El titular de ATE Nacional acusó al Gobierno de utilizar un supuesto traspaso administrativo para encubrir delitos, obstruir la justicia y profundizar un desamparo sin precedentes para casi cinco millones de personas.
En un duro pronunciamiento, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó como una maniobra de impunidad y crueldad la determinación oficial de suprimir la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Desde los estudios de Radio 750, el dirigente sindical aseguró que la medida responde a un doble propósito: ocultar las huellas de una gestión denunciada por corrupción y profundar un desmontaje social que afecta a sectores vulnerables.
Aguiar no ahorró calificativos al describir la iniciativa gubernamental. “Se burlan de las personas con discapacidad”, expresó con contundencia, marcando un tono de indignación moral. Para el líder gremial, la decisión exhibe una “crueldad sin límites” y en ascenso, al tiempo que representa un retroceso histórico en la arquitectura de las políticas públicas argentinas.
Más allá de la dimensión ética, el sindicalista alertó sobre el impacto concreto en la vida de millones. Subrayó que el organismo actualmente garantiza prestaciones y servicios a una población que ronda los cuatro millones setecientas mil personas, lo que supera el diez por ciento de la ciudadanía. “No creo que disolviendo la ANDIS y traspasándola al ámbito de Salud se pueda seguir cumpliendo con sus funciones esenciales”, afirmó, planteando un horizonte de caos administrativo y desprotección.
Aguiar vinculó directamente esta acción con el contexto de severas acusaciones que pesan sobre la cartera sanitaria, ahora destinataria de las competencias de la agencia. Señaló que el desmantelamiento se produce en paralelo a investigaciones por corrupción y “justo con el ministro [Luis] Lugones, quien todavía no enfrenta un juicio por las muertes vinculadas al fentanilo adulterado y que ha ejecutado un recorte drástico en el sistema público de salud”.
La conclusión del dirigente fue taxativa y apuntó a una presunta intencionalidad delictiva detrás de la medida administrativa. “La otra dimensión tiene que ver con que pretenden hacer desaparecer la ANDIS para borrar pruebas y obstruir una investigación judicial en curso”, denunció. En su visión, el objetivo último sería “esconder las coimas y el desvío masivo de fondos públicos”, utilizando la reestructuración del Estado como una cortina de humo para garantizar la impunidad.
La fuerte acusación de Aguiar instala la polémica medida no solo como un ajuste más dentro del plan económico, sino como un presunto acto de obstrucción a la justicia que deja en la incertidumbre a una de las poblaciones más dependientes de la protección estatal.
