Tras una masiva protesta en Plaza de Mayo, el sindicalismo advierte con una huelga general el próximo 10 de febrero, fecha en que el Senado retomará el polémico proyecto oficialista. La movilización logró postergar el debate parlamentario.
Un clima de confrontación social se instaló en el corazón político del país. Luego de una imponente marcha de las centrales obreras que colmó la Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) elevó considerablemente la apuesta. Su secretario gremial, Osvaldo Lobato, anunció la convocatoria a un paro general acompañado de una movilización para el próximo 10 de febrero, día en el cual el Senado de la Nación tiene previsto debatir el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.
La declaración del dirigente, formulada en diálogo con la radio pública AM 530, no dejó lugar a dudas sobre la estrategia que adoptará el movimiento sindical en las próximas semanas. “Esperamos que el 10 de febrero volvamos a estar en la calle, con un paro y movilización”, afirmó Lobato, quien también conduce la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). El sindicalista destacó que uno de los triunfos inmediatos de la protesta de este jueves fue haber conseguido “posponer” el análisis legislativo de la iniciativa, un objetivo que calificó como primordial.
Según el representante gremial, la presión ejercida en las calles fue un factor decisivo que, sumado a gestiones políticas con legisladores y gobernadores, inclinó la balanza para demorar el tratamiento. Lobato argumentó que una gran parte de la ciudadanía no tenía pleno conocimiento de las consecuencias negativas que, a su juicio, acarrearía la nueva normativa. En este contexto, evaluó la jornada de protesta como una demostración de fuerza extraordinaria y aseguró que desde su organización ya hay una decisión tomada: mantener y profundizar el plan de lucha con una presencia constante en el espacio público.
La concentración frente a la Casa de Gobierno reunió a una multitud heterogénea, compuesta por jóvenes, adultos mayores, trabajadores de los más diversos sectores –tanto formales como informales–, empleados públicos y docentes. Durante horas, los manifestantes corearon consignas contra el deterioro de los salarios y reclamaron a la conducción de la CGT que intensifique las acciones de fuerza. Un sentimiento generalizado entre los asistentes fue la convicción de que “la salida es en la calle”, junto a un pedido explícito por la convocatoria a una huelga general de duración indefinida.
Desde el mediodía, columnas provenientes de una amplia gama de sindicatos, movimientos sociales y organizaciones políticas confluyeron en la plaza histórica, saturando los accesos por Diagonal Norte y Sur, Avenida de Mayo y las calles circundantes. Entre las entidades presentes se destacaron delegaciones de la UOM, UTA, SMATA, UPCN, Camioneros, UOCRA, UTEP, ATE, CATT y la CTA, todas unidas en un frente común de oposición a la reforma laboral. El proyecto, cuyo destino ahora se definirá en la cámara alta el 10 de febrero, quedó suspendido temporalmente tras arduas negociaciones entre los bloques parlamentarios, en un escenario donde la presión de las calles se ha convertido en un actor ineludible.
