privilegios dentro de la entidad bancaria estatal.
Entre los veinticinco privilegiados, la composición revela un mapa del poder libertario: siete pertenecen al equipo económico del Gobierno, diez son diputados nacionales de la fuerza oficialista o de bloques aliados, dos trabajan en las inmediaciones de la Presidencia, otros dos desempeñan funciones en la cartera de Capital Humano, uno se desempeña en Jefatura de Gabinete, otro en Defensa, se suma un director de YPF y, cerrando la lista, aparece el sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Dentro de este universo de favorecidos, el nombre que despierta mayores suspicacias es el de Federico Furiase, actual secretario de Finanzas. El funcionario salió rápidamente al cruce de las acusaciones para negar haber recibido tratamiento diferencial alguno y sostuvo que gestionó el crédito hipotecario exactamente como cualquier ciudadano de a pie. Sin embargo, su situación se volvió insostenible a la luz de tres elementos comprometedores: la cantidad de inmuebles que posee a su nombre, la velocidad inusitada con la que se aprobó su solicitud y, el dato más delicado, que en el momento de pedir el préstamo se desempeñaba como director del Banco Central, es decir, el organismo encargado de regular y supervisar la totalidad del sistema financiero argentino. Las acusaciones que pesan sobre su cabeza van desde conflicto de intereses y abuso de autoridad hasta administración fraudulenta y tráfico de influencias.
Las líneas investigativas que sacuden los tribunales
Los jueces intentan responder tres preguntas fundamentales que se han convertido en el eje de las pesquisas judiciales. La primera: ¿existió una ventanilla secreta o un circuito paralelo de créditos VIP exclusivamente destinado a funcionarios cercanos al poder? La segunda: ¿se respetaron escrupulosamente los requisitos reglamentarios en materia de relación entre ingresos declarados y cuotas mensuales a abonar? La tercera y no menos relevante: ¿se otorgaron facilidades indebidas en los procesos de evaluación y aprobación de los préstamos?
Estos interrogantes son el corazón de las denuncias que ya se encuentran en los estrados judiciales. Una de las presentaciones más contundentes es la impulsada por la diputada Mónica Frade, que será ratificada formalmente el próximo miércoles y que se concentra en casos paradigmáticos: el propio Federico Furiase, Felipe Núñez y Pedro Inchauspe, los tres integrantes del equipo económico del Gobierno; Sharif Menem, el joven community manager de su tío Martín Menem, quien con apenas veinticuatro años obtuvo un préstamo de proporciones descomunales; y la diputada Lorena Villaverde, una figura que ya arrastraba un antecedente escandaloso: su carpeta de solicitud había sido rechazada en la sucursal del Banco Nación en la ciudad rionegrina de Cipolletti, pero desde la casa central alguien decidió revertir esa decisión.
El caso de los miembros del área económica resulta especialmente paradigmático. Entre los tres mencionados acumularon préstamos por mil millones de pesos. Furiase, en particular, recibió trescientos sesenta y siete millones de pesos. Pero la situación se agravó en las últimas horas cuando la diputada Frade incorporó a la causa, que tramita ante la jueza María Eugenia Capuchetti, una información explosiva surgida de una investigación periodística a cargo de Alejandro Bercovich: Furiase habría utilizado ese dinero para adquirir su tercera vivienda, cuando la línea de crédito oficial estaba concebida para segundas residencias. La propiedad en cuestión es una casa de doscientos metros cubiertos edificada sobre un terreno de ochocientos ochenta metros cuadrados, con pileta, ubicada en el exclusivo country Los Pilares, en el partido bonaerense de Pilar, valuada en trescientos mil dólares.
A esto se suma la celeridad sobrecogedora con la que se tramitó la operación. La solicitud fue presentada el 24 de julio y, apenas unas semanas después, a mediados de agosto, la vivienda ya estaba escriturada a nombre del funcionario. Un trámite en tiempo récord, casi un milagro financiero, si se tiene en cuenta que un proceso de estas características demora habitualmente no menos de seis meses.
Lo que complica aún más la situación de Furiase es su doble condición en el momento de la operación: era al mismo tiempo director del Banco Central y beneficiario de un crédito del Banco Nación. “Allí existen negociaciones incompatibles”, explicó la diputada Frade. “No solamente contaba con información privilegiada, sino que participaba activamente de las decisiones del organismo rector del sistema financiero. Son precisamente ellos quienes fijan las tasas de interés del financiamiento bancario”, completó la legisladora, señalando la existencia de un claro conflicto de interés.
En el mismo círculo de sospechosos se encuentran Pedro Inchauspe, también miembro del directorio del Banco Central, quien obtuvo un desembolso de quinientos diez millones de pesos, y Felipe Núñez, asesor cercano de Toto Caputo, que recibió trescientos setenta y tres millones. La defensa de Núñez fue tan lacónica como previsible: “No cometimos ninguna ilegalidad ni actuamos de manera inmoral. Simplemente hicimos la cola como cualquier hijo de vecino”, argumentó, aunque sus propias declaraciones del pasado lo contradicen: tiempo atrás, Núñez había definido al Banco Nación como “una cueva de acomodados políticos que solo sirve para timbear los ahorros de la gente”.
La explicación de Furiase fue más extensa pero no por ello menos inconsistente. El funcionario aseguró que no es propietario de tres inmuebles porque uno de ellos lo comparte con otros familiares. “Esa propiedad no cuenta”, afirmó. “Fue una donación de derechos de usufructo que hicieron mis padres y me corresponde apenas el treinta y tres por ciento. No se toma como una vivienda propia y no vivo allí desde 2010”, intentó justificarse.
Economía aporta más nombres a la lista negra
El Ministerio de Economía contribuye con otros cuatro integrantes de su estructura a este escándalo. Se destaca especialmente Felipe Beron, subsecretario de Servicios Financieros y hombre de máxima confianza de Luis Caputo, en cuyo currículum figura haber trabajado como analista en la financiera Anker, propiedad del propio Toto Caputo. Beron recibió un financiamiento de trescientos sesenta y dos millones de pesos. La nómina se completa con Juan Manuel Garzón (ciento ochenta millones), subsecretario de Programación Microeconómica; Javier Matías Mana (doscientos cuarenta y dos millones), subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales; y Federico Ramos Nápoli (ciento noventa y siete millones), secretario de Asuntos Nucleares. Entre estos cuatro funcionarios acumularon préstamos por más de seiscientos millones de pesos.
Los casos de Shariff Menem y la diputada Villaverde tienen ribetes propios de una novela policial. El sobrino de Martín Menem consiguió su primer empleo registrado en la Cámara de Diputados gracias a la influencia de su tío. A pesar de ocupar un cargo transitorio y contar con apenas veinticuatro años, obtuvo un préstamo de trescientos cincuenta y siete millones de pesos. “Es un niño con un sueldo de dos millones y medio de pesos mensuales”, cuestionó con dureza la diputada Frade. “No conozco a ningún joven de esa edad que pueda calificar para un préstamo de esa magnitud”, agregó.
Pero es el caso de Lorena Villaverde el que concentra todas las miradas por su gravedad. La diputada recibió el crédito del Banco Nación después de que una sucursal de Río Negro le hubiera rechazado la solicitud. “Se lo denegaron porque está embargada y procesada en una causa por estafa por sobrevender lotes para desarrollos inmobiliarios”, reveló el diputado Esteban Paulón. “Sin embargo, desde la central del banco alguien levantó un teléfono y se lo aprobaron”, denunció. Paulón se refería a una medida cautelar dictada por la Justicia de Río Negro por treinta y un millones de pesos en una causa por venta fraudulenta de terrenos en la localidad balnearia de Las Grutas. En el prontuario de Villaverde también aparecen presuntos vínculos con Claudio “Lechuga” Ciccarelli, primo del empresario Federico “Fred” Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos acusado de narcotráfico.
Apenas se conoció la magnitud del escándalo, Paulón presentó un pedido de acceso a la información pública dirigido al Banco Central y al Banco Nación para conocer el marco regulatorio que rigió estos otorgamientos e identificar si existió discrecionalidad en los procedimientos. Hasta el momento, el Gobierno se ha limitado a cajonear sistemáticamente ese requerimiento.
La otra denuncia que llegó a los tribunales fue presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, quien apunta directamente contra las autoridades de la entidad bancaria por los delitos de administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública. El expediente recayó inicialmente en el juzgado de Daniel Rafecas, pero fue derivado al despacho de Ariel Lijo. De esta manera, el juez acumula en su poder varias causas sensibles para la Casa Rosada, entre ellas la investigación por la sospechosa evolución patrimonial del vocero presidencial Manuel Adorni.
Auditoría interna y silencio oficial
En un intento desesperado por controlar los daños de una crisis que amenaza con enquistarse en el corazón del poder, el Gobierno ordenó la realización de una auditoría interna que alcanza a más de cuarenta personas consideradas políticamente expuestas. Según el relato oficial, todos los préstamos habrían sido otorgados en estricta conformidad con la normativa vigente y en los próximos días esa documentación será puesta a disposición de la Justicia. Sin embargo, la credibilidad de ese anuncio queda en entredicho a la luz de las numerosas inconsistencias ya reveladas.
Mientras tanto, la vocería presidencial permanece clausurada hasta nuevo aviso, una decisión que muchos interpretan como una maniobra para evitar preguntas incómodas sobre el inexplicable estilo de vida de Manuel Adorni. En ausencia de explicaciones oficiales, los únicos que salieron a poner el pecho fueron el propio presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. Sin embargo, sus declaraciones, lejos de aclarar el panorama, generaron una confusión aún mayor. “¿Acaso haber tomado ese crédito mató a alguien?”, se preguntó Milei con una defensa tan extraña como desconcertante. “No hubo nada ilegal ni inmoral. Era una mega oportunidad”, completó Caputo con un desparpajo que muchos calificaron de obsceno, sobre todo si se tiene en cuenta que el noventa por ciento de los argentinos percibe ingresos inferiores a los dos millones de pesos mensuales y jamás podría acceder a un préstamo hipotecario en condiciones semejantes a las que disfrutaron los veinticinco funcionarios libertarios.
