En medio de un ajuste fiscal que recorta programas sociales y científicos, el gobierno nacional autoriza un préstamo internacional de más de 71 millones de euros para adquirir helicópteros de patrulla marítima.
El gobierno nacional ha decidido endeudarse para modernizar el equipamiento de la Armada Argentina, en contraste con su insistencia en la falta de recursos para sostener las jubilaciones, la ciencia y las universidades públicas. La adquisición de helicópteros navales livianos, oficializada mediante el decreto 924/2025, forma parte del plan de actualización de capacidades de defensa promovido por la administración de Javier Milei, que ya había destinado fondos a la compra de cazas F-16 en meses anteriores.
Según se publicó en el Boletín Oficial, la operación se financiará a través del banco francés Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), con el respaldo de una agencia de crédito a la exportación. El objetivo declarado es fortalecer la vigilancia y el control de los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina mediante la incorporación de aeronaves modernas.
El monto total del préstamo asciende a 71.676.175,26 euros, fondos que serán destinados exclusivamente a la compra de los helicópteros. El Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor General de la Armada, tendrá a su cargo la ejecución del programa y la administración de los recursos. El decreto establece, además, que cualquier modificación futura del contrato no podrá alterar el destino del financiamiento, aumentar el monto original ni cambiar la jurisdicción legal para resolver posibles disputas.
Frente a las críticas por priorizar el gasto militar en un contexto de austeridad, el Banco Central de la República Argentina emitió un informe respaldando la operación. Según la evaluación de la entidad que dirige Santiago Bausili, el préstamo tendrá un impacto limitado sobre la balanza de pagos y se ajustaría a la dinámica prevista para las transacciones externas. En la misma línea, la Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente del Ministerio de Economía, sostuvo que el costo financiero de esta deuda es inferior al que el Estado afrontaría en los mercados internacionales bajo las condiciones actuales.
La medida reaviva el debate sobre la asignación de prioridades en la política fiscal, en un momento en que el gobierno ha aplicado recortes significativos en áreas sociales y de investigación, al tiempo que avanza en la renovación del equipamiento de las Fuerzas Armadas.
