Especialistas en opinión pública anticipan un año crítico marcado por la tensión social y la incertidumbre económica, donde la estabilidad del Gobierno dependerá de su capacidad para revertir el deterioro social y evitar nuevos errores políticos.
El escenario político para la administración de Javier Milei se proyecta lejos de la calma durante el próximo año. Así lo anticipa un amplio espectro de analistas, encuestadores y estrategas electorales, quienes coinciden en señalar que el Ejecutivo nacional se encamina hacia un período de alta complejidad. La centralidad del desempeño económico aparece como el factor decisivo, aunque matizado por una conflictividad social latente que podría intensificarse. En este diagnóstico, varios consultores subrayan que la relativa estabilidad alcanzada en 2025 no respondió únicamente a la gestión local, sino que encontró un sostén externo decisivo en políticas económicas de los Estados Unidos.
La percepción generalizada entre los expertos sugiere que, de no registrarse una reactivación tangible del consumo interno y una mejora en los indicadores laborales, la Casa Rosada podría enfrentar severas dificultades a partir del segundo trimestre del año próximo. Paralelamente, en el frente opositor se observa un debate entre los profesionales sobre la estrategia a seguir, con visiones divergentes que oscilan entre la necesidad de una renovación de liderazgos y la conformación de un espacio cohesionado en torno a figuras establecidas.
Un sondeo realizado por este diario entre diez de las consultoras más destacadas del país revela un consenso en torno a la fragilidad de la paz social. “El ajuste feroz ha generado un clima de tensión que crece día a día”, afirma Roberto Bacman, director del CEOP. A su juicio, el breve período de expectativa positiva posterior a la elección se ha disipado, reemplazado por un creciente malestar ante la persistencia del endeudamiento familiar, la pérdida de poder adquisitivo y la percepción de políticas que benefician a los sectores más concentrados.
La calma relativa en los indicadores macroeconómicos, como la inflación y el tipo de cambio, no sería suficiente para garantizar la estabilidad política. “Si no hay un incremento en el consumo de bienes nacionales, que son los generadores de empleo, la situación se complicará seriamente hacia abril o mayo”, advierte Raúl Timerman, del Grupo de Opinión. Agrega que la gestión actual, además, parece adolecer de una propensión a generar controversias innecesarias, agregando un factor de riesgo adicional.
Para Federico Aurelio, de Aresco, la incógnita central del 2026 radica en la continuidad del respaldo ciudadano a La Libertad Avanza. Explica que una porción significativa de la población aún otorga un voto de confianza, con la esperanza de que el camino de sacrificio conduzca a una mejora. “Sin embargo, es muy difícil pronosticar si seguirán dándole crédito, ya que la valoración de la situación económica actual sigue siendo marcadamente negativa”, señala.
Eduardo Fidanza, de Poliarquía, sostiene que, a pesar de que el Gobierno ha consolidado una posición política más sólida que la inicial, su principal desafío sigue siendo la economía. “Su política económica desbarrancó y debió ser rescatada por una intervención inédita del Tesoro estadounidense”, remarca. En contraste, evalúa que el panorama político institucional luce menos complicado, aunque advierte que ninguna bonanza puede darse por garantizada de manera permanente.
La propensión a cometer equivocaciones es otro punto destacado por los analistas. Gustavo Córdoba, de Zuban-Córdoba, observa que “más que problemas generados por la oposición, lo que vimos fueron errores no forzados”. Considera que, tras el salvataje externo, la pelota vuelve a estar en el campo del oficialismo, y su destino dependerá de su capacidad para evitar nuevos tropezones, particularmente en el ámbito económico.
Si bien algunos, como Facundo Nejamkis de Opina Argentina, reconocen que el oficialismo navega por ahora con cierta legitimidad y con un Congreso que redujo el riesgo político, las dudas persisten. “Subsisten las incertidumbres sobre si el programa económico podrá generar crecimiento y recuperación salarial”, apunta, añadiendo el riesgo de que las reformas en curso incrementen la conflictividad.
La necesidad de que la macroeconomía se traduzca en mejoras concretas en la vida cotidiana es un reclamo unánime. Analía del Franco, de Del Franco Consultores, sentencia que “si los salarios no se recuperan, el empleo formal no crece y el consumo sigue restringido para gran parte de la población, será insuficiente para mantener las aguas tranquilas”. Advierte que sectores como los jubilados y los trabajadores informales mantienen una alta vulnerabilidad.
Desde una mirada más crítica, Marina Acosta, de Analogías, es contundente: “De ninguna manera serán aguas tranquilas”. Describe una estrategia gubernamental errática y subraya el hartazgo de una sociedad que continúa demandando mejoras palpables en sus condiciones de vida, lo que revela, a su juicio, un Gobierno con grandes debilidades estructurales.
Artemio López, de Equis, lleva el análisis un paso más allá, cuestionando la autonomía de la gestión. “El Gobierno ya mostró que no es autosustentable”, afirma, argumentando que su performance electoral dependió de factores ajenos a su control, como la fragmentación opositora y, de manera crucial, la intervención financiera internacional que evitó un colapso.
En síntesis, la prospectiva para 2026 se dibuja ardua. Como resume Santiago Giorgetta, de Proyección, “va a ser difícil que el gobierno transite aguas tranquilas”. Las presiones parlamentarias, los condicionamientos de organismos crediticios, una opinión pública mayoritariamente crítica con la situación económica personal y una conflictividad social que podría exacerbarse con el tiempo, conforman un cóctel que exigirá al Ejecutivo destrezas de gestión y explicación que, hasta ahora, no han sido su sello distintivo.
