La oposición articula un frente de iniciativas legislativas para contraponer al anuncio oficial sobre soberanía, mientras emergen contradicciones entre el relato presidencial y los vínculos comerciales de su círculo íntimo con actores británicos e israelíes en las islas.
El encendido mensaje de Javier Milei, aquel despliegue de fervor nacionalista emitido por cadena nacional que buscó interpelar la fibra sensible de la argentinidad, comenzará a ser contrastado con la realidad de los hechos en el escenario parlamentario durante las próximas semanas. La oposición, que ya afila sus estrategias en la Cámara de Diputados, no solo planea exhumar la confesa admiración del mandatario por Margaret Thatcher, sino también desmenuzar cómo esa devoción se tradujo en decisiones concretas —y en omisiones deliberadas— a lo largo de los últimos tres años de gestión. El ingreso del proyecto de ley oficial, aún huérfano de su letra pequeña, será la excusa perfecta para desplegar un arsenal de propuestas provenientes de distintos bloques, todas ellas orientadas a reivindicar la soberanía nacional sobre el archipiélago del Atlántico Sur.
Entre las herramientas que se barajan en la vereda opositora sobresale la imposición de sanciones económicas contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, los socios británico e israelí que impulsan el ambicioso proyecto Sea Lion, así como la derogación de beneficios impositivos que actualmente favorecen a empresas del Reino Unido con operaciones en territorio argentino. Estas medidas, que podrían ampliarse al reclamo del sector pesquero —históricamente afectado por lo que califican como un saqueo sistemático en el mar argentino—, convivirán con denuncias punzantes sobre los lazos del Presidente con el empresario Eduardo Elsztain, cuya participación accionaria en la Falkland Islands Company (FIC) despierta suspicacias, y con los “incentivos” fiscales y cambiarios que el ministro Luis Caputo otorgó en 2025 a la firma Southern Energy, de capitales británicos, para potenciar sus ganancias en Vaca Muerta. Tampoco faltarán quienes señalen el rol de Starlink, propiedad del “amigo” Elon Musk, como uno de los principales proveedores de conectividad a los kelpers, ni quienes recuerden que la AABE remató terrenos de la Armada en Ushuaia en medio de un contexto de creciente privatización.
El prontuario de contradicciones es extenso, y la oposición ya ha acumulado munición suficiente. En el caso puntual de Sea Lion, cuyo plan de inversiones fue anunciado a fines de 2025, se presentaron en los últimos meses cuatro proyectos diferentes —dos de Unión por la Patria y otro de Marcela Pagano— que acusan al Gobierno de haber postergado su tratamiento deliberadamente, replicando en el parlamento la misma actitud de desinterés que atribuyen al canciller Pablo Quirno. Según reveló Página/12, en Cancillería predominó hasta el viernes la denominada “Doctrina Plaza”, en alusión directa a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, cuyo lineamiento consistía en fomentar negocios con el Reino Unido, incluyendo inversiones y explotación de recursos en Malvinas. Esa postura permitió que Rockhopper y Navitas —esta última con capitales israelíes, país que junto a Estados Unidos ocupa un lugar central en la política exterior de Milei— avanzaran sin mayores obstáculos.
Sin embargo, el lunes por la noche, a través de la cuenta de X de la Oficina del Presidente, el Gobierno anunció que denunciará penalmente a ambas compañías. Este movimiento, que se suma al proceso sancionatorio abierto por Quirno contra otras 45 firmas vinculadas indirectamente a Sea Lion —y que provocó un lunes negro en las bolsas de Londres y Tel Aviv—, representa un giro inesperado después de años de permisividad. Hasta el discurso del viernes, la única acción proactiva del Estado había sido un amparo presentado por excombatientes del CECIM y organizaciones ambientalistas ante los tribunales de Tierra del Fuego. En un gesto insólito, el ministro de Seguridad israelí realizó un guiño al respecto y respaldó las sanciones contra el Reino Unido, al tiempo que instó a reconocer la soberanía argentina. Pero el clima internacional no acompañó del todo a Milei: Donald Trump, en su conversación con el premier británico Andy Burnham, eludió por completo mencionar el contencioso malvinense.
El terreno legislativo promete ser áspero, y la oposición ya ha puesto la lupa sobre casos emblemáticos que evidencian una política de premios y castigos selectivos. El diputado Maxi Ferraro (Coalición Cívica) publicó una investigación minuciosa donde denuncia que Southern Energy, lejos de ser sancionada, fue beneficiada por el Gobierno a pesar de su vínculo societario con Premier Oil PLC, una firma inhabilitada en 2013 por participar en exploraciones petroleras cerca de Malvinas. Esa inhabilitación, que debía extenderse por quince años bajo la Ley 26.659 —la misma que Milei promete endurecer—, fue soslayada por el Ministerio de Economía, que otorgó a Southern Energy los beneficios del RIGI para desarrollar y exportar gas desde Vaca Muerta, asegurándole décadas de ventajas fiscales y cambiarias. En esa sintonía, el diputado Guillermo Michel presentó un proyecto para anular el convenio de doble imposición que, desde la era menemista, concede privilegios tributarios a las empresas británicas en el país.
El entramado de intereses se vuelve aún más denso cuando se incorpora la figura de Eduardo Elsztain, empresario de la primera hora mileísta, presidente de IRSA y dueño del Hotel Libertador —donde el mandatario residió durante más de un mes y en cuyo lobby se gestó la estafa $LIBRA en 2024—. Elsztain admitió poseer el 2% de las acciones de la Falkland Islands Company, que controla prácticamente la totalidad de la vida económica en las islas. En un intento por teñir de patriotismo su participación, publicó una extensa carta de descargo citando a Perón, argumentando que el general también intentó comprar la compañía en su momento. Otro aliado presidencial, Elon Musk, tiene su propia cuña en el archipiélago a través de Starlink, que recientemente anunció su desembarco en las “Falkland Islands” con un comunicado ilustrado con la bandera británica. Pese a esta contradicción, Milei firmó un acuerdo con esa misma empresa para llevar internet a 6.000 escuelas rurales argentinas.
El reclamo por la soberanía no se agota en el petróleo. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) exigió al Presidente que la actividad pesquera en Malvinas también sea alcanzada por las nuevas políticas restrictivas, argumentando que el sistema de licencias que administra el Reino Unido genera unos 45 millones de dólares anuales, una cifra que no puede ser ignorada si se pretende combatir el saqueo de los recursos marítimos. Este pedido podría encontrar eco en el debate parlamentario cuando el proyecto oficial llegue al recinto. Finalmente, se reactivará el pedido para poner en funcionamiento el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas y para revisar la intervención del puerto de Ushuaia, actualmente en manos de la familia Neuss —cercana a Santiago Caputo, quien se atribuye la creación del relato malvinero de Milei—, en un contexto donde la privatización parece ser la moneda corriente.
El escenario que se vislumbra en el Congreso es complejo: el gesto teatral del Presidente, envuelto en una repentina oleada de patriotismo, chocará con una oposición que ha recopilado meticulosamente cada omisión y cada contradicción, y que está dispuesta a exponer los hilos invisibles que conectan a los amigos del poder con los intereses foráneos en las islas. La pulseada por Malvinas, más que un ejercicio de retórica soberana, se perfila como una batalla política donde el discurso y la praxis se enfrentarán sin atenuantes.
