La Casa Rosada impulsa con renovada energía el proyecto que deroga las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en medio de un tablero de aliados reticentes, gobernadores dubitativos y un costo fiscal que desmiente el discurso del ajuste.
El Gobierno nacional retomó con firmeza su pulseada en el Congreso para conquistar una de las metas más preciadas por la administración libertaria: la sanción de la reforma política que extinga el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mecanismo que, a criterio del oficialismo, constituye un escollo para la eventual reelección del presidente Javier Milei y un freno a cualquier intento de unidad opositora, en particular del peronismo. La mesa política del espacio gobernante resolvió insistir en su iniciativa tras varios traspiés parlamentarios, y la jefa de los senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que el debate se reabrirá el próximo 15 de septiembre en la Cámara alta, aunque el escenario dista de ser sencillo: todavía no existe un consenso maduro ni siquiera entre los propios socios de la coalición, cuyas reservas y desconfianzas ya frustraron en oportunidades anteriores los intentos oficiales.
Mientras tanto, desde Balcarce 50 se intensifican las gestiones diplomáticas para atraer a varios mandatarios provinciales y a los legisladores que les responden, con la mira puesta en engrosar el caudal de sufragios necesario. La suspensión de las PASO en la provincia del Chaco operó como un catalizador: otros gobernadores observan ese precedente y evalúan con cautela qué rumbo tomarán respecto de las primarias en sus propios distritos, en un contexto donde la lealtad al Ejecutivo nacional se pone a prueba frente a los intereses locales.
El propósito medular del Ejecutivo es despejar el camino hacia 2027, y para ello considera vital desactivar la instancia de las PASO, a la que señala como una traba para la construcción de frentes opositores amplios. Sin los votos asegurados en el recinto —dado el rechazo que despierta entre referentes del PRO y la UCR—, el oficialismo comenzó a explorar vías alternativas, como la suspensión temporaria de las primarias para los comicios presidenciales del año entrante. Una opción que, en la práctica, no altera sustancialmente los planes libertarios. Tal como lo expresó Bullrich tras la sesión senatorial que aprobó los pliegos de 67 jueces impulsados por la Rosada, «suspenderlas o eliminarlas resulta indistinto, porque el núcleo del debate es definir el régimen electoral que regirá el próximo año».
No obstante, las sombras de la desconfianza aún no se disipan entre los principales socios estratégicos del oficialismo. En el PRO, que negocia con el Gobierno una alianza electoral en varios distritos, todavía impera el escepticismo acerca de la conveniencia de suprimir las PASO; de hecho, un sector del macrismo insiste en desglosar del proyecto original el capítulo relativo a Ficha Limpia, considerándolo un estandarte propio que no debería quedar subsumido en la discusión más amplia. Pero las fisuras también atraviesan el universo radical: dentro del bloque de senadores de la UCR, las posturas se hallan fragmentadas. Algunos legisladores se pliegan sin fisuras a la línea de sus gobernadores alineados con la Casa Rosada, como el mendocino Alfredo Cornejo, el correntino Juan Pablo Valdés —quien tilda a las primarias de instrumento estéril— o el chaqueño Leandro Zdero, que acaba de lograr la derogación de las PASO provinciales en su territorio. Otros, por el contrario, abogan por una solución intermedia: que las internas partidarias sean optativas, una suerte de Primarias Abiertas y Simultáneas (PAS) sin el carácter obligatorio que las distingue hoy.
A contrarreloj, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, acelera las negociaciones con otros gobernadores colaboracionistas para sumar voluntades, aunque nada indica que el sendero se haya despejado por completo. La complejidad del escenario se agrava porque el articulado no se limita a las PASO; incluye otras disposiciones que, a juicio de críticos, menoscaban la vitalidad de los partidos políticos. Entre ellas, se eleva el piso mínimo de afiliados y de presencia territorial para obtener y conservar la personería jurídica: las fuerzas de distrito deberán acreditar al menos el 0,5% del padrón local, y las nacionales, presencia en diez distritos —el doble que los cinco exigidos actualmente— más un 0,1% del registro nacional. Además, se suprime el aporte estatal obligatorio y se eliminan los topes de gasto, mientras que los aportes privados podrán escalar hasta el 35% del total autorizado, un cambio que beneficiaría ostensiblemente a aquellas agrupaciones con mayor capacidad de financiamiento privado, en detrimento de las más pequeñas o con menos recursos.
El argumento esgrimido por el presidente Milei para justificar la reforma es la reducción de costos, uno de sus caballitos de batalla retóricos. Sin embargo, un informe de la Fundación Éforo desnuda una realidad incómoda: la suspensión de las PASO en 2025 no derivó en el ahorro electoral que cabría esperar al suprimir una de las instancias del calendario nacional. Por el contrario, el gasto electoral, medido a precios constantes de ese año, se mantuvo muy por encima de los niveles previos a la implementación de las primarias. En las legislativas de 2009 —los últimos comicios sin PASO antes de su incorporación— el desembolso había sido de 296.967 millones de pesos; en las elecciones de medio término de 2025, ese costo resultó un 58% superior, desmontando así el relato del ahorro.
El estudio de Éforo pone el foco en la logística como el principal factor de esa rigidez presupuestaria. El servicio provisto por el Correo Argentino, por caso, demandó 225.113 millones de pesos en 2025, la cifra más elevada de toda la serie analizada, incluso por encima de los años con tres despliegues nacionales. En las presidenciales con balotaje de 2015 y 2023, el costo logístico promedio fue de 190.797 millones, mientras que en las legislativas con PASO de 2017 y 2021, el promedio alcanzó los 183.687 millones. Estos datos echan por tierra la premisa oficial de que eliminar las primarias implicaría un ajuste automático en el erario, y añaden un elemento de controversia adicional a un debate que, lejos de zanjarse, promete días de intensa deliberación parlamentaria y de transacciones políticas en los pasillos del Congreso.
