Más de 700 exempleados de la aerolínea low cost se movilizaron este viernes para exigir el pago de indemnizaciones y salarios adeudados, mientras la firma enfrenta embargos millonarios y un futuro incierto que, según los manifestantes, incluye una transformación corporativa para eludir sus obligaciones legales. El reclamo apunta directamente al Gobierno de Javier Milei ante la pasividad de los organismos de control.
Pasaban escasos minutos de las once de la mañana cuando el Monumento a Cristóbal Colón, en la Costanera Norte, se transformó en el epicentro de un reclamo que llevaba meses gestándose en silencio. Lo que comenzó como una reunión dispersa de hombres y mujeres con carteles bajo el brazo no tardó en convertirse en una columna compacta y combativa que, atravesando la Avenida Costanera Rafael Obligado, puso su descontento frente a las puertas del Aeroparque Jorge Newbery. El escenario no podía ser más simbólico: el principal terminal aéreo doméstico del país, testigo mudo de la gloria y la decadencia de la aerolínea que alguna vez fue el estandarte de la aviación comercial de bajo costo en la Argentina.
El ambiente vibró con cánticos que alternaban la ironía y el insulto directo contra Leonardo Scaturicce, el empresario al frente del grupo inversor COC Global, cuya efigie aparecía reproducida en máscaras que los manifestantes exhibían como trofeos de una batalla legal y moral que sienten perdida en los tribunales pero no en la calle. “Nosotros ya cumplimos, ahora le toca a Flybondi”, coreaban los presentes, mientras las pancartas se alzaban como estandartes de una causa común que nuclea a más de setecientas personas que, por distintas vías, quedaron excluidas de la nómina laboral de la compañía.
La protesta, sin embargo, no fue un estallido espontáneo sino la culminación de una paciencia agotada. Según los testimonios recogidos por este diario, la deuda acumulada por la empresa trasciende los meros números contables y se instala en el terreno de la supervivencia cotidiana. Melany, una de las trabajadoras desvinculadas, expuso con crudeza la paradoja jurídica que enfrentan: “Somos más de setecientos extrabajadores que arrastramos más de tres meses sin percibir nuestras indemnizaciones y los acuerdos de retiro voluntario que la propia firma pactó con nosotros. Se trata de documentos rubricados ante escribano público por la directora de recursos humanos, y despidos sin justa causa que fueron homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria. Es decir, la empresa reconoce legalmente su pasivo, pero a la hora de efectivizar los pagos, sencillamente no lo hace”.
Lo que subyace a esta denuncia, y que resonó con fuerza en cada discurso improvisado durante la movilización, es la sospecha de una maniobra calculada para desmantelar la estructura actual y refundar el negocio bajo una nueva identidad corporativa. “Quieren vaciar la compañía, deshacerse de los empleados, eludir a los acreedores y recomenzar con una denominación distinta, como si nada de esto hubiera sucedido”, enfatizó Melany, en una declaración que sintetiza el temor generalizado de que el pasivo laboral y comercial quede sepultado bajo una transformación societaria.
Gastón, quien se desempeñaba como operario de aprovisionamiento de aeronaves y fue parte de la última remesa de cesantías sin causa, detalló su situación particular: al día de la fecha, la compañía le adeuda los haberes correspondientes a junio y julio, así como el sueldo anual complementario, y no ha recibido ningún tipo de comunicación formal respecto al pago de la indemnización que por derecho le corresponde. En sintonía, Carolina, otra afectada que optó por un retiro voluntario en el marco de la crisis institucional, coincidió en señalar que la firma “alberga la intención de modificar su imagen y su marca, y es altamente probable que presente quiebra para resurgir con un nuevo nombre y así liberarse de todas sus obligaciones pendientes”.
Una extrabajadora del staff corporativo, que pidió preservar su identidad por temor a represalias, aportó un testimonio que ilumina el modus operandi de la empresa en el terreno judicial. Desvinculada en mayo pasado mediante un despido incausado, inició una mediación ante el SECLO que llegó a una tercera instancia con un acuerdo homologado y firmado por la propia compañía. Sin embargo, ni siquiera la primera cuota del convenio fue abonada en la fecha estipulada por los representantes legales de Flybondi. “Observamos una crisis profunda que no afecta únicamente a los extrabajadores: los empleados en actividad tampoco perciben sus salarios, los proveedores están en la misma situación, y los pasajeros continúan siendo perjudicados con la venta de boletos para vuelos que no se operan desde la semana pasada. Y todo esto ocurre sin que las autoridades tomen cartas en el asunto”, denunció.
El malestar, lejos de circunscribirse al ámbito privado, se proyectó directamente sobre el escenario político. En un comunicado difundido horas antes de la concentración, el colectivo de exempleados lanzó una interpelación directa al presidente Javier Milei bajo el título “Presidente Milei: ¿Quién controla a Flybondi?”, exigiendo que los organismos competentes intervengan de manera efectiva. Los carteles desplegados durante la marcha replicaban esa inquietud con preguntas punzantes: “¿Dónde está el Ministerio de Capital Humano? ¿Dónde está la ANAC? ¿Dónde está la Secretaría de Transporte?”, inquirían los letreros, en un claro reproche a la inacción estatal.
Este reclamo adquiere una dimensión particularmente reveladora si se contrasta con las decisiones adoptadas en el ámbito internacional. Mientras la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil ya prohibió a Flybondi comercializar pasajes con destino a ese país, la ANAC local se ha limitado a abrir sumarios administrativos y a exigir un “plan de acción” que la empresa habría presentado, pero sin aplicar medidas restrictivas que afecten su operatividad. Esta disparidad de criterios refuerza la percepción entre los manifestantes de que el Gobierno nacional mantiene una postura laxa frente a una situación que, para los damnificados, constituye un fraude laboral y comercial en marcha.
Los planes de Scaturicce, sin embargo, parecen avanzar con independencia de los reclamos. Fuentes del sector aeronáutico consultadas por este medio señalaron que la compañía se encamina, sin prisa pero con determinación, hacia un concurso de acreedores que se tramitaría en forma conjunta con OCA, la empresa de logística y mensajería que COC Global también adquirió el año pasado y que atraviesa un proceso de crisis similar. Esta operación, aunque financieramente riesgosa, tendría como corolario una suerte de fusión operativa que daría origen a una nueva aerolínea de carga denominada OCA Air, dejando atrás la identidad de Flybondi, que supo ser el emblema de la política de “cielos abiertos” impulsada por el gobierno de Mauricio Macri en 2018.
La ironía de los manifestantes no pasó por alto este posible rebranding. Una de las pancartas más llamativas rezaba: “OCA Air = Oh caer”, un juego de palabras que sintetiza el escepticismo y la burla hacia lo que consideran una artimaña para esquivar responsabilidades. Según pudo corroborar este periódico, la cartelería de Flybondi ya ha comenzado a ser reemplazada en las oficinas comerciales de Puerto Madero por inscripciones alusivas a OCA, lo que anticipa un cambio de imagen que los ex empleados interpretan como la antesala de una desaparición programada de la empresa actual.
En el plano judicial, la presión sobre la aerolínea se materializa en un embargo millonario dictado por los juzgados federales en Ejecuciones Fiscales Tributarias Nº1, 2 y 3, a raíz de un reclamo presentado por ARCA. La cifra total trabada supera los mil cuatrocientos millones de pesos, un monto significativo que, no obstante, no ha logrado suspender las operaciones de la empresa, aunque la realidad fáctica es que Flybondi no ha despegado desde el miércoles de la semana anterior. Esta parálisis operativa, sumada a la creciente lista de acreedores y al descontento de los pasajeros que adquirieron pasajes sin posibilidad de utilizarlos, dibuja un escenario de colapso inminente.
Los testimonios recabados a lo largo de la jornada pintan un cuadro desolador de desprotección legal y abandono institucional. La pregunta que flota en el aire, y que los manifestantes dejaron planteada con claridad meridiana, es hasta qué punto el Estado nacional está dispuesto a tolerar que una empresa de transporte público utilice los mecanismos societarios para eludir sus obligaciones más elementales, dejando a cientos de trabajadores en la calle sin un peso en el bolsillo y a miles de consumidores en la incertidumbre.
La movilización de este viernes no fue solo un acto de protesta, sino también un llamado de atención sobre los límites de la desregulación y la fe ciega en el mercado. Mientras los carteles se guardaban y la columna se disolvía lentamente entre los viajeros que transitaban por Aeroparque, quedaba en el aire la sensación de que, para estos setecientos extrabajadores, la lucha recién comienza. Y que el nombre que finalmente figure en la razón social de la nueva empresa no borrará la memoria de una deuda que, por ahora, sigue sin pagarse.
