El gremio metalúrgico de Río Grande cuestionó las condiciones del diálogo con Mirgor, aseguró que los delegados están fuera de las plantas y advirtió sobre amenazas de despidos masivos. Además, apuntó contra referentes políticos que, a su juicio, actuaron como voceros de la compañía sin escuchar a los obreros.
El conflicto que enfrenta a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con el Grupo Mirgor suma nuevos capítulos de tensión en Tierra del Fuego, mientras la conciliación obligatoria transcurre en un clima enrarecido por denuncias cruzadas y acusaciones de intimidación. En ese escenario, el secretario general de la UOM en Río Grande, Marcos Linares, salió al cruce de lo que consideró una maniobra de la firma para presionar a los trabajadores, al tiempo que cuestionó duramente a referentes políticos que, según su visión, replicaron acríticamente el relato empresarial.
El dirigente gremial comenzó por despejar cualquier interpretación errónea acerca de la postura del sindicato: aclaró que nunca obstaculizaron el derecho de la compañía a mantener conversaciones directas con el personal, pero remarcó que esas reuniones deberían realizarse con la presencia de los representantes sindicales. Sin embargo, señaló que en la práctica actual, los veinticinco delegados de las cuatro razones sociales que operan bajo el paraguas de Mirgor se encuentran vedados del ingreso a las instalaciones fabriles, una decisión que la empresa justifica en el marco de la licencia con goce de haberes durante el período de conciliación. No obstante, Linares advirtió que, una vez finalizada esta instancia, la firma mantendría su intención de desvincular a todos esos representantes, lo que encendió las alarmas en la organización sindical.
En ese contexto, el líder gremial relató un episodio que consideró particularmente grave: el máximo responsable ejecutivo de Mirgor se presentó ante los operarios para mantener un diálogo directo, pero el encuentro, lejos de propiciar un acercamiento, derivó en un áspero intercambio. Según la versión de Linares, los trabajadores le transmitieron al CEO la imperiosa necesidad de que los delegados sean readmitidos en el interior de la planta y que las discusiones se encaren con la participación activa de las representaciones sindicales. No obstante, el diálogo se deterioró hasta el punto de que, de acuerdo con la denuncia, se habría comunicado a los obreros que los delegados ya estaban despedidos y que cualquier movilización gremial podría acarrear nuevas cesantías entre el personal de base.
“Terminó con apremios tales como que los delegados ya estábamos despedidos, que esa era la resolución empresarial, y que si impulsábamos cualquier medida, también avanzarían en la separación de compañeros de la base”, sostuvo Linares, quien interpretó estas expresiones como un intento explícito de amedrentamiento. Frente a esa situación, la UOM manifestó su más enérgico rechazo a lo que calificó como una actitud intimidatoria, subrayando que el reclamo de los trabajadores es absolutamente legítimo y está amparado por el derecho a la organización colectiva.
El dirigente insistió en que las representaciones de las cuatro firmas que integran el grupo continúan articulando esfuerzos de manera conjunta, y que el eje central de su acción es la defensa irrestricta de las fuentes laborales. En ese sentido, remarcó que mantienen activas todas las instancias de discusión y que su prioridad es resguardar tanto a los despedidos como a los trabajadores activos y a los propios delegados, quienes, según denunció, fueron apartados sin que existan argumentos sólidos que justifiquen una medida tan extrema. “Sin ningún tipo de fundamento que lo respalde, tomaron la determinación de despedirnos con causa y luego prohibirnos el ingreso a la planta, con todo el perjuicio que eso conlleva”, enfatizó.
Pero las críticas de Linares no se dirigieron únicamente a la cúpula empresarial. El gremialista también destinó duras palabras a los referentes políticos vinculados a La Libertad Avanza, a quienes acusó de haber difundido la postura de la compañía sin siquiera acercarse a los operarios para conocer su versión de los hechos. En particular, mencionó al diputado Rodríguez y a otros voceros que, a su juicio, salieron presurosamente a replicar el discurso patronal en todas las redes sociales posibles, sin mostrarse interesados en escuchar a los trabajadores, muchos de los cuales, incluso, habrían depositado su confianza electoral en esos dirigentes. “No se acercaron a las y los trabajadores, que aún con todas las discrepancias que podamos tener, hay varios compañeros y compañeras que les brindaron su voto de confianza, y ni siquiera se dignaron a hablar con ellos para constatar si lo que decía la empresa era cierto”, cuestionó con dureza.
Para el dirigente, esta actitud evidencia una vez más la distancia abismal que separa a ciertos representantes políticos de las necesidades reales del mundo del trabajo. “Es una muestra más de lo que estos representantes nos tienen acostumbrados, que en verdad no representan ni mínimamente al pueblo fueguino ni a las y los trabajadores”, concluyó Linares, en un cierre que dejó en claro la profundidad del malestar gremial y la certeza de que el conflicto, lejos de resolverse, se encamina hacia nuevas instancias de confrontación, mientras los operarios permanecen a la espera de respuestas tanto de la empresa como de los estamentos políticos y judiciales que deberán intervenir en la búsqueda de una salida negociada.
