Más de 300 personas expusieron en la Legislatura porteña su calvario financiero ante agencias de cobranza que operan al amparo de un vacío legal. Un proyecto de ley busca poner límites a las prácticas extorsivas, mientras el Gobierno nacional minimiza el drama y culpa a los deudores.
En el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la concurrencia superó todo pronóstico. Lo que inicialmente fue concebido como una audiencia para abordar el acoso de las agencias de cobranza se transformó en un desbordante testimonio colectivo de desesperación. Más de trescientas personas inscriptas para relatar su experiencia personal dieron cuenta de un fenómeno que, lejos de ser marginal, atraviesa a miles de hogares en todo el país. El encuentro, encabezado por el legislador Leandro Santoro, significó el paso previo a la presentación de una iniciativa legal que busca regular el cobro de deudas y crear un registro público que faculte a la Dirección General de Defensa al Consumidor a sancionar a las empresas que incurran en prácticas de hostigamiento sistemático.
“Tanta desregulación generó un vacío legal para que las firmas que prestan dinero puedan explotar la angustia de la gente”, sostuvo Santoro en diálogo con este medio, minutos antes de que comenzara la jornada. Y no fue una declaración menor: el propio legislador reconoció que el número de damnificados que se acercaron a declarar evidenció una problemática mucho más extendida de lo que se suponía. Muchos de los presentes describieron lo que denominaron una “rueda” de sobreendeudamiento que se aceleró con el inicio de la gestión del actual presidente Javier Milei, en un contexto donde los alquileres se dispararon, las tarifas de servicios se incrementaron y los salarios reales perdieron terreno día tras día. “Hoy hay que optar entre alimentarse o contraer una deuda”, resumió una mujer entre el público, en una frase que sintetizó el sentir de la mayoría.
El primer relato de la jornada estremeció a los presentes. Erica, hermana de Camila, una joven de apenas 23 años, contó que en noviembre del año pasado su familiar tomó la trágica decisión de quitarse la vida después de recibir amenazas por parte de una reconocida financiera y de un supuesto estudio jurídico. “Haciendo alusión a una deuda de mi hermana, intimidaron con embargar los escasos bienes que posee mi padre, y una hora más tarde Camila ya no estaba”, narró Erica con la voz quebrada. Para ella, todo esto configura un “negocio del miedo”, donde confluyen la precariedad laboral, la vergüenza social y un entramado legal que deja desprotegidas a las familias.
Detrás de estos testimonios hay cifras contundentes. Solo en la Ciudad de Buenos Aires funcionan al menos 273 empresas dedicadas primordialmente al servicio de cobranza y calificación crediticia. A nivel nacional, la cantidad de morosos asciende a seis millones de personas, de las cuales 345 mil residen en el distrito porteño. El sociólogo Nicolás Otero, quien acompañó a Santoro en la audiencia, explicó que las agencias adquieren carteras de deudas con más de un año de impago por un valor cercano al 6 por ciento de su monto original. “Ahí reside la rentabilidad del negocio; en cierto modo, operan como fondos buitre”, señaló Otero, al tiempo que puso en relieve la lógica perversa que subyace a este mercado secundario de créditos incobrables.
El temor a la exposición pública fue una constante a lo largo de toda la reunión. Antes de que diera inicio la audiencia, una mujer le confesó a otra: “Si hay cámaras, me retiro”, por el pánico a que su entorno laboral se enterara de su situación financiera. Al tomar la palabra, muchos coincidieron en que el sistema los empuja a sentirse culpables, a pensar que su endeudamiento es fruto de su propia ineptitud. Frente a ese estigma, una asistente relató que pasó de tener un empleo a desempeñarse en tres trabajos simultáneos. “Mi hija me dice que siempre estoy ocupada, y aun así no alcanzo a saldar las deudas. Deudas ilegítimas, que no se ajustan por inflación sino por una liberación salvaje de las tasas de interés, lo cual constituye un embate contra los ciudadanos de esta nación”, denunció con crudeza.
Los damnificados no solo padecen el acoso telefónico diario, con amenazas de embargos sobre bienes o salarios, sino que también ven involucrados a sus familiares, amigos y jefes en esa red de presión. “No sé cómo, pero consiguieron el número de mi supervisora”, se lamentó otra mujer. Un jubilado, por su parte, llevó la cuenta de las llamadas recibidas durante enero de este año: ochenta y siete en total. “Soy padre y mantengo el teléfono con volumen por seguridad; te contactan mientras te duchas, mientras descansas, no se puede vivir de esa manera”, afirmó con impotencia.
Patricio, de 41 años, confesó que su vida económica “tomó un giro abrumador” desde 2023, y que su presencia en la audiencia fue sugerida por su psicóloga. “¿Hasta qué punto puede llegar la mente de una persona buscando salidas a la deuda? ¿Y dónde está el Estado, que debería respaldar a la gente en sus momentos más frágiles?”, se preguntó en voz alta. La jornada puso el acento, precisamente, en las secuelas mentales que genera el hostigamiento continuado y la ausencia de regulaciones que protejan al deudor.
Santoro adelantó a este diario que el proyecto de ley que presentará en los próximos días exige que cada agencia de cobranza designe a un responsable con matrícula habilitada, de modo que, ante un incumplimiento, el Colegio Público de Abogados pueda inhabilitarlo. Asimismo, remarcó que existe voluntad política transversal entre distintas fuerzas para avanzar en una solución que alivie a los ciudadanos. Al profundizar en el diagnóstico, el legislador sostuvo que las agencias extrajudiciales “se aprovechan de un vacío normativo existente en la Ciudad, llegando a situaciones de acoso y hostigamiento personal gravísimo, incluso con actos de violencia y humillación. Hay personas que se hacen pasar por abogados y amenazan con despojar a la gente de sus viviendas o de sus ingresos”, ejemplificó.
Uno de los momentos más conmovedores llegó con el testimonio de una madre que tiene un hijo con discapacidad y que afirmó no haber atravesado jamás una situación semejante a lo largo de su vida laboral, iniciada a los 18 años. “Opté por dar de comer a mis hijos y pagar el alquiler para no quedar en la calle, y ahora recibo llamadas sumamente violentas; les explico mi realidad, pero del otro lado parecen un robot o algo peor”, alertó.
Todos los intervinientes agradecieron la apertura de este espacio y respaldaron la iniciativa de regular las cobranzas extrajudiciales, en un escenario económico hostil para los trabajadores, mientras el Gobierno nacional, bajo el lema libertario, minimiza la morosidad y responsabiliza a los deudores. El mes pasado, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había declarado que la mora es un asunto privado entre partes y que el Estado no debe intervenir, aludiendo a que se trata de “gente grande que sabe lo que hizo y a quién le pidió prestado”. Esa postura contrasta con la realidad que retrataron los cientos de voces que llenaron el Salón Dorado: la de familias arrinconadas por un sistema que, en nombre de la libertad financiera, ha dejado desamparados a los más vulnerables.
