El régimen de Caracas excarcela a 116 reclusos, entre ellos ciudadanos europeos, en un gesto que analistas vinculan a las crecientes demandas occidentales tras el reciente asalto al poder.
Caracas. — En un movimiento que ha captado la atención de la comunidad internacional, las autoridades penitenciarias de Venezuela confirmaron durante la madrugada de este lunes la puesta en libertad de un grupo significativo de personas encarceladas bajo cargos de conspiración contra el Estado. La medida, que forma parte de un indulto más amplio que beneficia a 116 individuos, se produce en un contexto de intensas gestiones diplomáticas lideradas por Estados Unidos y varias naciones europeas, particularmente después de los violentos acontecimientos que sacudieron al país la semana pasada.
Según un comunicado oficial del Ministerio del Servicio Penitenciario, las excarcelaciones han favorecido a “personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación”. El texto oficial, sin embargo, no profundiza en los detalles jurídicos específicos de cada caso, lo que ha generado interrogantes entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
Entre los beneficiados por esta nueva tanda de liberaciones se encuentran ciudadanos de nacionalidad venezolana, española e italiana, quienes se hallaban recluidos en los centros penitenciarios de La Crisálida y El Rodeo I, ubicados en la capital. De la cárcel de mujeres de La Crisálida, obtuvieron su libertad nueve reclusas, cuyas identidades fueron divulgadas por el propio ente gubernamental. Simultáneamente, desde El Rodeo I fueron excarcelados quince hombres.
La presencia de ciudadanos europeos entre los liberados otorga a este episodio una marcada dimensión diplomática. Destacan los casos de los italianos Alberto Trentini, cooperante de 46 años, y Mario Burlò, empresario de 52, así como el de Alejandro González de Canales Plaza, quien posee doble nacionalidad española y venezolana y es expareja de la conocida activista Rocío San Miguel.
La noticia fue recibida con palpable alivio y agradecimiento por parte del gobierno italiano. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, anunció que ambos connacionales se encuentran en buen estado de salud y aguardan en la sede diplomática italiana en Caracas para emprender su regreso a casa. “Hablé con nuestros dos compatriotas: se encuentran bien y pronto regresarán a Italia”, declaró Tajani, quien extendió un agradecimiento explícito a la presidenta venezolana, Yamileth Rodríguez, por la decisión adoptada. Confirmó, además, que un avión oficial ya había partido desde Roma para repatriarlos.
Por su parte, la primera ministra Giorgia Meloni manifestó su “alegría y satisfacción” tras conocerse la liberación, subrayando en un mensaje público la “constructiva cooperación” demostrada por las autoridades caraqueñas en los últimos días. Este desenlace culmina una intensa campaña de presión internacional, en la que Meloni misma había intercedido públicamente ante Rodríguez para solicitar la excarcelación de los italianos.
Los antecedentes de los detenidos europeos reflejan la complejidad del panorama. Trentini fue arrestado en 2024 mientras realizaba labores humanitarias para la ONG Humanity & Inclusion en una zona fronteriza. Burlò, por su parte, fue detenido poco después de ingresar al territorio venezolano por tierra desde Colombia. Sus casos habían sido señalados por organizaciones internacionales como ejemplos de detenciones arbitrarias.
Analistas políticos interpretan esta ola de liberaciones como una respuesta directa a las exigentes presiones ejercidas por Washington y sus aliados tras el fallido bombardeo y secuestro del presidente Nicolás Maduro. El gesto es visto como un intento de Caracas de reducir la tensión internacional y gestionar la creciente presión en un momento de extrema vulnerabilidad interna. No obstante, persiste el escepticismo sobre el estado real de la justicia y los derechos fundamentales en el país, donde, según reportes de entes independientes, continúan privadas de libertad numerosas personas consideradas presos políticos por la oposición y observadores foráneos.
La excarcelación de González de Canales Plaza, vinculado a la activista San Miguel —quien fue liberada la semana pasada en otro grupo de presos españoles—, parece reforzar un patrón de concesiones focalizadas hacia ciudadanos con doble nacionalidad, cuyos casos generan un escrutinio y una demanda diplomática más inmediata.
Mientras los liberados inician el proceso de reencuentro con sus familias y, en el caso de los extranjeros, de repatriación, el gobierno venezolano presenta estas medidas como un acto de “gestión humanitaria” y apego al estado de derecho. Sin embargo, el trasfondo deja en evidencia la profunda crisis política que atraviesa la nación y su ineludible vinculación con el tablero geopolítico global, donde cada movimiento es calculado minuciosamente en busca de oxígeno y legitimidad.
