La sanción de la nueva ley financiera deroga el financiamiento específico para la formación profesional, poniendo en riesgo un sistema que alberga a más de un millón de estudiantes y que es vital para el desarrollo productivo de las regiones. Docentes y especialistas advierten sobre un retroceso histórico y un «espiral de desintegración» educativo.
El Senado de la Nación consolidó, con su voto del viernes, un cambio estructural que afectará profundamente el destino de la educación pública argentina, con un impacto directo y severo sobre el sistema de enseñanza técnico-profesional. La normativa sancionada eliminó de un plumazo el fondo específico que, por ley, garantizaba desde hace casi veinte años recursos vitales para el sostenimiento y crecimiento de las escuelas técnicas, agrotécnicas y centros de formación profesional en todo el país.
Este giro presupuestario no es un mero ajuste numérico, sino la materialización de un cambio de rumbo que muchos interpretan como el abandono de un proyecto de país con base en la producción y el conocimiento aplicado. La historia educativa argentina, marcada por vaivenes políticos, parece repetir un ciclo nefasto: tras un período de consolidación y fortalecimiento, el sistema técnico enfrenta ahora su desfinanciamiento.
La Ley de Educación Técnico Profesional, sancionada en 2005 tras un amplio consenso, establecía un fondo fijo equivalente al 0,2% de los gastos corrientes del Estado nacional. Este mecanismo, celebrado por su transparencia y federalismo, permitió una expansión sin precedentes. Hoy, la red educativa técnica comprende más de 1.700 establecimientos públicos secundarios, casi 600 privados y una extensa oferta de formación superior y para adultos, recibiendo en total a más de un millón cuatrocientos mil alumnos.
La crudeza de la decisión se mide en las aulas y talleres. Adriana Persain, quien dedicó 26 años a la Escuela Técnica N°1 de Trenque Lauquen, describe una realidad ya tensionada: «La escuela técnica no funciona sin fondos especiales». Desde los costos exorbitantes de insumos básicos como electrodos para soldar, hasta la necesidad de actualizar software y equipos de robótica, la formación de calidad depende de una inversión constante que las familias y las cooperadoras no pueden suplir. «¿Cómo les vas a pedir a esas familias, o a la cooperadora, que paguen los elementos de taller?», se pregunta, mientras relata que una parte significativa de sus estudiantes depende incluso de asistencia alimentaria.
Las proyecciones son alarmantes. Un análisis del Centro de Economía Política Argentina advierte que, para 2026, el presupuesto del sector habrá sufrido una caída acumulada del 93% respecto a 2023. La operatoria legislativa que permitió este resultado fue singular: si bien se excluyó del debate la derogación expresa de leyes emblemáticas como la de Financiamiento Educativo, los artículos 12 y 30 del capítulo 2 del Presupuesto lograron neutralizar sus efectos prácticos. El artículo 12 otorga discrecionalidad absoluta al Poder Ejecutivo para enviar o suspender partidas a las universidades, mientras que el artículo 30 es el que formalmente suprime el fondo para la enseñanza técnica, los pisos de inversión educativa y los compromisos de gasto progresivo en ciencia y tecnología.
Las consecuencias inmediatas ya son palpables. Ernesto Cepeda, de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, alerta sobre un «espiral de retroceso» idéntico al de los años noventa: la falta de insumos en los talleres desmotiva a los estudiantes, aumenta el abandono, reduce la matrícula y termina eliminando puestos docentes. «Los chicos no pueden hacer sus trabajos prácticos. Si no pueden hacer las prácticas, pierden el interés», explica.
Para especialistas como Diego Golombek, ex director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, la medida es «completamente absurdo». Destaca que la ley derogada era «ejemplar» por su mecanismo federal y democrático de distribución de recursos, orientado a construir nuevas escuelas, abrir especializaciones y equipar talleres con tecnología de vanguardia en áreas como inteligencia artificial y energías renovables. «Tuve la suerte de inaugurar varias escuelas técnicas: realmente ves el futuro. Revertir esto puede llevar años o décadas», reflexiona Golombek, y concluye con una afirmación contundente: «Es un país que no está convencido de que su futuro y desarrollo se basa en la educación técnica».
Con la eliminación del fondo, no solo se borra una partida presupuestaria, sino que se apaga una herramienta clave para el desarrollo federal y la inclusión social. El país enfrenta ahora el desafío de evitar que miles de historias de progreso personal y comunitario, forjadas en los talleres y laboratorios, queden truncadas por lo que muchos educadores ya denominan «un hachazo al futuro».
