Una seguidilla de incrementos en servicios esenciales, transporte y vivienda marca el inicio del año, en un contexto de presupuesto ajustado y proyecciones inflacionarias que despiertan dudas. La capacidad de gasto de las familias vuelve a ser el eje de la tensión económica.
El primer día del año no trajo tregua para las finanzas de los ciudadanos. Con el inicio de enero, una batería de incrementos tarifarios en rubros fundamentales de la economía doméstica comenzó a regir, ejerciendo una presión adicional sobre el ya resentido poder adquisitivo de la población. Este panorama se enmarca en un escenario de incertidumbre respecto al desempeño económico general para 2026, año para el cual el Gobierno nacional ha fijado, mediante el Presupuesto recientemente aprobado, una meta inflacionaria del 10,1%, una cifra que diversos analistas consideran optimista frente al ritmo actual de los precios.
El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires inauguró el año con ajustes. Los pasajes de colectivos y trenes registraron una suba del 4,5%, llevando el boleto mínimo a valores que superan los seiscientos pesos. El subterráneo porteño no fue la excepción, con un viaje que ahora cuesta por encima de los mil doscientos cincuenta pesos. A esta situación se le suma el encarecimiento de la Verificación Técnica Vehicular en la provincia de Buenos Aires, otro gasto obligatorio para los automovilistas.
En materia de vivienda, los contratos de alquiler regulados bajo la normativa anterior registrarán una actualización anual superior al treinta y seis por ciento, revirtiendo así la tendencia decreciente observada en los últimos meses. Paralelamente, el sector de la salud privada continúa su senda alcista. Tras la desregulación del mercado, las empresas de medicina prepaga han comunicado incrementos para enero que oscilan entre el dos y el tres por ciento, impactando tanto en las cuotas mensuales como en los copagos.
Uno de los focos de mayor preocupación lo constituyen los servicios públicos. En un contexto donde los salarios muestran un poder de compra erosionado, las tarifas de luz, gas y agua avanzan con revisiones mensuales. Para este mes, los usuarios de las principales distribuidoras eléctricas del AMBA enfrentarán alzas superiores al dos por ciento. Simultáneamente, entra en vigencia el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, que establecerá un límite de ingresos familiares para acceder a los beneficios, lo que podría dejar a miles de hogares sin asistencia estatal.
El gas natural también tendrá un incremento, con ajustes en los componentes fijos de la factura que elevarán los totales entre un dos y un tres por ciento. Más significativo será el aumento en el servicio de agua potable, autorizado por el Gobierno nacional. La empresa Aysa aplicará un incremento total del dieciséis por ciento durante el primer cuatrimestre del año, distribuido en cuatro subas mensuales consecutivas, poniendo fin así a la restricción que limitaba los ajustes durante el año pasado.
Finalmente, el llenado del tanque de combustible se volverá más oneroso. La administración nacional decretó una actualización en los impuestos internos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que se trasladará directamente a los precios en las estaciones de servicio. Tanto las naftas como el gasoil verán incrementados sus valores por litro debido a esta medida, afectando los costos del transporte de mercaderías y el desplazamiento personal.
En conjunto, esta cascada de aumentos sobre bienes y servicios ineludibles define un comienzo de año complejo para el bolsillo de los argentinos, limitando aún más el consumo interno y planteando un desafío inmediato para la economía familiar, en momentos en que las proyecciones oficiales para el año esperan una desaceleración de los precios.
