Estados Unidos defiende una operación que describe como «necesaria y legítima» frente a un coro de rechazo internacional liderado por Rusia y China. Argentina emerge como el principal apoyo regional de Washington, mientras crece la alarma por el precedente establecido y la estabilidad latinoamericana.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se convirtió este lunes en el escenario de un profundo y tenso debate tras la acción militar estadounidense en territorio venezolano que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La sesión de urgencia, convocada a pedido de Colombia con el respaldo de Moscú y Beijing, dejó al descubierto una fractura geopolítica donde la condena mayoritaria chocó con el respaldo explícito de Argentina y la justificación inquebrantable de Washington.
La postura de Estados Unidos se mantuvo impermeable a las críticas. Su representante ante el organismo multilateral aseguró que la operación no constituía un acto de guerra, sino una «acción policial» dirigida contra un «narcoterrorista». Washington negó cualquier intención de ocupación y afirmó con determinación que no permitirá que los vastos recursos energéticos venezolanos queden bajo el control de sus adversarios estratégicos.
Sin embargo, esta narrativa fue rebatida con dureza por las principales potencias opositoras. Rusia encendió las alarmas al calificar los sucesos como una «operación criminal» y un «flagrante acto de agresión» que pisotea la soberanía de Venezuela. Su embajador, Vasily Nebenzya, acusó a Washington de aplicar de manera selectiva el orden internacional para servir a sus intereses, advirtiendo que se ha iniciado un nuevo ciclo de «neocolonialismo e imperialismo». Moscú exigió la liberación inmediata de los detenidos y reclamó que el caso sea juzgado por los mecanismos legales multilaterales.
En sintonía, China manifestó una preocupación severa. Su delegación afirmó que el uso unilateral de la fuerza viola los principios fundamentales de la Carta de la ONU y representa un riesgo grave para la paz en América Latina y el Caribe. Beijing insistió en que ningún país puede erigirse en «policía del mundo» y subrayó que su cooperación energética con Caracas, así como sus intereses en la nación sudamericana, serán protegidos conforme al derecho internacional.
Desde la región latinoamericana, el rechazo fue amplio, aunque no unánime. México alertó que la agresión militar pone en «grave riesgo» la estabilidad política y la seguridad continental, mientras que Cuba denunció un acto «bárbaro» destinado a imponer un gobierno funcional a los designios de Washington. Nicaragua reafirmó el principio de América Latina como zona de paz y exigió la libertad de Maduro.
En un contraste marcado, Argentina se alineó públicamente con la posición estadounidense. El gobierno de Javier Milei
