El mercado laboral registró en mayo su tercer mes consecutivo de retroceso, consolidando un año completo en terreno negativo para el trabajo en relación de dependencia. Desde la asunción de Javier Milei, se han esfumado más de 411.000 puestos de trabajo y el cierre de más de 30.000 empresas evidencia una contracción sin precedentes en los primeros 30 meses de gestión, según organismos especializados. Gigantes industriales como Granja Tres Arroyos, Mirgor, Unilever, Will Der y Metalfor protagonizan en las últimas semanas una ola de desvinculaciones que afecta a cientos de familias, en un escenario de fuerte apertura importadora y desplome de la demanda interna.
El ritmo de destrucción del empleo formal no cesa y las estadísticas oficiales comienzan a dibujar un panorama sombrío para la economía argentina. De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) procesados por la cartera de Trabajo, durante el quinto mes del año el total de trabajadores registrados se situó en 12.785.600, una cifra que evidencia una merma frente a los 12.797.600 contabilizados en abril y, aún más preocupante, una distancia notable respecto a los 12.861.000 puestos existentes doce meses atrás. Esta evolución negativa quebró cualquier expectativa de reactivación temprana y sumergió al mercado laboral en una fase claramente contractiva, donde el deterioro se acelera a pesar de los magros intentos de compensación por parte del Ejecutivo.
Analizando la variación intermensual, el universo de asalariados del sector privado sufrió un achicamiento del 0,1 por ciento, lo que en términos netos representa la desaparición de aproximadamente 9.000 fuentes de ingreso en apenas treinta días. Si bien esta merma resulta inferior a las registradas en marzo (0,2%) y abril (0,3%), la persistencia de la tendencia a la baja enciende todas las alarmas. Un cálculo realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela una métrica aún más escalofriante: desde noviembre de 2023 se están pulverizando 450 puestos de trabajo por día, una sangría incesante que ya acumula un saldo global de 411.600 empleos perdidos durante la vigencia de la actual administración, a lo que se suma el cese de actividades de más de 30.000 firmas, lo que representa un seis por ciento del tejido empresarial total.
Frente a esta debacle, el oficialismo optó por poner el foco en el comportamiento del monotributo y el empleo doméstico, segmentos que, sin embargo, no logran equilibrar la balanza del desempleo estructural. Durante mayo, la cantidad de monotributistas se incrementó en unos 2.700, lo que supone un alza mensual del 0,1 por ciento, mientras que en la comparación interanual se sumaron 42.000 nuevos inscriptos bajo esa modalidad. Por su parte, el trabajo en casas particulares mostró un avance del 0,3 por ciento, con cerca de 1.400 nuevos registros. No obstante, los especialistas del CEPA desmontan este relato optimista al advertir que, en el mismo rubro de casas particulares, se han perdido 30.133 empleos desde noviembre de 2023, equivalente a una baja de 33 puestos diarios. La contradicción es evidente: mientras menguan los puestos asalariados de calidad, la expansión se refugia en modalidades precarias que no ofrecen las garantías de una relación laboral plena.
La foto del mercado laboral encuentra su correlato más crudo en el entramado fabril, donde la sucesión de conflictos y cierres se ha vuelto moneda corriente. En las últimas semanas, cinco grandes empresas emblemáticas han protagonizado episodios de ajuste extremo que conmocionaron a sus respectivas comunidades. El caso de Granja Tres Arroyos resulta paradigmático: la firma avícola despidió a 255 trabajadores de su planta en Concepción del Uruguay, un recorte que afecta al 36 por ciento de su dotación total, justificado por la empresa en una merma de las exportaciones, una sobreoferta en el mercado interno y el incremento de los costos operativos. Los representantes gremiales repudiaron la medida y denunciaron que los empleados se convierten en la variable de ajuste ante la ineficiencia empresarial, agravado por importantes atrasos salariales que mantienen en vilo a las familias afectadas.
En el extremo sur del país, la firma electrónica Mirgor desató un terremoto laboral al comunicar la desvinculación de 300 operarios de su establecimiento en Río Grande, en medio de un tenso enfrentamiento con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La compañía argumentó que la decisión respondía a las medidas de fuerza gremial y no a un declive de la actividad productiva, aunque el conflicto forzó la intervención del gobierno provincial, que dictó una conciliación obligatoria por quince días para suspender los despidos y abrir una instancia de diálogo que permita preservar los puestos. En un escenario similar, la multinacional Unilever resolvió echar el cierre definitivo de su histórica fábrica de Corralitos, en Guaymallén, Mendoza, después de 62 años de ininterrumpida producción de vegetales deshidratados para la marca Knorr. La medida dejó a 60 personas sin empleo y la compañía anunció que continuará comercializando sus productos en el país, pero con mercadería importada, un síntoma claro de la sustitución de producción local por oferta externa.
El sector textil no escapa a la tormenta. Will Der, dedicada a la confección de indumentaria deportiva para firmas internacionales, cerró sus plantas de General Pacheco y Las Flores, dejando en la calle a unos 120 empleados. La empresa, que ya venía reduciendo su plantilla desde 2023, alegó ante los trabajadores que la falta de pedidos y el reemplazo de la producción nacional por importaciones habían tornado inviable la actividad. En un encuentro con los operarios, uno de los directivos fue contundente al afirmar: «Créanme, la política nos hundió», y remató con un mensaje dirigido al futuro electoral de los despedidos: «Piensen la próxima vez que voten». Esta declaración condensa el malestar que recorre a los industriales, atrapados entre un ajuste fiscal que deprimió el consumo interno y una apertura de importaciones que favorece la competencia foránea en desmedro de la producción nacional, todo ello en un contexto de elevados costos financieros y productivos que asfixian la rentabilidad.
Otro foco de conflicto se encendió en la provincia de Córdoba, donde Metalfor, perteneciente al grupo Bertotto Boglione, anunció el cese de operaciones en su planta de Noetinger y el traslado de maquinarias a otras instalaciones, al tiempo que inició un proceso de reducción drástica de personal en su fábrica de Marcos Juárez. La empresa pretende desvincular a 225 trabajadores, lo que representa el sesenta por ciento de su dotación actual de 375 empleados. Para llevar adelante este ajuste, la firma solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y reconoció un pasivo financiero que supera los 52.000 millones de pesos, con más de veinte entidades bancarias y crediticias entre sus acreedores, además de registrar atrasos salariales. La propuesta de la compañía para extinguir los vínculos laborales resulta particularmente gravosa: contempla el pago de apenas el treinta por ciento de las indemnizaciones en efectivo, fraccionado en dieciocho cuotas, mientras que el saldo restante se abonaría con maquinarias y herramientas, una oferta que los trabajadores calificaron de inadmisible y que profundiza la incertidumbre en la región.
El trasfondo de esta oleada de despidos masivos es común a todos los sectores: el empleo asalariado privado acumula doce meses consecutivos de contracción, la industria opera con niveles de capacidad ociosa que superan el 55 por ciento en algunos rubros y las empresas se ven forzadas a achicar estructuras, cerrar establecimientos o reemplazar producción local por insumos del exterior. La política económica del gobierno de Javier Milei apuesta a que una mayor apertura y competencia externa obligue a una reorganización profunda del aparato productivo, pero los datos laborales comienzan a evidenciar el costo social de esa transformación. Los primeros indicios correspondientes a junio, relevados por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) en los principales centros urbanos, no muestran signos de recuperación, lo que presagia que el segundo semestre del año arrancará con el mismo signo negativo que caracterizó a los primeros meses de la gestión. La sangría de puestos de trabajo no parece tener freno, y el fantasma de la desindustrialización avanza mientras miles de familias pierden su principal sostén económico en medio de una recesión que ya no da tregua.
