El magistrado catamarqueño Rodrigo Morabito respaldó la decisión de su colega Marta Elba Pascual de frenar por sesenta días la aplicación de la nueva normativa nacional, y advirtió que las provincias carecen de infraestructura y recursos para contener a los adolescentes que ingresarán al sistema penal. También subrayó que el foco debe estar en las estrategias previas al delito, y no solo en el castigo.
En un extenso análisis brindado en diálogo con Radio 750, el juez de menores de Catamarca, Rodrigo Morabito, salió al cruce de las críticas y los elogios que despertó la reciente suspensión de la ley penal juvenil dispuesta por su par bonaerense, Marta Elba Pascual. Lejos de considerar la medida como un capricho jurisdiccional, Morabito la interpretó como una advertencia necesaria acerca de las falencias estructurales que atraviesan a gran parte del país.
El magistrado comenzó su exposición señalando que cualquier evaluación sobre la norma debe realizarse con un lente federal, porque las realidades provinciales distan enormemente entre sí. En ese sentido, puso el acento en que el distrito bonaerense enfrenta una particularidad demográfica y delictiva que no es equiparable con la de otras regiones, especialmente en lo que respecta al volumen de menores que mantienen contacto con el sistema judicial. Esa densidad poblacional, explicó, deriva en un problema de base: la falta de espacios físicos, personal capacitado y recursos económicos para albergar a los jóvenes que, a partir de los catorce años, quedarían bajo el nuevo régimen de imputabilidad.
Morabito fue contundente al afirmar que la resolución adoptada por la jueza Pascual —quien optó por una pausa de dos meses en lugar de declarar inaplicable la ley— responde a una cuestión presupuestaria irresuelta. “Si no hay dinero, no se puede poner en marcha esta reforma”, sentenció el juez, y recordó que la normativa nacional solo prevé partidas para la Nación, dejando a las provincias en una situación de desamparo financiero para adaptar sus estructuras. Esa misma línea argumental fue esgrimida por la propia Pascual al fundamentar su fallo, al sostener que sin los mecanismos adecuados, la ley no resulta beneficiosa ni para la comunidad ni para los propios adolescentes involucrados.
El eje del planteo judicial, insistió Morabito, no pasa por cuestionar la gravedad de ciertos delitos cometidos por menores, sino por constatar la ausencia de infraestructura estatal para absorber el previsible incremento de jóvenes que serán derivados al sistema penal. En ese punto, el magistrado aportó una mirada estadística que, a su juicio, suele ser soslayada en el debate público: apenas el cuatro por ciento de los delitos registrados en todo el país son perpetrados por adolescentes. “Eso no minimiza el daño causado ni romantiza el delito”, aclaró, “pero obliga a preguntarnos por qué sucede y, sobre todo, qué podemos hacer antes de que ocurra”.
Para Morabito, la respuesta está en el entorno previo a la infracción. Con datos duros, describió un escenario desolador: siete de cada diez chicos viven en condiciones de pobreza, dos millones de niños se acuestan sin haber cenado, y casi la mitad de esa población infantil carece de calzado adecuado. A esas carencias materiales se suman entornos signados por el maltrato, la violencia intrafamiliar y el consumo problemático de sustancias. En ese contexto, el juez planteó una pregunta incómoda: ¿cómo exigir a un pibe de catorce años que consiga trabajo formal si el mercado laboral lo excluye sistemáticamente? Esa exigencia, incluida en la nueva ley, revela, en palabras del magistrado, una profunda desinteligencia normativa, porque desconoce las barreras estructurales que enfrenta la juventud más vulnerable.
Otro de los puntos críticos que señaló Morabito es la reciente reglamentación de la figura del “supervisor”, un rol que, según la norma, debería acompañar a los menores en su proceso judicial. Sin embargo, el juez fue tajante: esa función no puede implementarse sin una asignación presupuestaria específica en cada provincia, y hasta el momento no hay planes concretos para financiarla. De no resolverse ese vacío, advirtió, la ley se convertirá en un cascarón vacío, con más intenciones declarativas que posibilidades reales de aplicación.
El magistrado catamarqueño también puso el foco en lo que ocurre puertas adentro de los centros de detención. Con más de quince años de trayectoria en la justicia penal juvenil, Morabito afirmó que las cárceles actuales no resocializan; por el contrario, desocializan. Y ejemplificó con crudeza: un adolescente que ingresa a los catorce años puede recuperar su libertad recién a los veinticuatro, y si se le niega el beneficio de la condicional, ese plazo se extiende hasta los veintinueve años. Durante todo ese tiempo, si no se le brindan herramientas educativas, laborales o psicológicas, lo más probable es que egrese con más violencia y menos recursos que al inicio. “Esa persona va a salir y va a dañar, porque no tiene nada más que eso”, reflexionó con pesar.
En su intervención, Morabito insistió en que la discusión no debería girar únicamente en torno a la edad de imputabilidad o al endurecimiento de las penas, sino que el verdadero desafío consiste en diseñar políticas de prevención temprana que ataquen las causas profundas de la delincuencia juvenil. Para el juez, reducir la cuestión a un debate punitivo es un error que condena al fracaso cualquier intento de transformación. Por el contrario, abogó por invertir en educación, contención familiar, salud mental y acceso al empleo digno como caminos alternativos para desactivar la espiral de exclusión que empuja a muchos jóvenes hacia el delito.
Finalmente, Morabito valoró la decisión de su colega bonaerense como un acto de responsabilidad institucional, más que como una obstrucción a la ley. “Lo que hizo Pascual fue poner un freno necesario hasta que las condiciones estén dadas”, sostuvo. Y cerró con una frase que resume su postura: “No se puede aplicar una norma que exige lo que el Estado no puede ofrecer. La justicia no puede ser solo un rótulo; debe ser una herramienta real, y para eso hace falta presupuesto, infraestructura y, sobre todo, voluntad política para mirar a los chicos antes de que cometan el delito, no después”.
