En un escenario de creciente tensión institucional y desgaste presupuestario, el sistema universitario argentino atraviesa este miércoles una nueva medida de fuerza de veinticuatro horas. Los reclamos, centrados en la urgente recomposición salarial y la ejecución plena de la ley de financiamiento sancionada por el Congreso, chocan de frente con la postura inflexible del Poder Ejecutivo, que califica la protesta como un acto de índole política, mientras las aulas permanecen vacías en todo el territorio nacional.
En una nueva muestra de unidad y preocupación por el destino de la enseñanza pública, las casas de altos estudios de todo el país han detenido sus actividades académicas, tanto en sus modalidades presenciales como virtuales, en el marco de un paro total de veinticuatro horas. Esta contundente medida de fuerza, que se hace efectiva desde las primeras horas de la jornada y prácticamente coincide con el arranque del segundo semestre lectivo, ha sido orquestada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, una coalición que aglutina a las principales representaciones gremiales del sector, incluyendo a CONADU, FEDUN, FAGDUT y FATUN, entre otras. El motivo central de la movilización radica en la imperiosa exigencia al gobierno de Javier Milei para que dé curso inmediato a la Ley de Financiamiento Universitario, un marco legal que ha recibido el respaldo de la Justicia en reiteradas ocasiones, pero que, según los trabajadores de la educación, permanece letra muerta ante la desidia del Ejecutivo.
El conflicto se profundiza en medio de un clima de franco desdén por parte de la administración libertaria. Mientras los pasillos de las facultades permanecen en silencio, desde la cartera de Capital Humano, encabezada por Sandra Pettovello, se ha desestimado la gravedad del conflicto, argumentando que no existen razones objetivas para la protesta y desviando el diálogo hacia una convocatoria a negociaciones salariales recién programada para el mes entrante. Esta postura, percibida por los docentes como una maniobra dilatoria, ha encendido aún más los ánimos en un sector que acusa un retraso acumulado en sus haberes, con una brecha estimada que supera el veintiocho por ciento, sin considerar la imperiosa necesidad de actualizar los fondos destinados a becas estudiantiles y al sostenimiento de los hospitales universitarios, pilares fundamentales de la salud pública.
La determinación de los trabajadores de la educación se fundamenta en cifras concretas que reflejan el deterioro de su poder adquisitivo. En un comunicado difundido en las últimas horas, los sindicatos fueron categóricos al señalar que el incremento del veintiún coma tres por ciento, acordado en julio con rectores y federaciones alineadas con el oficialismo, resulta absolutamente insuficiente, ya que ni siquiera alcanza a cubrir la mitad del ajuste que consideran legítimo y necesario. Este descontento se cristalizó con especial virulencia en el seno de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), cuya asamblea no solo rechazó de plano la propuesta oficial, sino que además ratificó la urgencia de profundizar un plan de lucha contundente. Laura Carboni, secretaria general del gremio, subrayó que la continuidad del cese de tareas responde a la ausencia total de respuestas por parte del Poder Ejecutivo y al persistente ahogo presupuestario que padecen las instituciones, una situación que calificó como insostenible.
La escalada del conflicto no parece tener visos de resolución a corto plazo, y los anuncios realizados por la propia UBA son un claro indicio de que la beligerancia sindical se intensificará. Según informaron fuentes de la máxima casa de estudios, se ha convocado a un nuevo paro nacional de características más extensas, que se prolongará durante toda la semana próxima, desde el lunes dieciocho hasta el sábado veintidós, una medida que promete paralizar por completo el calendario académico y agravar la crisis institucional. Frente a este panorama, la respuesta del Ministerio de Capital Humano se ha mantenido en la confrontación, descalificando la protesta al tildarla de «política e ilegítima», y defendiendo la gestión oficial al asegurar que las transferencias de fondos a las universidades se encuentran al día, un argumento que los gremios rechazan con vehemencia al considerar que el presupuesto asignado resulta exiguo frente a la inflación galopante.
El malestar no se circunscribe únicamente a los claustros de la Capital Federal; la ola de reclamos se extiende a lo largo y ancho del mapa argentino. En diversas provincias, se han programado actividades de visibilización para poner de manifiesto la crítica situación que atraviesa la educación superior. Es el caso de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (ADIUNNE), con sede en Resistencia, Chaco, que ha convocado a un ruidoso «bocinazo» para el mediodía, en una demostración de fuerza que contará con la adhesión de los trabajadores del CONICET, el INTA y el INTI. Esta confluencia de organismos científicos y tecnológicos evidencia que el conflicto trasciende lo meramente salarial, poniendo en jaque la estructura misma del conocimiento y la investigación en el país. Con al menos ocho medidas de fuerza acumuladas en lo que va del año, que incluyen paros de veinticuatro y cuarenta y ocho horas, así como semanas enteras sin actividades, la comunidad educativa demuestra una resiliencia y una capacidad de movilización que el gobierno parece subestimar, sumergiendo al sistema universitario en una de sus peores crisis en décadas.
