La norma, que habilita a las provincias a definir sus propios criterios de protección sobre reservas de hielo y ambientes periglaciares, fue publicada sin objeciones por el Ejecutivo. Organizaciones ambientales, científicas y gremios docentes marcharán esta tarde con antorchas en el centro porteño para protestar contra la reforma y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras tanto, la Justicia Federal de Río Gallegos dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la normativa en todo el territorio santacruceño.
Sin mediar reparo alguno, el Poder Ejecutivo nacional dio luz verde este viernes a la Ley N° 27.804, que impone modificaciones sustanciales al esquema de preservación de glaciares y sus entornos periglaciares vigente desde 2010. La flamante legislación traslada a los gobiernos provinciales la potestad para establecer sus propios parámetros técnicos a la hora de definir qué cuerpos de hielo y áreas aledañas quedarán bajo resguardo y cuáles, en cambio, quedarán expuestos a la actividad extractivista impulsada por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La decisión de la Casa Rosada encendió todas las alarmas entre organizaciones ecologistas, movimientos ambientalistas y referentes del ámbito académico y científico, que no tardaron en calificar el cambio como una regresión peligrosa en materia de protección de recursos estratégicos.
El foco del conflicto radica en que la norma original, sancionada en 2010, consideraba a estos ambientes como reservas únicas e irreemplazables de agua dulce, por lo que vedaba cualquier tipo de explotación en sus alrededores. La reforma actual, al descentralizar las decisiones y abrir la puerta a la minería en zonas hasta ahora intocables, amenaza con contaminar las cuencas hídricas que atraviesan múltiples provincias y abastecen a millones de personas más allá de los límites del distrito minero habilitante. De allí que el rechazo no se limite a los territorios cordilleranos, sino que se extienda a vastas regiones del país que dependen de esos caudales.
Esta tarde, desde las 18.30 horas, la esquina de Callao y Corrientes se convertirá en el punto de convergencia de una nueva marcha de antorchas. La convocatoria, que promete reunir a decenas de agrupaciones autoconvocadas, no solo apunta a repudiar la modificación de la ley glaciar, sino que también entrelazará esa demanda con otra que crece en intensidad: el reclamo por la efectiva implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta normativa, aprobada y ratificada por ambas cámaras del Congreso nacional e incluso respaldada por un emplazamiento judicial, continúa siendo ignorada por la administración ultraderechista, pese a la crítica situación económica que atraviesan las casas de altos estudios, sus docentes, sus investigadores y su personal no académico. La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires figura entre los organizadores de la protesta, que buscará visibilizar el paralelo entre el desguace ambiental y el ahogo presupuestario de la educación pública.
Mientras el oficialismo celebraba la promulgación, la Justicia Federal de Río Gallegos asestaba el primer revés judicial a la reforma. El magistrado Claudio Vázquez hizo lugar a un amparo colectivo con dimensión ambiental presentado por autoridades del Consejo Deliberante, el Poder Ejecutivo y diputados de El Calafate, y dispuso una medida cautelar que ordena al Estado Nacional abstenerse de aplicar, ejecutar o autorizar cualquier acto que pueda afectar glaciares o el entorno periglacial en la provincia de Santa Cruz. La suspensión regirá hasta que se dicte sentencia definitiva en la causa.
En su resolución, el juez sostuvo que la aplicación de la reforma implicaría una modificación sustancial del régimen de protección vigente, al reducir el espectro de áreas resguardadas y habilitar actividades hasta ahora prohibidas en esas zonas. El fallo advierte que se trata de una regresión en los estándares de tutela ambiental fijados por la Ley N° 26.639, que desnaturaliza el sistema de presupuestos mínimos consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional, ya que traslada a las provincias facultades que corresponde ejercer exclusivamente al Congreso de la Nación.
El magistrado subrayó, además, la trascendencia global, nacional, regional y local de la protección de los glaciares y los ambientes periglaciares, así como los profundos efectos que cualquier modificación en su regulación proyecta sobre los modelos de desarrollo de las regiones involucradas. Y concluyó con una advertencia central: la demora en una sentencia definitiva podría tornar ilusoria la protección pretendida, si mientras tanto se verificara la realización de actividades incompatibles con el nivel de tutela actualmente vigente. De este modo, la Justicia frenó por ahora cualquier intento de avanzar sobre los hielos santacruceños, mientras la sociedad se prepara para llevar su malestar a las calles porteñas bajo la luz titilante de las antorchas.
