El gobierno de Javier Milei respaldó públicamente la incursión armada y la captura de Nicolás Maduro, marcando una ruptura con los principios históricos de no intervención y autodeterminación. La medida desató críticas por su adhesión a la narrativa de Washington y generó una polémica restricción migratoria selectiva.
América Latina se encuentra sumida en una profunda confrontación geopolítica, confirmada por la inusual incursión militar de Estados Unidos en territorio venezolano. Esta acción, gestada durante un prolongado período, tuvo su preludio con el despliegue de un imponente portaaviones estadounidense en aguas del Caribe. En este escenario de tensión, la administración argentina decidió apartarse de los pilares fundamentales que tradicionalmente guiaron su diplomacia —el respeto por la autodeterminación de los pueblos y la abstención de injerencia en asuntos internos de otras naciones— para celebrar el ataque de una potencia foránea contra un país del continente.
El presidente Javier Milei, primero a través de sus redes sociales y luego en declaraciones formales, avaló sin reservas la detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro, un episodio que calificó como “el ocaso del régimen de un tirano”. Simultáneamente, la Cancillería nacional elogió lo que denominó un “progreso en la lucha contra el narcoterrorismo que azota a la región”. En sintonía, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, proclamó la implementación de “medidas más estrictas sobre movilidad humana fundamentadas en la aprehensión del dictador”.
Esta postura presidencial, fuertemente alineada con la figura de Donald Trump, conduce a la diplomacia argentina a un distanciamiento de su compromiso tradicional con la paz continental, estableciendo un preocupante antecedente. Analistas especializados en relaciones internacionales ya definen esta orientación como una suerte de “trumpismo” aplicado a la política exterior.
En las primeras horas del acontecimiento, el mandatario argentino utilizó su cuenta en la red social X para festejar la operación. “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”, publicó, minutos después de que su par norteamericano confirmara los bombardeos sobre Caracas. El mensaje iba acompañado de un fragmento audiovisual de la última Cumbre del Mercosur, donde Milei había ponderado “la presión ejercida por Estados Unidos para emancipar al pueblo venezolano”. En aquella oportunidad, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ya había alertado que “una intervención armada constituiría una catástrofe”, ofreciéndose como mediador.
Así, el mismo jefe de Estado que debió relegar a su primer candidato en la lista legislativa bonaerense por sus conexiones con un narcotraficante, y que conserva en su bloque parlamentario a figuras con vínculos cuestionados, sostuvo ante cámaras de televisión que “el motivo principal de esta acción estadounidense radica en que Maduro es un narcoterrorista”. De este modo, Milei adoptó explícitamente la narrativa empleada por Washington para sortear los mecanismos del Congreso norteamericano y de la Organización de las Naciones Unidas. Se trata de un doble estándar similar al aplicado por Trump semanas atrás, cuando concedió un indulto al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, sentenciado precisamente por tráfico de drogas.
En una entrevista televisiva, el presidente argentino dio por sentado que Maduro “obtiene sus recursos financieros del Cartel de los Soles” y afirmó que el poder debería recaer en Edmundo González Urrutia, a quien llamó “el legítimo presidente”. Tanto en esa conversación como en un documento oficial, el Gobierno destacó “el liderazgo de María Corina Machado”. No obstante, este reconocimiento se vio pronto debilitado cuando el propio Trump minimizó su figura, describiéndola como “una persona muy agradable, pero carente del respeto indispensable para liderar”.
Al caer la noche, el presidente volvió a las redes para cuestionar “la contradicción de la izquierda”. En una publicación extensa, criticó: “Los progresistas profesan amar la democracia, pero lamentan la caída de un dictador. Eso los retrata por completo. Afirman defender al pueblo, pero detestan verlo festejar su liberación”.
Esta visión fue rápidamente secundada por otros referentes del espacio oficialista. La ministra Patricia Bullrich escribió: “Hoy es una jornada histórica. La libertad y la paz arriban a Latinoamérica”, y anunció la inclusión del “Cartel de los Soles” en el registro de organizaciones terroristas. Con un tono similar, aunque manteniendo cierta distancia, la vicepresidenta Victoria Villarruel expresó: “Hoy renace la esperanza en Venezuela. De la oscuridad emergerá su pueblo”. La Cancillería, por su parte, emitió un comunicado que ignora abiertamente el derecho internacional, donde “valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos y su Gobierno”. Este respaldo a la intervención constituye, según señaló el excanciller y actual legislador Jorge Taiana, una clara violación de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
La migración utilizada como instrumento político
Durante la tarde, el jefe de Gabinete anunció restricciones migratorias específicas para ciudadanos venezolanos vinculados al gobierno de Maduro. Las disposiciones, divulgadas mediante un comunicado del Ministerio de Seguridad, llevan por lema “Argentina no será refugio de colaboradores del régimen del dictador venezolano”. El propósito declarado es obstaculizar el ingreso de funcionarios, militares y empresarios supuestamente afines al chavismo, lo que configura un uso instrumental de la política migratoria como herramienta de presión y castigo político.
“El objetivo es impedir que los cómplices de Maduro intenten buscar refugio en nuestro país”, señala el texto oficial. Sin embargo, al cierre de esta edición, aún no se habían precisado los detalles operativos sobre la implementación de estos controles ni los criterios para determinar responsabilidades individuales.
La determinación representa una fractura con la tradición argentina en materia migratoria, cimentada en principios de hospitalidad, integración y derechos humanos. Esta tradición quedó plasmada en la Ley de Migraciones, que reconoce el derecho a migrar como esencial y prohíbe taxativamente la discriminación por nacionalidad o ideología política.
Ecos de la oposición y réplicas internas
En medio del clima de euforia que atravesó al oficialismo, referentes del espacio opositor PRO también se sumaron a las manifestaciones de apoyo. El ex presidente Mauricio Macri se presentó en sus redes como un pionero en la denuncia contra el gobierno venezolano: “Durante años señalé a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio. Apoyé a sus presidentes electos, denuncié el fraude y siempre estuve del lado de la querida María Corina Machado. Hoy celebro la detención de Maduro y ver concluir la impunidad de un dictador que se creyó eterno”.
En la misma sintonía, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, lo tildó de “histórico” y anunció que iluminaría monumentos emblemáticos con los colores de la bandera venezolana. Horacio Rodríguez Larreta, otro dirigente de ese espacio, intentó posicionarse con un matiz de cautela, calificando la intervención como “un antecedente peligroso”, incluso frente a gobiernos autoritarios. La respuesta de la ministra Bullrich fue inmediata y contundente, preguntándole en la misma red social: “¿Cómo se siente coincidir con el kirchnerismo, Horacio?”. La réplica del exjefe de gobierno fue una fotografía antigua de la ministra en su juventud militante, con el epígrafe: “Quizás tú me lo puedes explicar mejor, Pato”.
El episodio, que continúa desarrollándose, ha reconfigurado el posicionamiento argentino en el tablero regional, generando tanto adhesiones fervientes como críticas severas por lo que muchos analistas interpretan como una subordinación a la agenda exterior de Washington.
