El archivo del expediente por el viaje de la esposa del jefe de Gabinete en el avión presidencial generó euforia en el oficialismo, pero en paralelo el fiscal Pollicita avanza sobre dos cajas de seguridad bancarias a nombre de Bettina Angeletti. Viajes de lujo, propiedades y contratos bajo la lupa.
En un clima de exultante celebración, el mandatario Javier Milei irrumpió con una frase que rápidamente se replicó en los pasillos de la Casa Rosada: “Esto empieza a ponerse lindo”. Sin embargo, el regocijo del líder libertario no encontraba sustento en ningún indicador de reactivación económica ni en señales que anunciaran una pronta salida de la recesión. La causa de su alegría era de naturaleza judicial, y tenía como protagonista a uno de sus funcionarios más cercanos y mediáticos. El juez Daniel Rafecas había resuelto archivar la pesquisa que investigaba el polémico periplo de la cónyuge del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a bordo del avión presidencial Tango 01 con destino a la ciudad de Nueva York. “El tiempo al final da la razón a quien la tiene”, declamó el propio vocero presidencial con un tono que oscilaba entre la satisfacción y el sarcasmo, en cuanto tomó conocimiento del veredicto.
El Gobierno recibió la novedad como un bálsamo en medio de las turbulentas aguas que suelen rodear al ecosistema comunicacional libertario, y no desaprovechó la ocasión para intentar desacreditar el conjunto de las denuncias que pesan sobre sus filas, en particular aquellas que aluden a un presunto enriquecimiento ilícito. Pero la alegría oficialista podría resultar tan efímera como endeble resulta el argumento esgrimido por Rafecas para la clausura del expediente. Porque mientras desde Balcarce 50 se disparaban las chicanas y los festejos, en los tribunales de Comodoro Py el fiscal Gerardo Pollicita continuaba moviendo las fichas en una partida que parece transitar en dirección opuesta al relato triunfalista que intenta instalar el poder de turno.
En el centro de la escena vuelve a aparecer la figura de Bettina Angeletti, la mujer de Adorni, cuyo nombre ha pasado de la penumbra a los titulares de los principales diarios. El fiscal Pollicita solicitó formalmente información detallada acerca de dos cajas de seguridad que fueron detectadas en el Banco Galicia y que se encuentran registradas a nombre de la coach ontológica. Este hallazgo resultó particularmente llamativo para los investigadores, pues no resulta habitual que contribuyentes que hasta hace muy poco se hallaban inscriptos en la categoría más baja del monotributo —la A, destinada a quienes poseen ingresos anuales inferiores a los límites exigidos por la normativa— alquilen este tipo de compartimentos, tradicionalmente asociados a patrimonios de mayor envergadura.
La metáfora de la muñeca rusa, o mamushka, parece ajustarse a la perfección al caso de la familia Adorni, pues cada vez que se abre una capa de investigación surge otra más profunda y compleja que la anterior. El expediente que busca establecer si existen contradicciones irresolubles entre el patrimonio declarado por el vocero y sus ingresos reales no cesa de engrosarse con nuevas hojas. A las flamantes propiedades adquiridas en los últimos tiempos, a los desplazamientos de alto copete realizados hacia Estados Unidos, Punta del Este y la isla caribeña de Aruba, y a las sospechosas transacciones en efectivo que despertaron alertas en la Unidad de Información Financiera, se suman ahora dos cajas de seguridad bancarias cuyo contenido y nivel de actividad se propone desentrañar la justicia.
El requerimiento del fiscal Pollicita al Banco Galicia no es menor en cuanto a su ambición. El representante del ministerio público solicitó información pormenorizada sobre todas las personas autorizadas para acceder a esos recintos blindados, así como los registros cronológicos de ingreso y egreso al sector donde aquellos se ubican. El propósito de esta medida es claro: precisar las fechas, los horarios y las identidades de quienes traspasaron el umbral de las cajas desde enero de 2022 hasta la actualidad. Pero la pesquisa no se detiene ahí, ya que el fiscal también demandó la entrega del material fílmico captado por las cámaras de videovigilancia instaladas en las entradas al área de seguridad. La imagen de Angeletti o de cualquier otra persona vinculada a ella en esos registros podría aportar pistas cruciales sobre el movimiento de estas posesiones opacas.
El dato que alimenta las suspicacias respecto a la tenencia de las cajas de seguridad es el mencionado contraste con la situación impositiva de la esposa del jefe de Gabinete. Hasta no hace mucho, Angeletti engrosaba las filas de los monotributistas de la categoría A, el escalón más bajo de ese régimen simplificado, reservado para quienes facturan montos exiguos. “En el sector privado no la hizo, porque hace dos años era monotributista A”, ironizó el diputado opositor Rodolfo Tailhade en la red social X, acompañando su mensaje con la constancia oficial del Sistema de Régimen Simplificado que acreditaba aquella condición. El historial profesional de la coach ontológica tampoco colabora en disipar las dudas. Las capacitaciones y los cursos motivacionales que imparte adquirieron notoriedad y prensa recién a partir de la asunción de Milei a la presidencia. Se trata de talleres donde se simulan juegos y dinámicas grupales de cuestionable sofisticación, tales como armar barquitos de papel o subirse a los llamados “trencitos de la confianza”, prácticas alejadas de cualquier estándar que justifique patrimonios descomunales.
En un primer momento, el nombre de Angeletti irrumpió en la agenda judicial por haber viajado en la más absoluta discreción a bordo de la aeronave presidencial rumbo a Nueva York, un hecho que rápidamente fue denunciado por la oposición como un potencial abuso de poder. Esa denuncia fue desestimada ayer por el magistrado Rafecas bajo el argumento de “inexistencia de delito”. El juez razonó que, dado que el Tango 01 disponía de asientos vacantes durante ese vuelo, el traslado de la mujer de Adorni no irrogó gastos adicionales para las arcas del Estado Nacional. Un silogismo jurídico cuanto menos discutible, pero que al menos por ahora deja a salvo al vocero en ese tramo específico.
No obstante, los expedientes que continúan su curso son de una gravedad mucho mayor. Por un lado, avanza la investigación relativa al incremento patrimonial del propio jefe de Gabinete, cuyos movimientos financieros e inmobiliarios no terminan de cerrar en relación con su remuneración como funcionario público. Por el otro, se sigue indagando la posibilidad de que hayan existido contrataciones irregulares entre la consultora +Be —vinculada a Adorni— y diversas empresas que mantienen relaciones comerciales con organismos estatales. El círculo en torno al vocero se cierra lentamente.
Desde hace varias semanas, la Justicia ha desplegado un abanico de medidas que comprometen tanto a Adorni como a su pareja. El levantamiento del secreto bancario, del secreto fiscal y el control de los movimientos migratorios han permitido trazar un mapa de erogaciones difícil de justificar. Además del polémico vuelo en jet privado a Punta del Este, cuyo costo aproximado de 9.000 dólares habría sido cancelado por el periodista Marcelo Grandio —otro dato que despierta interrogantes sobre las razones de semejante gesto—, se confirmó que la familia viajó a Aruba entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. De acuerdo con lo que surge del expediente judicial, el jefe de Gabinete desembolsó 5.800 dólares en los pasajes aéreos y otros 8.874 dólares por el hospedaje en aquel destino caribeño. Se suman a esta lista otros destinos turísticos sobre los cuales aún no se conocen precisiones: Río de Janeiro, Bariloche e Iguazú, entre otros. Todas estas erogaciones resultan muy difíciles de explicar para un funcionario que, para esa altura, percibía una retribución mensual que rondaba los 3.000 dólares.
En paralelo, cobra impulso una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano que solicita investigar si Angeletti obtuvo réditos económicos a partir de contratos con el Estado. El foco de atención se concentra en acuerdos vinculados a la provisión de herramientas de comunicación directa y sistemas de monitoreo y seguimiento, así como en una concesión para la explotación comercial de ciertos sectores del predio de Tecnópolis. Según los requerimientos de información autorizados por el juez Ariel Lijo, las empresas alcanzadas por estas pesquisas son Area Tech S.A., ATX S.A., Movilgate S.R.L., Lugalu S.A., Equila S.R.L., Tsoft Informática S.A.S. y Tecnosoftware S.A. Todas estas firmas han quedado bajo la lupa judicial para determinar si existieron vínculos contractuales que pudieran haber derivado en beneficios económicos para la pareja del funcionario.
A este intrincado entramado de excursiones suntuarias, cajas de seguridad bancarias y convenios sospechosos se suman las llamativas operaciones inmobiliarias con las que Adorni se hizo propietario de un departamento en el tradicional barrio porteño de Caballito y de una vivienda en el exclusivo country El Indio Cuá. Las cifras no cierran, las explicaciones escasean y los pliegos se acumulan en los estrados judiciales. Sin embargo, el Gobierno insiste en mantener a su jefe de Gabinete en el cargo y sobreactúa una fiesta que sus propias contradicciones se encargan de empañar. “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene”, se burló ayer Adorni tras conocer el archivo parcial que lo benefició. Habrá que esperar para saber si el vocero repetirá la misma máxima el día en que se dicte la sentencia final sobre su destino y el de su esposa. Porque el tiempo, ese juez mudo e implacable, suele cobrar sus facturas con intereses.
