El magistrado selló anoche la restricción perimetral extrema sobre el exjefe de Gabinete, tras un pedido del fiscal Pollicita, quien encendió las alarmas ante versiones no confirmadas sobre un posible traslado del funcionario a la República Oriental del Uruguay. La medida obliga al imputado a solicitar autorización expresa para cada desplazamiento al exterior, en un expediente que ya destapó un entramado de propiedades suntuarias y mensajes comprometedores en el celular de un contratista.
En una resolución que irrumpió con la contundencia de un mazazo en la tranquilidad de la noche, el juez Ariel Lijo hizo lugar al requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita y decretó la inmediata prohibición de egreso del territorio argentino para el otrora vocero presidencial, Manuel Adorni. La determinación, firmada al filo de las últimas horas de esta jornada, no solo congela cualquier intento de evasión internacional, sino que ata de pies y manos al exfuncionario, quien a partir de ahora deberá transitar por un riguroso cerco procesal: cada vez que planee un viaje más allá de las fronteras patrias, estará compelido a presentar una solicitud formal, adjuntando los pasajes de retorno y acreditando fehacientemente su reingreso al domicilio ante el juzgado, tal como se estila en los legajos de alto voltaje político.
El origen de esta medida cautelar extrema se ancla en un cúmulo de especulaciones que comenzaron a propagarse con la velocidad de un reguero de pólvora en los pasillos judiciales y políticos. Según trascendió, el representante del Ministerio Público Fiscal no advertía, en un principio, méritos suficientes para coartar la libertad ambulatoria del exjefe de Gabinete. No obstante, el rumor insistente acerca de que Adorni habría estado sopesando la posibilidad de cruzar el Río de la Plata para refugiarse en las apacibles costas de Punta del Este o en la bulliciosa Montevideo, prendió todas las alertas en la Fiscalía. Aunque ninguna fuente oficial corroboró jamás esas versiones, el fiscal Pollicita, movido por el principio de precaución que exige la magnitud del expediente, consideró más que razonable erigir un valladar jurídico que impidiera cualquier movimiento sospechoso, petición que el juez Lijo terminó por rubricar en la misma jornada del viernes, imprimiéndole urgencia a un fallo que promete sacudir los cimientos del oficialismo.
El telón de fondo de esta novedad procesal no es menor, dado que Adorni se encuentra sumergido hasta el cuello en una densa investigación por presunto enriquecimiento ilícito, un expediente que, con el correr de los días, ha ido desnudando aristas verdaderamente escabrosas. En el centro de la escena irrumpió la figura del contratista Matías Tabar, cuyo teléfono móvil se ha transformado en una suerte de cofre de Pandora tecnológico, alojando en su memoria llamadas y mensajes de texto que, según los pesquisas, evidenciarían un intento grosero de entorpecer y desviar el rumbo de la pesquisa. La propia declaración de Tabar ante la justicia añadió leña al fuego, al reconocer que el exfuncionario le abonó en efectivo una abultada suma de doscientos cuarenta y cinco mil dólares por trabajos de remodelación en una de las propiedades de la familia, un detalle que, por su magnitud y opacidad, no pasó inadvertido para los contadores del Ministerio Público Fiscal.
Se espera que en el transcurso de la semana venidera, el fiscal Pollicita tenga sobre su escritorio el minucioso informe pericial elaborado por los expertos en números del organismo, un documento que promete ser un verdadero rayo X de los ingresos declarados y los gastos suntuarios de Adorni. Con esa herramienta en mano, la intención del acusador es girarle un requerimiento formal al exjefe de Gabinete para que explique, con lujo de detalles y pruebas contundentes, el origen de los fondos que le permitieron afrontar inversiones millonarias, solventar los estratosféricos consumos de sus tarjetas de crédito y, además, costear los gastos que, según se infiere, habría exigido a sus subalternos dentro de la Casa Rosada. Los plazos corren con apremio, y los cálculos más optimistas indican que antes del fatídico 17 de julio, fecha en que dará inicio la feria judicial y los tribunales reducirán su actividad al mínimo, el representante del Ministerio Público podría formalizar ese pedido de indagatoria que mantiene en vilo al entorno del acusado.
Pero si el entramado financiero resulta oscuro, el mapa inmobiliario del matrimonio Adorni-Angeletti no le va en zaga. Desde que el escándalo bautizado como «Adornigate» estalló en la opinión pública, ha ido saliendo a la luz una interminable nómina de propiedades que la pareja ha ido atesorando con una voracidad que despierta suspicacias. El inventario comienza con dos departamentos en la Capital Federal, ambos inscriptos a nombre de la sociedad conyugal: uno enclavado en la avenida Asamblea al 1132, en el barrio de Parque Chacabuco, y otro en la calle Miró 546/54, en la tradicional zona de Caballito. Esta última vivienda no solo se erige como el hogar familiar de los Adorni, sino que se ha convertido en el epicentro de recurrentes protestas vecinales y en el blanco de las miradas inquisidoras desde que se desveló la peculiar afición del exfuncionario por adquirir inmuebles de alto standing.
El derrotero patrimonial se extiende más allá de los límites porteños, ya que Adorni también figura en los registros como propietario de una casa sita en la Calle 48 Nº 558, entre las arterias 6 y 7 de la ciudad de La Plata, un domicilio que, según las averiguaciones practicadas, alberga actualmente a la madre del exjefe de Gabinete. Pero la joya de la corona, el activo que ha generado mayor revuelo mediático y jurídico, es la residencia campestre que la familia posee en el exclusivo Country Indio Cuá, ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz, identificada catastralmente como Lote 380. Esta vivienda se ha alzado con el dudoso privilegio de ser el núcleo del escándalo, precisamente porque fue la que Adorni decidió adquirir y, acto seguido, someter a una remodelación integral que, por su envergadura y costo, no tiene parangón en la causa.
El encargado de semejante obra fue, precisamente, el contratista Matías Tabar, quien en su declaración indagatoria no dudó en afirmar que el valor total de la reforma, incluyendo materiales y jornales, alcanzó la cifra astronómica de 245 mil dólares. Lo que encendió todas las alarmas en el despacho fiscal fue el reconocimiento del propio Tabar de que el pago por ese monto fue realizado por Adorni íntegramente en efectivo, un mecanismo de cancelación que, por su naturaleza opaca, suele ser el caldo de cultivo perfecto para el ocultamiento de fondos de procedencia ilícita. Para completar el círculo, la entrega voluntaria del celular del contratista se transformó en un arma de doble filo para el exfuncionario, ya que en la memoria del dispositivo los investigadores toparon con los mensajes que Adorni le cursó una vez que supo que Tabar iba a ser citado a declarar, un hallazgo que los fiscales interpretan como un patente intento de coacción o manipulación del testimonio.
En el preciso instante en que la administración de Javier Milei se afana por girar el tablero político y ensayar una suerte de reinicio que le permita recuperar la iniciativa en la agenda pública, la resolución del juez Lijo irrumpe como un baldazo de agua fría que reaviva la llama del «Adornigate» y coloca al exfuncionario en el centro del ojo de la tormenta. La prohibición de salida del país, lejos de ser un mero trámite burocrático, se erige como un anuncio ominoso de que la trama judicial aún tiene capítulos por escribir, y que el capítulo más álgido—la posible citación a declaración indagatoria de Adorni—se vislumbra en el horizonte inmediato, dispuesto a sacudir los cimientos del poder y a exigir respuestas que, hasta ahora, el exjefe de Gabinete ha eludido con un silencio que resuena con la misma fuerza que los martillazos en la obra del country.
