En una jornada de protesta sin precedentes, las aulas permanecerán vacías y los accesos custodiados por guardias mínimas. El gremio local secunda la medida de fuerza dispuesta por la FATUN tras el colapso de las negociaciones salariales, mientras se gesta una nueva movilización masiva para octubre en defensa del presupuesto universitario.
La comunidad educativa de Rosario amaneció este martes 8 de septiembre con sus puertas clausuradas y sus pasillos desiertos, como consecuencia del acatamiento al paro de actividades dispuesto por la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Rosario (APUR). La decisión, que replica el mandato de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), implica el cese total de tareas en todas las facultades y escuelas preuniversitarias de la órbita local, con la única excepción de los servicios esenciales que resguardan la integridad de las personas y los animales bajo cuidado institucional, tal como establece el protocolo habitual en estas circunstancias.
La medida de fuerza, que se inscribe en un creciente clima de ebullición social dentro del ámbito académico, encuentra su justificación en el frustrado encuentro paritario del pasado 1 de septiembre, donde las expectativas de recomposición salarial y asignación de recursos chocaron una vez más contra un muro de silencios administrativos. Miguel Roldan, secretario general de APUR, encabezó el pronunciamiento gremial con un tono de firmeza inapelable, al sostener que “no nos toca otra situación que seguir la lucha”, y agregó una reflexión que resonó con contundencia entre los trabajadores: “No hay peor derrota que la que no se lucha”. El dirigente dejó en claro que el colectivo que representa no claudicará en su embestida reivindicativa, y prometió persistir “hasta el final, cueste lo que cueste”, en defensa de los pilares que sustentan la educación superior pública y sin aranceles.
En el comunicado difundido por la conducción local, se explicita que la modalidad del paro es sin concurrencia a los puestos laborales, lo que implica que los empleados no deben presentarse en sus respectivas dependencias, aunque se garantiza la cobertura de guardias mínimas, una práctica instaurada por costumbre y necesidad para atender eventuales contingencias vinculadas a la salud humana y animal que no pueden postergarse. Este esquema de funcionamiento acotado busca equilibrar el derecho a la protesta con la responsabilidad ineludible de preservar la vida y el bienestar, en un contexto donde la tensión entre la demanda gremial y la prestación de servicios básicos se vuelve cada vez más evidente.
El frente sindical de las universidades nacionales, que aglutina a diversos sectores del arco docente y no docente, convocó a una asamblea extraordinaria tras el fracaso de la mesa de diálogo con el Ejecutivo, y de allí emergió un diagnóstico compartido: la urgencia salarial y la crisis presupuestaria no admiten demoras ni contemplaciones. Roldan, al replicar las palabras del colectivo federado, enfatizó que la comunidad universitaria no permanecerá como espectadora inerte ante lo que califican como un desmantelamiento orquestado del sistema educativo nacional. En ese sentido, el secretario general anticipó la convocatoria a una nueva manifestación de envergadura, la denominada V Marcha Federal Universitaria, que se proyecta para la primera semana de octubre, y que buscará visibilizar en las calles el descontento acumulado y la exigencia de respuestas concretas.
Como antesala de esa gran movilización, la FATUN delineó un cronograma de acciones progresivas que incluye, además del paro de este martes, una jornada nacional de clases públicas en la vía pública para el martes 15 de septiembre. Esta iniciativa, que recupera la tradición de la pedagogía callejera como herramienta de resistencia simbólica, pretende convertir el espacio urbano en un aula abierta donde se expongan los argumentos que sustentan el reclamo: la imperiosa sanción de una ley de financiamiento universitario que garantice recursos estables, la reapertura de paritarias que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la espiral inflacionaria, la actualización de las Becas Progresar y el programa Belgrano, y la aprobación de un presupuesto que no asfixie económicamente a las casas de altos estudios.
El pliego de exigencias, detallado en el comunicado gremial, refleja una posición de creciente beligerancia por parte de los trabajadores de la educación, quienes advierten que la paciencia se ha agotado y que la inacción oficial solo profundiza el abismo entre los salarios docentes y la canasta básica, al tiempo que estrangula la capacidad operativa de las instituciones para sostener la investigación, la extensión y la docencia de calidad. La jornada de paro, en este sentido, no constituye un fin en sí mismo, sino un eslabón dentro de una cadena de protestas que aspira a resignificar el contrato social que liga al Estado con la universidad pública, entendida como un motor de movilidad social y desarrollo equitativo.
Mientras las facultades permanecen cerradas y los equipos de trabajo reducen su actividad a lo estrictamente indispensable, la comunidad educativa se prepara para lo que se vislumbra como un otoño caliente de conflictos y definiciones. La decisión de APUR de alinearse sin reservas a la medida nacional no solo consolida la unidad del sector, sino que envía una señal inequívoca de que la defensa de la educación pública se ha convertido en una causa que trasciende lo gremial para instalarse en el corazón del debate ciudadano, en un escenario donde el futuro de las próximas generaciones se juega en cada resolución presupuestaria y en cada gesto de voluntad política.
