La administración Trump reclama acceso irrestricto a los recursos energéticos y estratégicos de Venezuela, mientras analistas denuncian que la operación anticorrupción encubre un clásico objetivo de cambio de régimen. La comunidad internacional comienza a reaccionar ante lo que algunos perciben como una nueva Doctrina Monroe.
En un giro trascendental de los acontecimientos que siguieron al secuestro y traslado forzoso del presidente venezolano Nicolás Maduro, el mandatario estadounidense Donald Trump formuló este domingo una exigencia directa a la recién instalada presidenta interina, Delcy Rodríguez. Desde la Casa Blanca, Trump demandó “acceso total” a las vastas reservas petroleras de la nación caribeña, las cuales han estado bajo sanciones económicas de Washington desde el año 2019. Este recurso, con una producción actual cercana al millón de barriles diarios, representa un botín de enorme valor geopolítico y económico para la administración republicana.
La postura de Washington fue rápidamente reforzada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien advirtió en declaraciones televisivas que su gobierno “tendrá en cuarentena el petróleo” venezolano hasta que las condiciones se alineen con los intereses nacionales de Estados Unidos. Rubio aludió a sentencias judiciales que, según afirmó, facultan a su país para confiscar buques petroleros, forzando a Caracas a incrementar la extracción bajo términos dictados desde el exterior.
Esta narrativa oficial, centrada en una supuesta guerra contra el narcotráfico que justificó la captura de Maduro, fue inmediatamente cuestionada desde distintos flancos. La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez sintetizó la crítica al señalar que el núcleo del conflicto “no se trata de drogas. Se trata de petróleo y cambio de régimen”. Esta perspectiva fue ampliada en diálogo con este medio por el historiador venezolano Miguel Tinker Salas, quien sostuvo que el argumento del narcotráfico funciona como un “simple pretexto” para una intervención de mayor alcance, dado que los propios informes de inteligencia norteamericanos minimizan el rol de Venezuela en el tráfico de sustancias como el fentanilo.
Las ambiciones de la administración Trump parecen extenderse más allá del crudo. Abordado por la prensa, el presidente mencionó además la necesidad de controlar otras “cosas” dentro del territorio venezolano, haciendo referencia explícita a la deteriorada infraestructura del país, con carreteras y puentes en estado crítico. Prometió, desde su residencia en Mar-a-Lago, que “grandes compañías petroleras estadounidenses invertirían miles de millones” para reconstruir el sector energético.
No obstante, expertos consultados ponen en duda la viabilidad inmediata de estos planes. Juan José Carbajales, director del Instituto de Gas y Petróleo de la UBA, explicó que cualquier acción concreta dependerá de una transición política estable y de la resolución de complejos litigios internacionales pendientes, como los que mantienen empresas del calibre de ConocoPhillips y ExxonMobil contra el Estado venezolano. Por su parte, Tinker Salas se mostró aún más escéptico, argumentando que la recuperación de la industria requiere inversiones astronómicas que ningún actor privado realizará sin “garantías políticas y económicas” sólidas y a largo plazo.
Carbajales advirtió, además, que la intervención podría generar turbulencias en los mercados globales. Dado que una porción significativa de las exportaciones venezolanas se dirigían hasta hace poco a China, una interrupción súbita de esos flujos podría ejercer “presiones al alza” sobre el precio internacional del crudo, afectando la economía mundial.
El operativo ha reavivado el fantasma del intervencionismo histórico en la región. Pese a que Trump negó categóricamente cualquier paralelismo con la invasión a Irak en 2003, calificando aquella decisión como un “desastre”, analistas observan la sombra de una “nueva Doctrina Monroe”. Esta percepción ha impulsado una primera reacción coordinada de rechazo por parte de varias naciones latinoamericanas, como México, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, acompañadas por España, que condenaron en un comunicado conjunto “cualquier intento de apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”.
Mientras Nicolás Maduro aguarda su primera audiencia en un tribunal federal de Nueva York, la presidenta interina Delcy Rodríguez, designada por la Corte Suprema venezolana, extendió una formal invitación al gobierno de Estados Unidos para trabajar en una “agenda de cooperación”, afirmando su “vocación de paz”. Sin embargo, la advertencia de Trump fue dura: si Rodríguez no actúa según sus expectativas, “pagará un precio muy alto”. El escenario queda así planteado para una confrontación que trasciende lo jurídico y se adentra en el terreno de la soberanía energética y la reconfiguración geopolítica de América Latina.
