El Gobierno de Javier Milei profundiza el conflicto con el sector universitario al ofrecer un magro incremento salarial del 3 por ciento, mientras la justicia federal intimó al Ministerio de Capital Humano a rendir cuentas sobre el cumplimiento de una cautelar que ordena restituir fondos para salarios, becas y funcionamiento. Los rectores y gremios advierten que la propuesta oficial es insuficiente y anuncian medidas de fuerza en todo el país.
En un escenario de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el sistema de educación pública, las universidades nacionales resolvieron iniciar una nueva jornada de protesta de 24 horas, luego de que la administración libertaria presentara una oferta salarial considerada por los docentes y no docentes como claramente insuficiente. El conflicto, lejos de descomprimirse, se ha profundizado tras el encuentro mantenido este martes entre representantes del Ministerio de Capital Humano, los gremios universitarios y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde el oficialismo propuso un aumento de apenas el 3 por ciento para los haberes de septiembre, una cifra que desde el ámbito académico calificaron como una provocación en medio de una inflación acumulada que supera holgadamente ese porcentaje.
La reunión, que debía servir para saldar los desfases salariales pendientes del año anterior, terminó con un rotundo fracaso, ya que los funcionarios nacionales insistieron en presentar ese magro incremento como parte de un paquete del 6 por ciento, incluyendo un 3 por ciento adicional para octubre que ya había sido acordado en junio pasado. Ante esta situación, los representantes del sector universitario reiteraron su reclamo de un 31,2 por ciento de recomposición, argumentando que ese es el monto necesario para cubrir la pérdida del poder adquisitivo provocada por la inflación registrada entre junio y agosto. La distancia entre ambas posturas evidencia la profundidad del desencuentro y anticipa un escenario de conflicto prolongado.
El trasfondo judicial del conflicto añade elementos de gravedad. Horas antes de la frustrada negociación, el juez federal Martín Cormick rechazó un pedido del Poder Ejecutivo para levantar la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU), una norma que el Gobierno ha suspendido de hecho mediante el decreto 759/2025. En su resolución, el magistrado fue contundente al señalar que el Ejecutivo no ha demostrado que los acuerdos parciales alcanzados hayan resuelto el daño grave e irreparable que sufren los trabajadores universitarios, y subrayó que persiste el peligro en la demora, requisito indispensable para mantener la vigencia de la cautelar. De este modo, Cormick intimó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a informar en el plazo de tres días qué medidas concretas adoptó para dar cumplimiento a lo ordenado desde diciembre pasado, antes de que se ejecute la sentencia definitiva.
Esta decisión judicial, que ratifica el criterio ya sostenido por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y avalado por la Corte Suprema en junio pasado, representa un revés significativo para la estrategia gubernamental de dilatar los tiempos y desfinanciar el sistema universitario. El máximo tribunal, tras semanas de demoras y señales ambiguas, terminó por respaldar la postura de los rectores, quienes habían denunciado que el acuerdo presentado por el Gobierno en junio era apenas “una gota en medio del océano de incumplimientos”. Incluso, la propia UBA obtuvo un fallo favorable en un expediente paralelo, reforzando el cerco judicial sobre la administración libertaria.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, Franco Bartolacci, valoró el pronunciamiento del juez como un paso de gran relevancia que expone una vez más la necesidad de que el Estado nacional acate sin más excusas ni postergaciones lo dispuesto por la justicia. Bartolacci adelantó que el próximo viernes se celebrará un plenario del CIN en la Universidad Nacional de Río Negro, donde con la participación de todas las autoridades de las casas de altos estudios y las representaciones sindicales se definirán los pasos a seguir, en un contexto que calificó como “muy delicado” debido al incumplimiento sistemático de la ley y a la proximidad del debate en el Congreso sobre el presupuesto 2027, que definirá el destino de los recursos para la educación superior en los próximos años.
Mientras tanto, la comunidad universitaria se prepara para una nueva jornada de paro que promete tener amplio acatamiento en todo el territorio nacional, en señal de rechazo a una política que consideran lesiva para la calidad académica, la investigación y el acceso equitativo al conocimiento. Los gremios advierten que la oferta oficial no solo es insuficiente en términos numéricos, sino que también ignora el reclamo histórico de recomposición salarial y de actualización de los gastos de funcionamiento, que en muchos casos han quedado congelados a pesar del incremento de los costos operativos. La comunidad educativa, además, observa con preocupación que el Ejecutivo insiste en desconocer la LFEU, una norma sancionada por el Congreso que establece pautas claras para el financiamiento de las universidades, y que el Gobierno pretende reemplazar por decretos y acuerdos parciales que no ofrecen soluciones de fondo.
En las próximas horas, se espera que el Ministerio de Capital Humano presente el informe requerido por el juez Cormick, aunque en los círculos universitarios existe escepticismo sobre la voluntad real del Gobierno de cumplir con la cautelar. Mientras tanto, la convocatoria al paro y las movilizaciones que lo acompañarán serán el termómetro de un conflicto que no da señales de resolverse en el corto plazo, y que pone en juego no solo los salarios de los trabajadores de la educación, sino el modelo mismo de universidad pública, gratuita y de calidad que la Constitución y las leyes garantizan. La decisión que adopten los rectores y gremios en el plenario del viernes será clave para definir los próximos pasos, en un escenario donde la judicialización y la protesta social aparecen como las únicas herramientas posibles ante la intransigencia oficial.
