Santilli inició una ronda de diálogos con gobernadores opositores para recabar apoyos, mientras las provincias advierten sobre el impacto de la reducción en Ganancias y exigen compensaciones temporales. La Casa Rosada evalúa concesiones sin alterar el objetivo de déficit cero.
Tras un breve receso, el equipo de Gobierno de Javier Milei retomó con intensidad la actividad política, enfocándose en conseguir los apoyos legislativos necesarios para la aprobación de la reforma laboral. En este marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, inició una serie de encuentros con mandatarios provinciales de la oposición dispuesta al diálogo, con el propósito de escuchar sus demandas y presentar contrapropuestas que faciliten la sanción de la norma en ambas cámaras del Congreso.
Esta mañana, Santilli se trasladó a Mendoza para mantener una reunión con el gobernador Alfredo Cornejo, y posteriormente viajará a San Juan para reunirse con Marcelo Orrego. Ambos mandatarios han mostrado una visión favorable hacia la iniciativa oficialista, aunque expresaron reparos específicos sobre ciertos artículos y plantearon requerimientos particulares de sus jurisdicciones, condicionando así su respaldo al proyecto.
Durante el encuentro, Cornejo manifestó su discrepancia con uno de los aspectos impositivos incluidos en la reforma, un reclamo que comparte con al menos otros seis gobernadores, según pudo conocer este medio. El punto en cuestión se refiere a la modificación de la escala para el pago del impuesto a las Ganancias de las sociedades, que reduciría las alícuotas para algunos tramos. Esta disminución impactaría directamente en la recaudación coparticipable, generando un menor monto total a distribuir entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cálculos preliminares indican que el beneficio fiscal se concentraría en apenas 144 grandes empresas, con un costo equivalente al 0,3% del Producto Interno Bruto.
Frente a esta situación, Mendoza y otras provincias solicitarán al Ejecutivo nacional que asuma, al menos de manera transitoria, el costo de esa rebaja, postergando su efecto impositivo hasta 2027. “Vamos a explorar la posibilidad de que se difiera la medida, que el Gobierno Nacional absorba la reducción durante 2026 y que se traslade su aplicación para 2027 o 2028”, señaló una fuente provincial al tanto de las tratativas.
Pese a las diferencias, Cornejo reiteró su apoyo general a la reforma laboral, destacando la necesidad de fomentar el empleo y brindar mayor previsibilidad a la economía. “El objetivo es que la economía crezca y que, a partir de ese crecimiento, el Estado pueda sostener sus políticas públicas esenciales”, afirmó. Por su parte, Santilli sostuvo que ningún gobernador podría oponerse a una reforma laboral en Argentina, subrayando el consenso en torno a su importancia.
Los temas de índole fiscal, sin embargo, limitan la influencia de la Mesa Política oficialista, que mañana se reunirá en la Casa Rosada para analizar las alternativas a presentar ante el Ministerio de Economía y el presidente Milei, quien sigue de cerca todos los asuntos relacionados con la planificación económica. El encuentro contará con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule’ Menem; el propio Santilli; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien actúa como nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Un dato significativo es la confirmada asistencia del ministro de Economía, Luis Caputo, reflejando la relevancia de la discusión. Fuentes internas revelaron que se evalúa proponer algún tipo de compensación o alivio fiscal para las provincias, a fin de asegurar su respaldo a la reforma laboral. “Se va a trabajar en esa línea; mañana definiremos los detalles”, afirmó uno de los participantes.
La delicada situación fiscal provincial se ve agravada por la caída de los recursos coparticipables, que según un informe reciente descendieron un 0,2% durante el tercer trimestre de 2025. Aunque el Gobierno nacional considera la posibilidad de ceder temporalmente en estas negociaciones, Milei y su círculo íntimo insisten en que la Nación ya realizó los ajustes necesarios para garantizar el déficit cero, pilar fundamental de su programa económico. “Ese objetivo no se moverá; cualquier acción respetará el superávit actual”, aseguró una fuente autorizada.
Desde los despachos oficiales se sostiene que ahora les corresponde a las provincias ajustar sus gastos, argumentando que aún existen márgenes para eliminar privilegios y estructuras ineficientes. No obstante, para el oficialismo el escenario es complejo: si bien ha incrementado su representación en el Congreso, sigue dependiendo de los votos de los gobernadores, ya sea a través de bloques provinciales o de legisladores insertos en espacios más amplios, cuyas decisiones responden más a negociaciones concretas que a líneas partidarias.
La mayoría de las provincias, por otro lado, enfrentan una sensibilidad fiscal extrema, lo que las lleva a buscar colaboración con el Gobierno para obtener transferencias adicionales, directas o indirectas. En esta línea, Cornejo aprovechó el encuentro para reclamar la reanudación de tres rutas nacionales inconclusas en su territorio, mientras Orrego se enfocará en pedir el pronto tratamiento de la Ley de Glaciares, clave para regiones donde la minería es una actividad central.
El desenlace de estas negociaciones definirá no solo el futuro de la reforma laboral, sino también la dinámica de un frágil equilibrio entre el Gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales, en un contexto donde los márgenes económicos y políticos son cada vez más estrechos.
